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Muerte de indocumentados

Muerte de indocumentados

Al menos 4 mil personas murieron en los últimos doce años cuando intentaban cruzar la frontera entre México y EU.

Situación preocupante

MÉXICO - Al menos 4,000 personas murieron en los últimos doce años cuando intentaban cruzar la frontera entre México y EU, según los datos de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) que deplora que ambos países mantengan una posición incoherente y atentatoria a los derechos humanos en sus políticas nacionales de reducción de los flujos migratorios", lo que da lugar a numerosos casos de extorsión, brutalidad, violencia verbal e intimidación por los agentes fronterizos hacia los emigrantes.

La FIDH, que engloba a 155 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), ha entregado a los gobierno de Estados Unidos y México un informe muy preocupante sobre la situación en la que se desenvuelven los aproximadamente medio millón de emigrantes que anualmente cruzan la frontera. 

El informe denuncia abusos contra personas indocumentadas que emprenden su viaje "desde la frontera sur de México (con Centroamérica) hasta los Estados de Arizona y Texas", en EU.

La FIDH "deplora" que tanto EU como México "mantengan una posición incoherente y atentatoria a los derechos humanos en sus políticas nacionales de reducción de los flujos migratorios".

Políticas represivas

Estas políticas se han traducido en "legislaciones criminalizadoras y represivas" que vulneran, entre otros, el derecho de los emigrantes indocumentados a un debido proceso.

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Con respecto a EU, la FIDH ha identificado "numerosas violaciones flagrantes" de los derechos humanos de los migrantes al cruzar la frontera, al ser interceptados, detenidos y deportados.

Y denuncia como "discriminatoria" la existencia en el derecho penal de la "doble pena sistemática" para los inmigrantes.

En el tránsito por México, "se producen extorsiones frecuentemente acompañadas por amenazas, golpes, hostigamiento sexual o violaciones y secuestros" tanto por parte de las fuerzas públicas mexicanas como de los traficantes de inmigrantes, dice el informe, al denunciar una situación de "impunidad casi total en un contexto de corrupción enorme".

"Inaceptable"

En cuanto a EU, la FIDH considera una "grave e inaceptable violación del derecho a la vida" la política estadounidense de "prevención por la disuasión" que consiste en llevar a los inmigrantes a cruzar por las zonas más peligrosas "con el objetivo explícito" de que "las numerosas muertes" disuadan a otros.

Acusa a los agentes de la policía fronteriza estadounidense de recurrir al "hostigamiento" y a una demostración "desenfrenada" de la fuerza "letal" contra quienes cruzan ilegalmente, y considera "alarmante" el nivel de "discriminación racial" contra los latinos que viven en Estados Unidos cerca de la frontera.

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Para la FIDH, ambos países deben aceptar el "fracaso" de las políticas actuales e iniciar una "profunda reforma de la legislación" sobre la inmigración.

Una reforma que ya no criminalice a los inmigrantes indocumentados, que combata "seriamente" la impunidad de actos de corrupción y violencia, elimine la detención sistemática de los sin papeles y cree un derecho de apelación "efectivo" contra las deportaciones.

Desarrollo humano

Esa nueva política también deberá tener una "perspectiva de desarrollo humano", sea en los países de origen de inmigrantes, en las rutas migratorias o en los países de acogida, afirma.

La FIDH, que hace una serie de recomendaciones a México y EU, tilda de "colosal" el coste de las operaciones de represión y control fronterizo.

Inversiones en frontera

Tras señalar que se calculan en unos 30, mil millones de dólares lo que el gobierno de Estados Unidos ha gastado desde 1994 para "asegurar" su frontera con México, afirma que ese dinero podría ser invertido en proyectos de desarrollo.

Pese a las barreras y vigilancia, el número de trabajadores indocumentados que cruzan a Estados Unidos se duplicó entre 1994 y 2003 hasta alcanzar un promedio anual de 500,000 personas que se mantiene en la actualidad.

En 2006 las autoridades estadounidenses expulsaron a 858,000 extranjeros, 514,000 de ellos mexicanos, mientras que las autoridades mexicanas interceptaron y deportaron a 178,000 centroamericanos ese mismo año.

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La frontera olvidada

EI informe fue elevado el 12 de marzo último ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH)  -organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA)-, para que lo estudie.

En representación de la Casa Inmigrante de Arriaga (Chiapas), el Padre Heymans Vázquez señaló que la "frontera Sur de México es la frontera olvidada, dónde existe una constante violación de los derechos humanos de los inmigrantes por parte de delincuentes y miembros del Gobierno".

"Estas prácticas son conocidas por las autoridades mexicanas y no pasa nada, -anotó- parece que en México hay licencia para matar inmigrantes".

Asimismo, Vázquez manifestó que a pesar de que la "actitud del Gobierno mexicano parece ser buena con la implementación de varias reformas, la práctica es otra: el trato a los inmigrantes es cada día peor".

Irregularidades en deportaciones

En esta línea se pronunció Jimena Reyes, miembro de la FIDH, que denunció la ausencia de recursos efectivos en el proceso de deportación de estas personas y la falta de información de los inmigrantes que se encuentran detenidos.

La FIDH pidió al organismo de la OEA agestión y ejecución de ciertas medidas, entre las que destacan la finalización a las violaciones en el cruce de la frontera, combatir la corrupción de los funcionarios, limitar la duración de los detenidos inmigrantes e impartir justicia a todas aquellas personas que violan los derechos humanos.

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Mejorar tratos

Por su parte, Odilisia Gutiérrez, representante del Instituto Nacional de la Migración (INM), manifestó en nombre del Gobierno mexicano que coinciden con los demandantes en afirmar que el "fenómeno migratorio requiere cada día más relevancia y un tratamiento específico".

Sin embargo, Gutiérrez señaló que el "actual Gobierno de México ya está asumiendo un gran compromiso con la situación de la frontera del Sur, para que llegue a ser un territorio digno, ordenado, seguro y moderno".

Entre los programas y reformas que el estado lanzó para combatir esta problemática, la representante del INM recalcó los proyectos de protección de los derechos de los inmigrantes, contribución a la seguridad fronteriza, acciones de prevención y para combatir el tráfico de personas.

Asimismo, Velázquez subrayó que el Gobierno tiene unas medidas concretas para la atención de los menores que se encuentran en estas zonas fronterizas, mediante diversos convenios con asociaciones de defensa de los derechos humanos.

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