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Inviable la demanda contra Calderón ante La Haya: Creel

Inviable la demanda contra Calderón ante La Haya: Creel

Santiago Creel, aspirante a la candidatura del PAN a la Presidencia de México dijo que es inviable la demanda presentada ante La Haya.

Sin fundamento legal

MEXICO - Santiago Creel, aspirante a la candidatura del PAN a la Presidencia de la República, dijo que es inviable la demanda presentada contra el presidente Felipe Calderón ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya como para pensar en una contrademanda.

Como conocedor del derecho internacional, Creel Miranda dijo en rueda de prensa que la denuncia no cuenta con fundamento legal que le permita prosperar, esto es de que el Estado realice una política sistemática de violación a los derechos humanos.

Expuso que el gobierno no podía hacerse a un lado en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado; "a mí no me gustó la reacción, es decir de buscar llevar a cabo acciones de carácter legal en contra de quienes tienen un punto de vista diferente de esto", acotó.

Además, "una cosa es no estar de acuerdo y otra cosa es hacer una descalificación, casi casi reaccionar con una demanda, con una contrademanda o algo por el estilo".

A pregunta expresa, Creel Miranda resaltó que "no veo por dónde la demanda tenga y cuente con fundamento... Yo estoy seguro que la demanda no se va aceptar en la Corte Penal Internacional".

Denuncia "de mala fe”

El titular de la Conagua, José Luis Luege, consideró que la denuncia contra el gobierno federal ante LA Haya es una acción “de mala fe e injuriosa”, que no responde a la realidad, porque 99.9 por ciento de las muertes son responsabilidad del crimen organizado.

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En entrevista, el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) consideró que dicha denuncia sólo pretende “dañar” a la Presidencia de la República y afectar la imagen de México a nivel internacional.

Luege Tamargo comentó que esa manifestación ante la CPI “si no es retraso mental, es seguramente pagada por una banda criminal”, pues insistió que “es increíble que alguien que tenga un poco de inteligencia haga estas denuncias”.

Recordó que la obligación del Estado es combatir la criminalidad y reiteró que los responsables de 99.9 por ciento de las muertes son las mismas bandas de criminales, que lamentablemente han hecho estas atrocidades.

El funcionario agregó que no hay que olvidar que el Estado es el gobierno y la sociedad, y se requiere el apoyo de esa última para combatir a este tipo de “lacras” (hampa).

Peña Nieto  reprueba demanda

Enrique Peña Nieto, precandidato del PRI a la Presidencia de la República, aseveró que “no tiene sustento” la denuncia que un grupo de personas presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el titular del Ejecutivo mexicano.

Subrayó que a un jefe de Estado no se le puede llevar de forma simple a un juicio, sobre todo cuando tiene la obligación irrenunciable de enfrentar al crimen organizado.

El priista enfatizó que el presidente Felipe Calderón tiene una enorme responsabilidad de combatir a la delincuencia organizada y “lo ha hecho hoy el Gobierno Federal y su presidente”.

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Demandaron al presidente Calderón

El abogado mexicano Netzaí Sandoval presentó a nombre de un grupo de activistas una querella ante la CPI en La Haya, en la cual solicitó se investigue la actuación del diversas instituciones del Ejecutivo en el marco de la lucha contra el crimen organizado.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) señaló que acudir a la Corte Penal Internacional significa ejercer el derecho a defender las garantías fundamentales que tienen todas las personas e instituciones.

Dicha acción se toma con base en la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, sostuvo el organismo.

Destacó que de acuerdo con el Artículo 1 de la Constitución Política, el Estado mexicano tiene la obligación de promover, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas sin distinción, así como también las garantías para su protección.

Frente a la petición de miembros de la sociedad civil para que la CPI investigue presuntos crímenes en México, indicó que es fundamental el derecho a la protección judicial para tener acceso a un recurso efectivo e idóneo de procuración e impartición de justicia.

Recordó que la Corte Penal Internacional (CPI) es una jurisdicción internacional que se podría constituir, para quienes la accionan, en un recurso que brinde protección judicial.

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La CDHDF recordó que México forma parte del Estatuto de Roma que crea la CPI desde el 28 de octubre de 2005, instrumento que autoriza a toda persona y organismos civiles a presentar información al fiscal cuando se considere que en el país se han cometido crímenes de la competencia de la Corte.

En este caso, sin prejuzgar sobre la admisibilidad de la solicitud presentada, es preocupante que el gobierno mexicano señale que utilizará todos los recursos legales contra quienes proporcionaron información y solicitaron la intervención del organismo internacional.

La CDHDF aseveró que el uso de las jurisdicciones internacionales ante las que se ha obligado el Estado mexicano, forman parte de las garantías que la Constitución reconoce para reclamar violaciones a los derechos humanos cometidas por parte del Estado, así como por los funcionarios posiblemente responsables.

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