La polémica por supuesta compra de votos en México

Polémica por supuesta 'compra de votos'

'Difícil comprobar compra de voto'

El gobernador electo de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, reconoció que es imposible comprobar la compra o coacción del voto, en específico para un candidato o partido en las urnas, toda vez que el sufragio es secreto.


Arturo Núñez Jiménez apuntó que la probanza de una hecho de compra de voto está fuera de la casilla pues “dentro de la urna usted nunca puede decir este voto es comprado y este es libre”.

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Para comprobar adquisición de votos, a través de tarjetas Soriana y de monederos electrónicos Monex, se deberá recurrir a instrumentos legales como demostrar que quien da una tarjeta, que implica un beneficio, comete un delito tipificado en el Código Penal Federal.

“Es el intercambio de favores por votos, entonces, independientemente de cómo se haya concretado, la intención fue hacer esto y se hizo, y de alguna manera debió haber influido en un grupo de electores aunque no se sepa de qué tamaño es”, apuntó Arturo Núñez.


Respecto a la impugnación que interpondrá el candidato del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, para anular la elección presidencial, Arturo Núñez precisó que el equipo jurídico y los representantes ante el IFE analizan las causales para conformar la demanda.

Arturo Núñez agregó que presumiblemente hay causales fundadas para poder anular la elección y por ello se establece este medio de la impugnación, pero el que tendrá que decir la última palabra es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Las acusaciones

Poco más de nueve millones de mexicanos fueron presionados por todos los partidos políticos que buscaron influir con prácticas antidemocráticas de todo tipo y algunas tan ruines como el uso de "niños halcones" (espías) que atestiguaban que la persona votara por quien se había comprometido.


"Estamos realmente preocupados porque se trata de explotación infantil electoral que no podemos permitir y vamos a hacer una denuncia formal", dijo Tania Camacho, coordinadora de Comunicación Social de la organización no gubernamental Alianza Cívica, una de las principales observadoras de la jornada del pasado 1 de julio.

Alianza cívica hizo públicos los resultados preliminares de su estudio del proceso electoral donde participó con observadores en 21 estados del país donde tomó muestras representativas, testimonios en audio, video y fotografías.

Concluyó así que del total de los 50,323,153 mexicanos que acudieron a las urnas para elegir 2127 puestos de elección popular; entre ellos, el de presidente de la República, el 18% fue presionado para sufragar; es decir, alrededor de nueve millones de ciudadanos.

Principalmente por del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su aliado en el coalición Compromiso por México que llevó a Enrique Peña Nieto a la victoria en las presidenciales, el Partido Verde Ecologista de México.


Según el informe, ambas fuerzas políticas acumularon el 71% de las acciones que incidirían en el votante para inclinarse a su favor. Sin embargo, el resto de los partidos hicieron lo mismo: el Partido Acción Nacional (PAN), registró un 17%, la alianza de izquierdas encabezada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) el 9% y el Partido Nueva Alianza (Panal) el 3%.

Algunos ciudadanos entrevistados por Alianza Cívica respondieron que representantes de los partidos "le vinieron a tocar a su puerta" para que fuera a votar; otros recibieron desayunos o les llamaron por teléfono o les regalaron "algo" o pretendieron recoger la credencial o le dieron algún regalo o problema social u ofrecieron transporte.

Las denuncias de Alianza Cívica coinciden con las de otros observadores civiles de los comicios que fueron avalados por la ONU como Movimiento por la Certidumbre, la Fundación para el Desarrollo Social y la Promoción Humana y Ecociudadanía de México.

"Hay una práctica generalizada de compra y coacción del voto", suscribieron en un informe dado a conocer a la prensa en días pasados en busca de las vías para bloquear las prácticas antidemocráticas.


María Antonieta Tejeda, de Ecociudadanía, apostó por una nueva reforma política que incluya segunda vuelta electoral presidencial, y eliminar el '"gasto vergonzante en campañas'".

Por ese mismo camino se enfila Alianza Cívica. "Lo que notamos es que entre más dinero tienen para las campañas, más posibilidades tienen de comprar votos", explica Camacho. "Esto y muchas otras cosas tienen que regularse y buscamos la vía tenemos pruebas: ¡hay niños que acompañaron a diferentes personas, supuestamente como sus hijos, pero estaban vigilando!".

La organización explica que la compra y coacción del voto se debe principalmente al "excesivo" financiamiento público que ejercen los partidos políticos, pero también a la desigualdad social que orilla a la gente a aceptar cualquier dádiva.

Además a la falta de rendición de cuentas por parte de los funcionarios electos hacia la ciudadanía sobre su gestión, la ausencia de campañas de educación cívica que promuevan el ejercicio libre de los derechos políticos electorales: el ciudadano depende o cree depender de permisos, licencias, programas sociales, y demás concesiones.


Pero sobre todo porque no existen sanciones a quienes violan la normatividad electoral, lo cual ha generado impunidad.

"El resultado de la operación de compra y coacción del voto es difícil de cuantificar y el Instituto Federal Electoral (IFE) y los tribunales electorales resultan autoridades insuficientes", concluye.

Con información de La Opinión.

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