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Enrique Peña Nieto, presidente de México.

Enrique Peña Nieto dará su tercer Informe en un México cansado y dividido

Enrique Peña Nieto dará su tercer Informe en un México cansado y dividido

Enrique Peña Nieto, presidente de México ofrece este miércoles su tercer Informe de Gobierno en un ambiente social tenso, lleno de reclamos por inseguridad.

Enrique Peña Nieto, presidente de México.
Enrique Peña Nieto, presidente de México.

Por Luz Adriana Santacruz Carrillo @luza_santacruz desde la Ciudad de México

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Enrique Peña Nieto, presidente de México ofrece este miércoles su tercer Informe de Gobierno en un ambiente social tenso, lleno de reclamos -principalmente por inseguridad, corrupción y en contra de algunas de sus reformas, como la educativa- que le forzaron a reestructurar su gabinete.  

Este miércoles 25 de agosto se incorporaron 10 nuevos ministros al frente de secretarías claves, como la Comisión Nacional de Seguridad, la Secretaría de Educación Pública y la de Relaciones Exteriores.

Peña Nieto, que llegará en diciembre a la mitad de su mandato de seis años, ha experimentado una caída sostenida de su popularidad. De acuerdo a un estudio del estadounidense Pew Research Institute, en 2014 el mandatario contaba con 51% de aceptación, mientras que en mayo de 2015 ésta había descendido hasta 44%. En el mismo periodo, su nivel de rechazo aumentó de 48% a 53%.

Pero a pesar de su baja popularidad, Peña Nieto contará con mayoría en la nueva Cámara de Diputados gracias a que la coalición gobernante (Partido Revolucionario Institucional, PRI y Partido Verde Ecologista de México, PVEM) ganó las elecciones intermedias celebradas el 7 de junio.

Durante el último año, el gobierno de Peña Nieto se ha visto envuelto en una serie de escándalos que han minado su credibilidad -matanzas en las que se presume la responsabilidad de los cuerpos de seguridad del Estado, denuncias de corrupción-, mientras que sus promesas fundamentales de desarrollo "la reforma educativa y energética- no han dado aún los resultados que se esperaban de ellas.

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Dos expertos en política mexicana, el politólogo Juan Campos y el internacionalista Jorge Eduardo Navarrete, analizaron para Univision algunos de estos episodios.

Ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que a las 5:30 de la mañana del 30 de junio, personal militar ubicó una bodega en el municipio de San Pedro Limón, en Tlatlaya, Estado de México, que estaba fuertemente custodiada. Los sujetos dispararon contra los militares y se inició una balacera en la que 22 personas murieron.

El 19 de septiembre una investigación de la revista Esquire reveló que las muertes no se produjeron en medio de un enfrentamiento sino que fueron ejecuciones extrajudiciales. El secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció que en el caso se cometieron excesos militares, pero dijo que se había tratado de un caso aislado.

Organizaciones mexicanas de derechos humanos consideran ésta como la primera gran masacre del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Para los expertos, se trata también del primer caso de impunidad del último año de la actual administración: “Hay evidencia forense que dice que no es real la información que proporcionaron los militares  y que efectivamente hubo un asesinato más que una muerte por enfrentamiento”, dijo a Univision Noticias el politólogo independiente Juan Campos.

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Para Jorge Eduardo Navarrete, experto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es un reflejo del mal funcionamiento del sistema: “Hay una disfuncionalidad creciente a lo que no se le encuentra salida factible. Cada vez son menos los avances en este campo”.

La desaparición de los 43 de Ayotzinapa

El caso por el que más ha sido criticado Peña Nieto, a nivel nacional e internacional, es el de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Entre la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes, que habían tomado varios autobuses para realizar sus prácticas magisteriales, fueron perseguidos y detenidos por policías municipales de Iguala. Seis jóvenes murieron, 43 resultaron desaparecidos y 27 quedaron heridos.

La versión oficial de la Procuraduría General de la República (PGR), que dio a conocer el entonces fiscal Jesús Murillo Karam, fue que integrantes del cártel Guerreros Unidos calcinaron a los estudiantes en el basurero de Cocula, después de que las autoridades se los entregaran. Además, vinculó al entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, con el grupo criminal, por lo que se encuentra aún preso.

“No hay credibilidad en la respuesta oficial no solamente (por parte) del ciudadano común y corriente y de los afectados sino de los organismos internacionales calificados que ven con mucha suspicacia la investigación relativa. La investigación no sólo no aportó soluciones sino que dejó más dudas respecto a lo que le sucedió a los 43 jóvenes”, argumentó Campos.

Peña Nieto responde al Congreso por los 43 estudiantes Univision

Los familiares de las víctimas no aceptaron esta versión y han realizado marchas y protestas en varios estados de México y en países como Estados Unidos y Argentina. El caso ha generado indignación y condena internacional no solo por la desaparición sino por la actitud de Peña Nieto, quien se tardó en apoyar a las víctimas y que incluso en algún discurso, pidió a los padres que ya superaran la tragedia.

"Quiero convocarles para que con su capacidad, con su compromiso con su Estado, con su comunidad, con sus propias familias, hagamos realmente un esfuerzo colectivo para que vayamos hacia delante y podamos realmente superar este momento de dolor", dijo el mandatario al inaugurar un puente en el municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, el 4 de diciembre.

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Los expertos coinciden en que este caso es el acontecimiento político y social de mayor gravedad y repercusión que ha sufrido México en lo que va del sexenio de Peña.

“Se agrava por las enormes deficiencias de la investigación oficial. No sería exagerado decir que Ayotzinapa marca un antes y un después en la evolución social y política de México.  Es un ejemplo y un hecho extraordinariamente grave. Es vergonzoso que a 11 meses no se haya aclarado”, explicó Navarrete.

El escándalo de la Casa Blanca

El 9 de noviembre, la periodista Carmen Aristegui reveló a través de una investigación difundida en su programa MVS que el Presidente poseía una casa valorada en 7 millones de dólares.  La residencia está a nombre de la primera dama, Angélica Rivera, y fue construida por el Grupo Higa, ganador de varias licitaciones durante el gobierno de Peña -la última fue la del Tren México-Querétaro, un proyecto que finalmente fue cancelado.

Menos de un mes después, el diario Wall Street Journal reveló que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, adquirió una casa en el municipio de Malinalco, Estado de México, también de manos del Grupo Higa

El caso se convirtió en un escándalo político que afectó la imagen presidencial fuera y dentro del país. Aristegui fue despedida de su programa por causa de esta denuncia. Peña Nieto se disculpó por la polémica y encargó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) las investigaciones.

Sigue el escándalo inmobiliario en gobierno de Enrique Peña Nieto Univision

Finalmente, el pasado 21 de agosto, la SFP exhoneró a los funcionarios y a la primera dama, Angélica Rivera, de haber incurrido en cualquier conflicto de interés en la compra de la llamada Casa Blanca, ubicada en Lomas de Chapultepec.

“Existe una instancia que es la Auditoría Superior de la Federación, que depende del Poder Legislativo, que es la que debería de vigilar al Ejecutivo y a su actividad pero crearon este monstruito que no ha servido para nada.  En todos los años que tiene [SFP] ha capturado a personajes menores que han cometido actos de corrupción pero ningún político de importancia ha sido sancionado”, argumentó Campos.

Los analistas coincidieron en que la conclusión de la polémica fue decepcionante: “Una investigación, un juicio de la forma en que se desempeña el Poder Público y los funcionarios públicos, no puede estar en manos del mismo poder y de los mismos funcionarios. Se necesitan órganos independientes y no simplemente cubrir con una pincelada de legalidad a cuestiones que evidentemente requerían ser examinadas más a fondo”, explicó Navarrete.

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Agresiones contra periodistas

El 24 de marzo, la organización Artículo 19, que se encarga de abogar por la libertad de prensa, informó que las agresiones contra los periodistas en el país estaban creciendo durante el mandato de Peña Nieto. Según sus datos, un periodista es agredido cada 26.7 horas, cuando en el sexenio anterior, el de Felipe Calderón, ocurría cada 48.1 horas.

La situación se agravó el 31 de julio, día en el que fue asesinado el periodista Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera, junto a otras tres mujeres. Tanto Vera como Espinosa habían denunciado acoso y amenazas en Veracruz por parte del gobierno de Javier Duarte. Huyendo de esa crisis, llegaron a la Ciudad de México, considerado un refugio para los perseguidos.

“Hay estados de la República como Veracruz donde el número de periodistas asesinados es mucho mayor que en otras partes del país.  Esos elementos debieran servir para una amplia investigación pero no sucede. Es una cuestión que el Estado mexicano no ha podido o no ha querido resolver. No hay la seguridad para que uno ejerza la profesión”, comentó Campos, quien es también profesor de periodismo.

El multihomicidio, ocurrido en la colonia Narvarte, ha generado manifestaciones y condenas mundiales. Hasta el momento hay dos personas detenidas por los hechos. Uno de ellos, no ha aceptado su participación en los asesinatos; en el caso del segundo, un expolicía, aún no se ha revelado el contenido de su declaración.

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“El que se afecte a un periodista le da el tono especialmente lamentable. Lo es en el hecho mismo de que los trabajadores mexicanos sean víctimas cotidianas de un régimen que no les garantiza un ingreso digno, una mínima seguridad en el trabajo, una seguridad social eficiente”, detalló Navarrete.

La fuga de Joaquín El Chapo Guzmán

El 11 de junio el narcotraficante mexicano, líder del cártel de Sinaloa, se fugó del reclusorio de máxima seguridad de El Altiplano. Lo hizo mediante un túnel de 1,500 metros que iba de su celda hasta un inmueble en construcción.

“Es un fenómeno que tiene que ver con la complicidad que ha encontrado en funcionarios de distintos niveles para lograr su fuga. Tampoco hay información fehaciente de quién o quiénes fueron los responsables de la administración de las prisiones que facilitaron este tipo de eventos”, recordó Campos.

Recorrido completo del túnel por el que escapó El Chapo Univision

Ésta es la segunda vez que el capo logra escapar de un penal. A más de dos meses, no se ha logrado su recaptura. Las autoridades estadounidenses lo pidieron en extradición pero jueces mexicanos le otorgaron un amparo al capo, en caso de ser reaprehendido.

“Pasa en una administración que no hace mucho dijo que sería imperdonable que se produjera una segunda fuga de ese sujeto. Transcurre el tiempo y no hay indicios que permitan suponer que se han producido avances, aún y con el ambiente de cooperación internacional que rodea las acciones para localizarlo”, afirmó Navarrete.

Aumento de la pobreza

En julio de este año, un reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) indicó que actualmente hay dos millones más de pobres que hace un par de años. Su informe reveló que el crecimiento de la población en estas condiciones pasó de 53.3 millones de mexicanos en 2012 a 55.3 millones en 2014, lo que representa el 46.2% del total nacional.

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“No se puede aspirar a que los niveles de pobreza disminuyan. El crecimiento económico es urgente y fundamental. México es un gran exportador mundial de petróleo, hay que buscarlo en pagar salarios mínimos, en fomentar el mercado interno, en establecer temas de seguridad social y de bienestar. No es lo mismo pobreza que desigualdad.La desigualdad creciente alimenta la pobreza”, refirió Navarrete.

Aunado a esto, el precio del petróleo se fue en picada. Rompió la barrera de los 40 dólares a la par de que se anunciaron recortes presupuestarios.

La reforma educativa y la energética

Han sido la principal propuesta de Peña Nieto desde que tomó posesión al cargo presidencial. Anunciadas con muchos bombos y platillos, estas reformas no han tenido el éxito que el mandatario esperaba.

La energética tiene el objetivo de extraer, con ayuda del capital extranjero y con corporaciones petroleras y de servicios trasnacionales, la mayor cantidad posible de hidrocarburos para destinarlos a la exportación.

El gobierno esperaba una inversión de $62,500 millones de dólares en los próximos tres años en la construcción de gasoductos, la primera y segunda fases de la Ronda Uno y los proyectos de generación y transmisión de electricidad, aseguró el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell.

“Es una reforma que abandona el propósito de que la riqueza nacional de hidrocarburos sea la palanca central de crecimiento de la diversificación de la economía mexicana y se convierta simplemente en un mecanismo de producción de divisas que además no va a funcionar. La reforma tiñó sus principales lineamientos en una época muy diferente del mercado petrolero internacional, con precios del doble de los actuales”, explicó Navarrete.

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Por su parte, la educativa pretende mejorar la infraestructura física de los planteles y la calidad de los docentes, aplicándoles evaluaciones periódicas que serán vigiladas por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

Para realizar esta reforma, el gobierno planeaba invertir  $530,836.67 dólares.  Entre sus acciones destacaba, además la de crear la nueva evalución está el programa de Inclusión y Alfabetización Digital (laptops para estudiantes que quinto y sexto de primaria) y la plena autonomía del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que antes dependía de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Tiene muchos hilos. En primer lugar, los maestros, los que están en contra de la reforma educativa, lo están viendo únicamente relacionado con sus derechos laborales. Les preocupa los exámenes de evaluación y que a partir de eso haya despido de profesores o reasignaciones de actividades. Pero nadie está  discutiendo cuál es el fondo de esta modificación”, finalizó Campos.

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