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Graves abusos de fuerzas de seguridad

Graves abusos de fuerzas de seguridad

Human Right Watch denunció que integrantes de las Fuerzas Armadas cometieron abusos en lucha antinarco.

Homicidios y abusos

CIUDAD DE MEXICO - Human Rights Watch (HRW) se sumó a Amnistía Internacional (AI) en la denuncia de abusos cometidos por militares y violaciones a los derechos humanos, en el marco de la guerra que le declaró el gobierno de Felipe Calderón a los carteles del narcotráfico en México.

En efecto, HRW señaló que el gobierno mexicano no investiga de manera exhaustiva las acusaciones sobre abusos de soldados, incluidos asesinatos, violaciones y torturas, presuntamente cometidos durante la ofensiva contra los carteles narcotraficantes.Una declaración entregada el jueves por la organización, con sede en Nueva York, al Consejo de derechos Humanos de la ONU señala que la decisión del mandatario mexicano Felipe Calderón, de emplazar soldados federales para combatir el tráfico de drogas, ha llevado a un aumento drástico en las quejas de abusos militares.

La declaración señala que el delegar en el sistema de justicia castrense la investigación de los presuntos abusos ha contribuido a un clima de impunidad.

Tamara Taraciuk, investigadora de HRW, dijo que las cortes civiles deberían investigar las acusaciones.

Antes, Amnistía Internacional había denunciado que integrantes de las Fuerzas Armadas y la policía de México cometieron "graves violaciones de derechos humanos" en 2008, año en el que miles de agentes y soldados fueron dedicados a combatir el crimen organizado.

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Según el Informe de AI sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo, la seguridad pública y la reforma del sector energético dominaron "el debate político" en México durante ese año.

Exceso de excesos

La organización agrega que los graves abusos cometidos por las fuerzas de seguridad (policiales y militares) "incluían homicidios ilegítimos, uso excesivo de la fuerza, torturas y detenciones arbitrarias".

"Se desplegaron miles de efectivos de la policía federal y 45 mil miembros de las Fuerzas Armadas en operaciones contra la delincuencia organizada. Sin embargo, aumentó el nivel de violencia atribuido a las redes delictivas", y, según los medios de comunicación, añade AI, "durante el año más de 6 mil personas perdieron la vida en incidentes violentos de este tipo".

Asimismo, "decenas de agentes de las fuerzas de seguridad murieron también o resultaron heridos en el cumplimiento de su deber".

AI detalla casos de matanzas y asesinatos encuadrados en el clima de violencia que sufre México, y cita algunas medidas o leyes impulsadas por las instituciones. Entre ellas figura el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

"En diciembre, el Congreso aprobó leyes en materia de seguridad pública para la regulación de las fuerzas de policía, pero no se reforzaron las garantías sobre derechos humanos", dice AI.

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"En agosto, el Gobierno hizo público su Programa Nacional de Derechos Humanos, pero en éste no se precisaba ni cómo ni cuándo se llevarían a efecto los compromisos generales formulados en él", añade.

Amenazas y agresiones

Con respecto a las fuerzas de seguridad, AI reporta que la Comisión Nacional mexicana de los Derechos Humanos "formuló nueve recomendaciones sobre los graves abusos perpetrados por personal militar durante 2008".

Asimismo, aunque se adoptaron medidas para "crear una policía federal única con mayores atribuciones en materia de investigación", AI dice que "no se pusieron en marcha iniciativas importantes para reforzar la rendición de cuentas de la policía por violaciones de los derechos humanos".

Además de reseñar casos de abusos atribuidos a fuerzas de seguridad, AI denuncia que los defensores de los derechos humanos "siguieron siendo objeto de amenazas, agresiones, cargos penales de motivación política" y otros actos hostiles. También hubo agresiones contra miembros de comunidades indígenas.

AI recuerda que al menos "cinco trabajadores de medios de comunicación" murieron violentamente y uno fue secuestrado, y que estos y otros delitos contra periodistas atribuidos a bandas de delincuentes "siguieron impunes".

La impunidad sigue amparando delitos atroces, como la matanza de Tlatelolco, más de cuarenta años después de que fuera perpetrada, el 2 de octubre de 1968, agrega Amnistía Internacional.

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