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Elementos de la Policía Federal resguardan la zona donde fueron halladas las fosas clandestinas en el marco de la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos en Guerrero.

Hechos en Iguala, México, 'podrían ser crímenes de lesa humanidad'

Hechos en Iguala, México, 'podrían ser crímenes de lesa humanidad'

La Fundación Garzón exigió al Gobierno mexicano que cumpla con su obligación de proteger a la ciudadanía.

Elementos de la Policía Federal resguardan la zona donde fueron halladas...
Elementos de la Policía Federal resguardan la zona donde fueron halladas las fosas clandestinas en el marco de la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos en Guerrero.

La Fundación Garzón exigió al Gobierno mexicano este domingo cumplir su obligación de proteger a la ciudadanía y sancionar a los autores materiales e intelectuales de las agresiones a estudiantes en el estado de Guerrero, que "podrían ser crímenes de lesa humanidad”.

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La Fundación Internacional Baltazar Garzón (Fibgar) expresó su indignación por lo hechos de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, donde fallecieron seis personas, 25 resultaron heridas y 43 estudiantes se hallan desaparecidos, detalla la agencia Efe.

La fundación condenó la participación de agentes del Estado en " las muertes y agresiones, así como en la detención y desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas".

"(Es) imperativo que, frente a estos acontecimientos, el Estado Mexicano cumpla con su obligación de protección de la ciudadanía y descubra y sancione a los autores materiales e intelectuales de lo que podrían ser crímenes de lesa humanidad", señaló por medio de un comunicado.

También pidió que se tomen las medidas necesarias para buscar y localizar con vida a los 43 estudiantes que permanecen desaparecidos, de acuerdo con los "estándares internacionales en Derechos Humanos a los que está obligado".

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Reprueba el manejo de la comunicación

Reprobó que la información sobre las fosas clandestinas no se haya ofrecido de manera directa a los familiares y abogados, y que éstos la hayan obtenido a través de los medios de comunicación y "que no hayan tenido información oportuna sobre estos hallazgos".

Efe recuerda que recientemente, la Fiscalía federal informó del hallazgo de cuatro nuevas fosas clandestinas, que se sumaron a las primeras cinco, en las cuales se habían depositado los cuerpos de los estudiantes desaparecidos, según confesión de uno de los presuntos delincuentes arrestados.

El fiscal federal, Jesús Murillo Karam, aseguró el sábado que no se ha identificado ninguno de los restos encontrados en las fosas clandestinas, por lo que no se descarta ni confirma que sean de los estudiantes desaparecidos en Guerrero.

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Esta declaración desmintió al Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, quien horas antes había asegurado que algunos de los restos encontrados no corresponden a ninguno de los 43 estudiantes desaparecidos.

Hasta ahora, las autoridades han arrestado a 34 personas de las cuales 22 son policías municipales, presuntamente vinculados con el grupo Guerreros Unidos, un grupo que surgió en 2011 como una escisión del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

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El miedo reina en Iguala

Mientras tanto, Iguala, una ciudad tomada por fuerzas federales mexicanas tras la desaparición de los estudiantes, no logra desembarazarse del temor que ha sufrido entre una policía corrupta y varios cárteles peleándose a muerte.

La búsqueda de cuerpos continuó este fin de semana en cuatro nuevas fosas clandestinas halladas en Iguala, donde se cree fueron enterrados algunos de los estudiantes desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre, cuando fueron brutalmente atacados por policías locales y sicarios.

Muy cerca de allí fueron halladas el 4 de octubre otras cinco fosas con 28 cadáveres calcinados que siguen siendo analizados, recuerda la Agencia France Press.

Hace años que vecinos de la zona montañosa donde trabajan los peritos no salen de sus casas por la noche por miedo a los criminales que llegan allí para deshacerse de víctimas.

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A veces se oían "gritos de hombres, bien feo. La otra vez, clarito se oía una persona, parecía que lo estaban mochando (amputando) con machetes, y también se escuchaban las risas de otros dos", relata a la AFP Beto García.

"La semana pasada hubo una balacera. Yo salgo de noche y me da miedo que un día te toque", confiesa Juana Martínez, una estudiante de 16 años, mientras camina frente al fuerte operativo militar que impide el paso al lugar donde trabajan los peritos.

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Territorio en disputa

Iguala, a solo 200 km de Ciudad de México, es una zona en disputa por varios cárteles del narcotráfico, al igual que el resto de la convulsa región de Guerrero.

A uno de ellos, llamado Guerreros Unidos, que se asegura cuenta con el apoyo del gobierno local, pertenecen los hombres acusados de colaborar con los policías municipales en las balaceras contra los estudiantes, que dejaron seis muertos.

En Iguala "de 140 mil habitantes-- ya se habían encontrado una treintena de cadáveres en fosas este año.

Los agentes de Iguala -26 de ellos detenidos- eran vistos como socios del crimen organizado y fueron relevados en bloque por el cuerpo federal de Gendarmería.

Un mensaje criminal

Una manta con un mensaje amenazante fue encontrada el sábado cerca de donde fueron baleados los estudiantes.

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"Gobierno corrupto regresen a nuestros policías municipales si no lo hacen vamos a empezar a matar a gente inocente y del gobierno", decía la manta colgada en una pared.

Testigos aseguran haber visto cómo decenas de estudiantes eran transportados en patrullas policiales antes de desaparecer.

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El crimen permeó a la policía

La fiscalía federal asegura que los Guerreros Unidos, traficantes de amapola y marihuana hacia Estados Unidos, eran hasta hace poco un grupo con escaso poder que peleaba por el territorio con los cárteles Los Rojos y La Familia.

Hoy "vemos una asociación con algunos funcionarios municipales" que hizo que "crecieran en posibilidades", dijo esta semana el fiscal Jesús Murillo Karam, añade la AFP.

El gobierno quiere interrogar al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, pero ambos huyeron dos días después de las desapariciones.

El edil está acusado desde hace un año de homicidio mientras su esposa, María de los Ángeles Pineda, tiene varios hermanos señalados como narcotraficantes.

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Un reporte de inteligencia indicó que Pineda ordenó al director de Seguridad Pública reprimir a los estudiantes de la combativa escuela rural de Magisterio de Ayotzinapa, temiendo que interrumpieran un discurso que daría ese día.

Los jóvenes, la mayoría de entre 18 y 21 años, estaban recaudando fondos en Iguala y se habían apoderado de varios autobuses para regresar a Ayotzinapa cuando ocurrieron los ataques.

Salomón Pineda, uno de los hermanos de la esposa del alcalde señalados por narcotráfico, está entre los cerca de 40 detenidos y confesó haber enterrado a estudiantes en las últimas fosas halladas.

Los padres defienden que sus hijos siguen vivos y en manos de policías locales prófugos. Las autoridades "saben dónde los tienen y lo único que deben hacer es entregárnoslos vivos", dijo Martínez a la AFP.

México sigue conmovido e indignado por este caso. Decenas de miles de personas marcharon el miércoles para exigir justicia mientras la ONU y Estados Unidos reclamaron que se esclarezca rápidamente.

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