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Gobierno pidió perdón a indígena violada por militares

Gobierno pidió perdón a indígena violada por militares

El gobierno mexicanoa pidió perdón públicamente a la indígena, Valentina Rosendo, violada por militares en 2002.

Caso llegó a CIDH

MEXICO - México pidió perdón en un acto público de desagravio seguido con gran expectación a la indígena me'phaa Valentina Rosendo Cantú, violada por soldados en la sierra de Guerrero, sur del país, el 16 de febrero de 2002.

El Gobierno de México dio así cumplimiento a una sentencia de acatamiento obligatorio emitida en octubre de 2010 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que exigía a las autoridades que reconocieran públicamente su responsabilidad en los hechos.

Aquel día un grupo de soldados mexicanos llegó a la comunidad serrana de Guerrero donde vivían Valentina Rosendo e Inés Fernández Ortega, en el municipio de Ayutla de los Libres, y las golpearon, torturaron y violaron.

Hostigamiento

Valentina, que entonces tenía 17 años, fue acusada de mentir, tuvo dificultades para recibir atención médica y para interponer la denuncia y, una vez lo hizo, fue hostigada por militares a las puertas de su casa en su propia comunidad, que debió abandonar junto con su hija y su marido, que también la dejó.

En un acto celebrado en el Museo de la Memoria y la Tolerancia de Ciudad de México, en presencia de la fiscal Marisela Morales y del director de derechos humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional ( Sedena), Rafael Cazares Ayala, Valentina recibió una disculpa del titular de Gobernación, Alejandro Poiré, tal como exigía la CorteIDH.

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Ante Valentina, su hija Jenni, que tenía 3 meses cuando ocurrieron los hechos, y la madre de la indígena, María Cantú García, a nombre del presidente Felipe Calderón el ministro expresó "la más sincera de las disculpas por los hechos ocurridos hace casi una década".

"Los desvíos de servidores públicos en cumplimiento de su deber que derivan en violaciones a los derechos humanos deben ser investigados, sancionados y reparados integralmente por el Estado mexicano", dijo Poiré.

"Es evidente que esos casos aislados no representan de modo alguno la política del Estado mexicano", que está "orientada en todo momento por la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos", agregó.

El alto funcionario consideró a Valentina una mujer "ejemplar" y sostuvo que de parte del Estado mexicano existe el compromiso de "no escatimar ningún esfuerzo" para cumplir plenamente la sentencia de la CorteIDH, y para que hechos como estos no se repitan.

Una década de lucha

La víctima recordó que a lo largo de los casi diez años de lucha el Estado no la trató bien, que no le proporcionaron un traductor al denunciar los hechos y que cuando llevó el caso a instancias internacionales, lo hizo "con la firme esperanza de que los militares (que la violaron) fueran juzgados".

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Los soldados que violaron a Valentina pertenecían al 41 Batallón de Infantería del Ejército mexicano, pero no fueron identificados y no han sido procesados.

Valentina confió que sus "nueve años de resistencia" ayude "a muchas mujeres" que estén ante situaciones parecidas y no denunciaron "por miedo, por vergüenza o porque no hablan español por ser mujeres indígenas".

El acto de desagravio para la indígena Inés Fernández será realizado en una fecha que las autoridades aún no han definido.

El antropólogo Abel Barrera, director general del Centro de Derechos Humanos "Tlachinollan", que apoyó a Valentina estos años, la felicitó por haber luchado casi una década exigiendo justicia.

La llamaron mentirosa

"Alzar la voz contra los abusos de militares no ha sido sencillo, nunca ha sido sencillo", recordó el activista, crítico con aquellos que durante estos años llamaron "mentirosa" a una mujer valiente, que no sabía español al ser violada y que lo aprendió para defenderse.

Señaló que la ONG que dirige continuará exigiendo que los soldados responsables de la violación sean sancionados, y que la seguridad de Rosendo Cantú y de su familia esté plenamente garantizada.

Al acto acudieron más de 200 personas, entre quienes destacaban numerosos representantes de ONG de defensa y promoción de los derechos humanos, quienes en varias ocasiones prorrumpieron en aplausos para Valentina por su coraje y determinación para denunciar públicamente los hechos y tratar de que no queden impunes. 

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PGR abre investigación

Poiré Romero refirió que la Procuraduría General de Justicia de Guerrero mantiene abierta una investigación, a fin de reunir los elementos necesarios para fincar responsabilidades y sancionar a quienes, en su caso, obstaculizaron el acceso a la justicia de la indígena guerrerense.

A su vez la titular de la Procuraduría General de la República ( PGR), Marisela Morales, informó que será la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevintra) la encargada de llevar a cabo las investigaciones del caso.

“He instruido que se lleve a cabo la indagatoria con total exhaustividad y transparencia frente a la víctima, ofendidos del delito y representantes legales con libre acceso al expediente y la conformación de un plan conjunto de trabajo”, explicó.

La abogada de la nación subrayó que el acceso pleno y sin reticencia a la justicia es un derecho universal consagrado en la Constitución y debe ser otorgado a plenitud a las víctimas y a los ofendidos.

El Estado como responsable de la seguridad de sus ciudadanos, afirmó, tiene la obligación indeclinable de instrumentar los mecanismos legales y prácticos para hacer válido tal acceso a la justicia.

Morales Ibáñez aclaró que ésta se administra con vocación ética y se imparte con vocación histórica, al recordar que el gobierno de México es respetuoso de las recomendaciones y observaciones de organismos internacionales.

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A su vez, Valentina Rosendo recordó sus nueve años de búsqueda de justicia, tiempo en que enfrentó el rechazo de su comunidad y la llamaron mentirosa, por ello llamó a todas las mujeres a seguir adelante para romper esta cadena de impunidad.

"A lo largo de nueve años, he buscado justicia de parte del gobierno, no he recibido atención ni buen trato”, expresó.

Refirió que su lucha “va a ayudar a otras que están en las mismas situaciones y que no denunciaron o sí denunciaron pero quedó archivado y no se ha investigado. O bien que no denunciaron por miedo, por vergüenza, porque no hablan español”.

En este marco, agradeció a las organizaciones de la sociedad civil y a los medios de comunicación que la apoyaron en su camino hasta lograr que se hiciera justicia en su caso.

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