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Familias de mexicanos secuestrados cuestionan eficacia de autoridades

Familias de mexicanos secuestrados cuestionan eficacia de autoridades

Familiares de muchos secuestrados en México lamentan haber confiado los caso a la Policía, pues dudan de su eficacia.

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Pacto con delincuentes

CIUDAD DE MÉXICO - Los padres de José Antonio Robledo, un ingeniero mexicano secuestrado hace 16 meses, lamentan haber confiado el caso a la Policía, al igual que otras familias, que cuestionan la actuación de las autoridades en los miles de secuestros que ocurren cada año en México.Mientras los familiares del ex candidato presidencial Diego Fernández de Cevallos, desaparecido hace más de dos semanas, pidieron al gobierno que no interviniera en el caso, José Antonio Robledo padre y María Guadalupe Fernández decidieron confiar en la justicia.

Ni siquiera dudaron ante la oferta presentada por dos hombres que se identificaron como miembros del cártel de Los Zetas, uno de los más sanguinarios de México.

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"Nos dijeron que a mi hijo lo tenía otro grupo y que ellos lo recuperarían si no seguíamos con la Policía. Hoy nos arrepentimos de no haber pactado con esa gente", lamenta llorando la madre.

Pobres resultados

Porque la Policía "no ha obtenido nada. Lo único que saben es lo que nosotros pudimos investigar", desde que el joven fue raptado en enero de 2009 en el estado de Coahuila (norte), fronterizo con Estados Unidos.

Los Robledo averiguaron que alguien estaba haciendo retiros con una tarjeta de su hijo, entonces de 32 años, por lo que imploraron a la fiscalía estatal que vigilara las escasas tres sucursales de la entidad bancaria en la ciudad de Monclova (Coahuila).

Durante los tres días siguientes, los secuestradores retiraron libremente dinero. Ningún policía hizo pesquisa alguna hasta mes y medio después, y nadie pidió rescate, afirmaron.

Justicia desigual

"¿Cómo nos vamos a creer que la justicia en México es igual para todos? Si a Fernández de Cevallos, que ya no ocupa ningún cargo público, le asignaron 2,000 agentes para buscarlo, (quisiera) que a mi hijo le hubieran asignado dos", se indigna el padre.

Coahuila tiene un bajo índice de asesinatos relacionados con el crimen organizado comparado con otros estados fronterizos, pero existen numerosas denuncias de una ola de secuestros.

El Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, fundado por el obispo Raúl Vera, ha documentado 40 desapariciones en los últimos dos años y medio. Ante la falta de investigaciones, los familiares se manifestaron hace un mes frente al Palacio Nacional de México.

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"Operaciones hormiga"

Entre los casos está el de Brandon Acosta, de 9 años, raptado por un comando en agosto de 2009 junto a su padre y dos tíos, y el de 12 vendedores ambulantes de pintura desaparecidos en marzo de. mismo año.

Por ninguno de ellos se ha pedido rescate, pero Vera sospecha del crimen organizado, que realiza "operaciones hormiga. No recogen grandes cantidades de dinero de un solo secuestrado, sino poco de muchos a quienes les roban todo lo que tienen".

El gobierno de México, inmerso en una brutal guerra entre los cárteles de la droga que ha dejado más de 22.700 muertos desde finales de 2006, no ofrece cifras nacionales de secuestros argumentando que es un delito del fuero estatal.

Datos oficiales

El Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI) recopiló los datos oficiales de los 32 estados, que consignan en total 825 casos en 2008 y 436 en 2007.

Sin embargo, el organismo señala que las fiscalías no suelen incluir los 'secuestros exprés' y advierte que un número importante de raptos no se denuncian.

En su encuesta nacional, el ICESI consignó 51 mil secuestros perpetrados en 2008, incluidos los 'exprés', y unos 61 mil el año anterior, pero explicó que estadísticamente no es posible afirmar que haya una diferencia real entre ambos años.

Plagio de indocumentados

Además, la Comisión Nacional de Derechos Humanos denunció que casi 10 mil indocumentados, la mayoría centroamericanos, fueron secuestrados en México entre septiembre de 2008 y febrero de 2009.

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"Las cifras actuales son brutales porque hay que tener en cuenta que un secuestro es una tragedia familiar. No afecta a una persona sino a decenas", señaló a la AFP Juan Francisco Torres, secretario general de la ONG México Unido contra la Delincuencia.

Tras la desaparición de Fernández de Cevallos, uno de los políticos más poderosos del gobernante PAN, la Cámara de Diputados estudia abrir un periodo extraordinario de sesiones para aprobar la nueva ley antisecuestro.

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