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Más de 22 mil, los casos de desaparición forzada en México

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, se sumaron a los expedientes existentes 12,532 nuevos casos.

Por Luz Adriana Santacruz Carrillo, desde la Ciudad de México. En Twitter: @luza_santacruz

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Los padres de Alba Victoria Santiago Nevárez eran guerrilleros. Pertenecían al movimiento urbano MAR (Movimiento de Acción Revolucionaria) en Torreón, Coahuila, en el norte de México.


El 9 de abril de 1979 hubo un operativo en el que el padre de familia, Santiago Muñoz, desapareció. A 15 años de su ausencia, sus allegados siguen sin saber nada de él, y aunque temen que esté muerto, las esperanzas no se les acaban.

La familia de Alba es uno de los 22,322 casos documentados de desapariciones forzadas en México. Datos de la Procuraduría General de la República (PGR) señalaron que el actual sexenio inició con 12,532 personas y que la cifra incrementó a 29,707 después de un proceso de depuración de listas.

Los datos que el actual presidente, Enrique Peña Nieto, recibió al inicio de su administración en diciembre del 2012, informaban de 26,121 personas no localizadas. De esta fecha a la actual, los números se incrementaron hasta 29,707 después del proceso de depuración de listas.

Alba tenía sólo unos meses de nacida cuando a su familia le ocurrió este tremendo episodio que les cambió la vida por completo. No sólo su papá fue víctima de la represesión.

“A mi mamá la secuestraron y estuvo desaparecida por tres meses. La brigada jaguar, que era un grupo paramilitar que, en esos años se encargó de cometer asesinatos extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas a miembros de guerrillas, estuvo detrás”, explicó a UnivisionNoticias.com.

Ese 9 de abril, los miembros de la guerrilla iban a tener una reunión en una casa: “durante el transcurso de la noche fue tomada por la brigada jaguar, que estaba no sólo dentro de la casa sino que estaban apostados en las azoteas de las casas vecinas a lo largo de toda la cuadra”, contó.

Cuando Santiago y uno de sus compañeros llegaron al inmueble, el resto del grupo dice que los acribillaron.

“No tenían orden de detención. La orden directa era ejecutarlos, entonces les dispararon", contó con lágrimas en los ojos.

El cuerpo nunca lo encontraron. Por eso, aunque les dijeron que su padre había sido asesinado, no están totalmente seguros que así haya ocurrido. Su temeroso corazón eso les dice, pero en el fondo quieren pensar que a pesar de los años, Santiago, sigue vivo, en algún lugar.

El último informe que había presentado el gobierno sobre las desapariciones forzadas indica que existían alrededor de 26 mil expedientes pero estos datos no coinciden con los presentados por otros conteos de instituciones no gubernamentales.

En el documento “Ni seguridad, ni derechos. Ejecuciones, desapariciones y tortura en la guerra contra el narcotráfico en México”, la organización Human Rights Watch denunció que en el gobierno del presidente Felipe Calderón se comprobaron  170 casos de tortura y 39 desapariciones forzadas por parte de elementos del Ejército. Éstos sólo en cinco estados del país, que son: Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco.

Human Rights Watch encontró evidencias que indican que miembros de todas las fuerzas de seguridad han intervenido en desapariciones forzadas.  En algunos casos el modus operandi con que se llevaron a cabo los delitos, la magnitud de los operativos y las versiones contradictorias ofrecidas por las autoridades sugieren una planificación y una coordinación.

Doble tragedia para una misma familia

Los hechos de violencia para la familia de Alba no terminaron ahí.

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“En la misma casa donde iba a ser la reunión, había un matrimonio. Torturaron a su bebé para que dieran las direcciones de otras personas y entre esas personas estaba la de mi mamá”, dijo la joven mexicana.


La misma noche que agarraron a su padre, también aprehendieron a su madre.

“Comenzaron a disparar y ella dijo que no lo hicieran más, que se iba a rendir pero que tuvieran cuidado porque tenía a su beba [Alba de dos meses]. Como pudo se subió a la recámara donde estaba yo y antes de entregarse, me entregó a la vecina”, comentó.

Después de que su  madre fuera detenida, la llevaron al campo militar la joya, ubicado en  Torreón.

“Ahí ella ve a otras personas que habían secuestrado y que también estuvieron desaparecidas por algún tiempo. Uno de ellos fue Humberto Zazueta, un compañero de la guerrilla”, dijo Alba.

De ahí la madre de Alba, cuya identidad no reveló, fue trasladada al campo militar número uno en la Ciudad de México, una cárcel, que dijo Alba, era clandestina.

“Uno de los militares que la custodiaba le dijo que estaba en un sótano debajo de una biblioteca. Mi madre dice que eran celdas muy pequeñas”, agregó.

Pasaron alrededor de tres meses para que la madre de Alba fuera liberada. La vendaron de los ojos, la subieron a un automóvil y la recostaron en el asiento. Posteriormente la dejaron en un paraje que estaba en frente de la central de autobuses del norte de la capital mexicana.

“Le dijeron que había dinero en el bolsillo de su pantalón y que con eso comprara un boleto de regreso a Torreón. Caminó sin voltear hacia atrás y fue así como la liberaron”, contó Alba.

“Desde que la dejaron libre fue bajo amenazas de muerte. Le quitaron empleos. No fue secuestrada de nuevo pero sí las cosas estaban claras”, enfatizó Alba.

El 60% de los casos no son denunciados

Una historia parecida vivió Tomás Pérez Francisco. Su padre  despareció el 1 de mayo de 1990. Era integrante de una organización de campesinos que defendía a las tierras de los caciquismos priístas (Partido Revolucionario Institucional).

“Regresaba del trabajo, iba montando a caballo en una zona rural cuando fue alcanzado por una camioneta con aproximadamente ocho hombres, entre los cuales iban dirigentes del grupo paramilitar de la Asociación Ganadera de Pantepec [en el estado de Puebla]”, contó a UnivisionNoticias.com.

Guadalupe explicó que hubo dos personas que atestiguaron la detención de su padre pero además que, cuando lo subieron a una camioneta, pasaron por un río y ahí alcanzó a gritarle a la gente en qué lugar se encontraba para que avisaran a sus familiares.

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“Se lo llevaron a un rancho, propiedad privada, que era el destino de este grupo caciquil para todos los que eran opositores en ese momento. Ahí los escarmentaban, los torturaban, los golpeaban”, dijo Guadalupe, quien aseguró que en ese lugar llevaban a los campesinos antes de presentarlos al Ministerio Público.


A partir de ese momento no volvieron a ver ni a saber de Tomás. Conforme pasó el tiempo, Guadalupe y su familia comenzaron a documentarse  y se enteraron de más detenciones ilegales. Tomás nunca fue presentando ante las autoridades.

Guadalupe y su familia denunciaron los hechos el 7 de mayo de 1990 pero aseguró que no se hizo un trabajo de investigación.

“Se menciona en el oficio a los probables responsables, entre los cuales estaban este grupo de paramilitares, pero ni siquiera se les llama a que vayan a declarar”, explicó.

Guadalupe agregó que se han hecho varias denuncias no sólo ante las autoridades sino ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla además de grupos de trabajo sobre desapariciones forzadas de la  Organización de las Naciones Unidas.

Estos saldos de acciones represivas contra los movimientos armados en México  están presentes en la mente de los familiares de las víctimas que exigen justicia.

“Que se castigue a los responsables. El que no se presente a ningún desaparecido da manga ancha y entonces queda un manto de impunidad”, recalcó Guadalupe.

Pero Guadalupe no pierde la esperanza: “Supongo que lo tendrán en alguna cárcel clandestina, en alguna casa de seguridad porque el último reporte que tuvimos de este rancho es que tenía salida a toda la región del norte del estado de Puebla, lo pudieron llevar a cualquier otro espacio”.

“Le corresponde al gobierno mexicano decir dónde está, decir en qué condiciones está y presentarlo. Nosotros seguiremos investigando y señalando el hecho en todo este mar de violencia y de impunidad que no empezó con Calderón [presidente de México 2006-2012] sino desde 1969 con Gustavo Díaz Ordaz”, finalizó Guadalupe.

Recientemente la asociación civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos señaló que cerca del 60% de los casos de desaparición forzada, ocurridos durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), no fueron denunciados ante el Ministerio Público debido a actos intimidatorios, contra los familiares de las víctimas.

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