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Tras una sesión maratónica, el Senado mexicano aprobó casi por unanimidad la reforma constitucional que crea un Sistema Nacional Anticorrupción.

Tras varios escándalos en su cúpula política, México aprueba ley anticorrupción

Tras varios escándalos en su cúpula política, México aprueba ley anticorrupción

Este flagelo afecta a buena parte de las instituciones y ha puesto en duda el proceder de la clase política.

Tras una sesión maratónica, el Senado mexicano aprobó casi por unanimida...
Tras una sesión maratónica, el Senado mexicano aprobó casi por unanimidad la reforma constitucional que crea un Sistema Nacional Anticorrupción.

Después de una sesión de más de 10 horas, el Senado mexicano aprobó casi por unanimidad la reforma constitucional que crea un Sistema Nacional Anticorrupción cuyo fin es prevenir, detectar y sancionar hechos de corrupción y fortalecer el control de los recursos públicos, dado que la corrupción es un flagelo que afecta a buena parte de las instituciones y que recientemente ha generado escándalos en el país.

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La nueva ley, que fue aprobada por 97 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones, ya había pasado anteriormente por la Cámara de Diputados.

"Se remite a los Congresos estatales" para su aprobación, anunció el presidente de la mesa directiva del Senado, Miguel Barbosa, al término de la maratónica sesión.

Esta legislación abre camino para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, otorgando mayores facultades a la Auditoría Superior de la Federación para investigar la forma en que los estados y municipios invierten los recursos que provienen del gobierno federal.

De las 2,500 denuncias que fueron promovidas en 2012 por mal uso de recursos, apenas siete funcionarios resultaron sancionados en México, un país que ocupa el lugar 103 -entre 174 naciones- en el Índice de Percepción de Corrupción de la ONG Transparencia Internacional.

La ley anticorrupción en el Congreso fue fuertemente apoyada por el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero la izquierda advirtió sobre sus limitaciones al mantener el "fuero" del Presidente de la República, un mecanismo que otorga cierta inmunidad al mandatario.

La senadora Angélica de la Peña, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aseguró que es necesario el fin de la inmunidad presidencial para superar "la grave crisis de credibilidad de las instituciones", pero el senador Omar Fayad, del PRI, replicó que el presidente sí puede ser acusado por delitos graves (aunque no por faltas administrativas).

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Entre las voces discrepantes destacó la de Manuel Bartlett, del izquierdista Partido del Trabajo (PT), quien aseguró que el Sistema es "una simulación" y que no estudia las causas de la corrupción, ni estipula nuevos delitos.

"Este sistema no va a resolver el problema. No lo va a resolver. Es simplemente una simulación que sale hoy, en estas fechas, electoralmente", aseguró.

Al emitir el posicionamiento del conservador Partido Acción Nacional (PAN), Marcela Torres dijo que "con la aprobación de esta minuta no resolvemos en su totalidad el problema, pero abrimos el cauce para construir un entramado jurídico robusto que cambie la endeble forma de combate a la corrupción".

Explicó que entre los temas pendientes está la definición de las facultades de la Fiscalía General de la República.

Además, sostuvo, es necesario revisar y replantear la figura del fuero que tienen los servidores públicos, previsto en el artículo 110 de la Constitución, además de revisar el artículo 108 respecto de las causas graves por las cuales puede ser juzgado cualquier presidente de la República.

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Escándalos en el país

Recientemente, la cúpula política de México se ha visto involucrada en varias polémicas sobre privilegios y sospechas de conflicto de intereses.

Uno de los más sonados fue el protagonizado el año pasado por la primera dama Angélica Rivera, al revelarse que meses antes de la victoria electoral del presidente Enrique Peña Nieto en 2012 adquirió una mansión de cuatro millones de dólares a un importante contratista gubernamental.

La polémica creció al conocerse que el propio Peña Nieto y el ministro de Hacienda, Luis Videgaray, también habían comprado casas a contratistas en años anteriores.

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Presionado por el escándalo, Peña Nieto relanzó en febrero la secretaría (ministerio) de la Función Pública que, dirigida por un miembro del PRI, investiga si hubo conflicto de interés en las compras de las mansiones. Sin embargo, muchos criticaron esta medida por considerar que no propició una investigación independiente.

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El 9 de abril, el director de la Comisión Nacional del Agua de México, David Korenfeld -integrante del llamado gabinete ampliado del gobierno mexicano-, anunció su renuncia tras desatar un escándalo al revelarse que utilizó un helicóptero de esa institución para un traslado con su familia.

En 2013, el titular de la Procuraduría del Consumidor fue cesado por Peña Nieto luego que su hija exigiera el cierre de un restaurante que le negó la mesa que deseaba y lograra que el establecimiento fuera revisado por inspectores.

Pero los excesos y los señalamientos de abuso de poder vinculados al PRI, que gobernó más de 70 años México y reconquistó la presidencia con Peña Nieto en 2012, no son del todo extraños en la oposición.

Esta semana, el PRD pidió disculpas por haber rentado cinco helicópteros para unos actos de campaña en el estado de Michoacán (oeste) y en el conservador PAN (Partido Acción Nacional) todavía resuena la fiesta con alcohol, música y "escorts" en la que acabó una reunión de sus diputados en agosto.

De acuerdo con una encuesta del diario Reforma divulgada a finales de marzo pasado, 54% de los mexicanos creen que el nuevo Sistema no será útil para combatir la corrupción, una opinión que comparten algunas organizaciones civiles.

Según la organización Transparencia Mexicana, el costo que representa la corrupción para el país oscila entre 2 y el 8% del producto interno bruto (PIB).

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