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Los cuerpos en Iguala ponen la lupa sobre la gravedad de las desapariciones en México

Los cuerpos en Iguala ponen la lupa sobre la gravedad de las desapariciones en México

La desaparción de 43 estudiantes en el Estado de Guerrero es la punta del iceberg de la criminalidad en México.

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Por María Arce, enviada especial a Guerrero

La noticia trajo cierto alivio a los padres: ninguno de los 28 cuerpos hallados en fosas clandestinas en México pertenece a los 43 estudiantes desaparecidos tras una brutal represión de policías municipales en Iguala, Guerrero. Pero la noticia trajo también un interrogante: ¿a quién pertenecen los cuerpos? El número impacta. 28 personas que desaparecieron de la noche a la mañana. 28 vidas que fueron arrancadas de golpe. 28 cuerpos que fueron quemados para tratar de ocultar su identidad. El número impacta pero es la punta del iceberg de las desapariciones en ese Estado y en ese país.

Los vecinos de Iguala, donde se produjo la masacre contra los estudiantes "murieron 6 personas, 25 fueron heridas y 43 desaparecieron-  y donde fueron halladas las primeras fosas clandestinas, ya están acostumbrados. “La gente que vive por allá arriba siempre dan el aviso y (las autoridades) van a ver y sí encuentran” muertos, dijo Daniela, una vecina a UnivisionNoticias.com.

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Los alrededores de Iguala están rodeados de cerros, como la mayoría de las poblaciones de Guerrero, donde las ondulaciones en el terreno son mucho más que un lindo paisaje. Los vecinos de la colonia San Miguelito, donde hallaron una segunda tanda de fosas clandestinas, lo llaman “el cementerio de los Guerreros Unidos”, el grupo criminal acusado de participar en la masacre contra los estudiantes el 26 de septiembre pasado. Expertos creen que en esa zona podría haber unas 500 fosas clandestinas.  

Loma del Zapatero junto con Cerro Gordo, Pueblo Viejo y La Parota son los lugares preferidos por Guerreros Unidos y otros grupos criminales para ocultar los cuerpos de sus víctimas. En Cerro Gordo encontraron los 28 cuerpos el 4 de octubre pasado. El jueves 9 en Loma de Zapatero aparecieron cuatro fosas más con restos humanos. Ayer, la Policía Comunitaria halló otras cuatro fosas en el área de La Parota. Esta tarde, en Loma de Zapatero, la Policía Comunitaria encontró seis nuevas fosas con cuerpos. Geografía del horror.

México, entre los más violentos

Aunque la cantidad de homicidios en 2013 "últimos datos disponibles- ha bajado un 12,45% en México en comparación con el año anterior, el país sigue estando entre los más violentos del mundo.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2013 se produjeron 22,732 homicidios en todo el país, un promedio de 1,894 al mes, 437 por semana, 62 muertos por día.

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El Estado con la mayor tasa de homicidios cada 100,000 habitantes es Guerrero. Mientras la media nacional es de 19 cada 100 mil, entre los guerrerenses es de 63 cada 100,000. Más del triple de la media a nivel país, según el INEGI.

Más de 100 mil personas han sido asesinadas en México desde que en 2006, el entonces presidente Felipe Calderón lanzó una ofensiva militar contra los narcos que dividió a los cárteles y provocó una ola de violencia y horror.

En febrero de 2013, Human Rights Watch publicó el informe “Los Desaparecidos de México: El persistente costo de una crisis ignorada”, donde documentó 249 desapariciones ocurridas,  incluidos 149 casos en los que “existían evidencias convincentes de que se trató de desapariciones forzadas con participación de agentes de diferentes Fuerzas de Seguridad del país”.

Tras la publicación del informe, el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, reconoció la existencia de una lista confeccionada por el gobierno anterior de más de 26,000 personas denunciadas como desaparecidas o extraviadas.

En mayo pasado, Osorio Chong volvió a referirse a los desaparecidos. Y aseguró que la cantidad de extraviados había bajado a 8,000. En junio, la Subprocuraduría de DDHH de la Procuraduría General de la República (PGR) indicó que esos 8,000 incluían solo a personas extraviadas durante el gobierno de Peña Nieto. Más tarde y ese mismo mes, Osorio Chong  tuvo que reconocer en una conferencia de prensa que aún se desconocía el paradero de 16,000 personas. El 22 de agosto pasado, la PGR informó que la cantidad real de “personas no localizadas” era de 22,322.

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“Las desapariciones representan una crisis de derechos humanos de enormes proporciones para México”, dijo la semana pasada José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch.

“Esto no puede seguir pasando, todos los que tenemos familiares desaparecidos, secuestrados y asesinados tenemos que unirnos porque no puede permitirse que nadie más viva esto”. Las palabras son de Graciela Ledesma Narváez,  cuyo hermano, el abogado Carlos Ledesma, fue asesinado el 22 de diciembre del 2006.

“Mi hermano llevaba un asunto y el hijo del cliente le reclamaba los documentos. Mi hermano le dijo que se los enviaba, pero que le pagara el trabajo. Y a estas personas se les hizo más fácil mandarlo a matar que pagarle”, cuenta Graciela a UnivisionNoticias.com. Esa es la conclusión a la que llegaron las autoridades.  Aun no hay nadie preso porque los involucrados viven en EEUU y, según denuncia Graciela, las autoridades no tienen recursos para enviar la solicitud de detención a la embajada correspondiente.

“Nadie está vacunado contra la violencia. Si ahorita pensamos que no nos va a ocurrir, manténganse  alerta porque no es cierto. Cualquier persona, haga lo que haga, está expuesta a que se lleven, secuestren, desaparezcan o asesinen a un familiar”, advierte Graciela, miembro del Comité de familiares y amigos de secuestrados, desaparecidos y asesinados en Guerrero.

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“Ya cualquiera te amenaza, ya no te puedes bajar del carro sin estar mirando, no puedes dejar tu puerta abierta, no puedes estar seguro”, explica Graciela, periodista de profesión. Y aclara: “Es por la impunidad. Porque cualquiera puede hacer cualquier cosa en este país y no va a recibir castigo siempre y cuando pueda pagarle a una autoridad”.

Manuel Olivares es secretario técnico de la Red de Derechos Humanos en Guerrero y uno de los asesores de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala: “Uno de los pilares de esta economía es el narcotráfico. Prácticamente todos los políticos recurren al financiamiento de los grupos del narcotráfico. Y por lógica sabemos que nadie va a invertir si no va a obtener ganancias. El pago es el control de determinada zona”, explica.

“El gobierno primero contribuye a la formación, al crecimiento y fortalecimiento de los grupos del narcotráfico para poder utilizarlos en contra del movimiento social. Y eso brinda la oportunidad  al gobierno de decir pues nosotros no fuimos. Si hay un acto de represión, un asesinato selectivo en contra de luchadores sociales, el gobierno se deslinda y dice: Nosotros no somos, son otros actores”, sostiene Olivares.

Eso cree que ocurrió en Iguala. Allí, el alcalde de la ciudad, José Luis Abarca Velázquez, fue acusado de homicidio, lesiones y desapariciones forzadas por omisión por la Procuraduría General del Estado de Guerrero. “Fue omiso en tomar los cuidados o recaudos necesarios para para preservar la integridad de los estudiantes de la Normal Rural, lo cual se tradujo en la comisión de múltiples conductas ilícitas”, dijo el fiscal Iñaki Blanco en su informe sobre los 43 estudiantes desaparecidos que dejó la masacre.

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Los estudiantes habían ido a Iguala a tomar dos buses para utilizarlos para trasladarse por el Estado y hacer sus prácticas. Las empresas de autobuses son avisadas con anterioridad y entregan los vehículos para evitar problemas. A los pocos días, los estudiantes los devuelven y buscan buses en otro lado. Pero esta vez algo salió mal. Policías municipales los siguieron, los emboscaron y dispararon a matar y se llevaron a 43 estudiantes. Luego, según se supo ayer, los policías de Iguala entregaron a los jóvenes a policías municipales de Cocula. Según la PGR, confesaron que los jóvenes fueron después entregados a Guerreros Unidos. Se teme que el grupo criminal los haya matado.  

“En México y en Guerrero existe un cogobierno entre las autoridades civiles, los grupos de la delincuencia y el narcotráfico. Y ese cogobierno es utilizado como modo de contención en contra del descontento social y para la eliminación física de luchadores sociales. Es un secreto a voces”, explica Olivares.

“Ellos mismos crean un marco de impunidad donde es muy difícil penetrar. El Estado es el que crea las leyes y no queda ninguna duda de cómo se conducen las autoridades civiles. Prácticamente en todos los municipios, algún gobernante está coludido con los narcotraficantes”, destaca Olivares.

Según datos oficiales, ninguna persona ha sido condenada en México por desapariciones forzadas ocurridas después de 2006.

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