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El gobierno de México no puede asegurar que los 43 desaparecidos estén vivos

El gobierno de México no puede asegurar que los 43 desaparecidos estén vivos

Los titulares de la PGR y la Segob dijeron que no tienen la seguridad de que los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala continúen con vida.

Familiares de los 43 desaparecidos en México están desesperados Univision

Luego de la reunión que familiares de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa desaparecidos, sostuvieron con el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam y con el encargado de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong en Acapulco, se informó que aún no existe la certeza de si los estudiantes están vivos.

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan", Vidulfo Rosales Sierra, informó que durante la reunión privada las autoridades federales no pudieron informar con seguridad si existe la posibilidad de que los estudiantes continúen con vida.

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Por el contrario, culparon a la Fiscalía General de Guerrero de hacer un mal procedimiento para sacar los cuerpos de las fosas clandestina encontradas en Iguala por lo que los resultados se han retrasado.

Asimismo se informó que los padres de los estudiantes recibieron un informe pormenorizado del avance de las investigaciones del caso.

También se abordó el tema de las medidas cautelares que dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a las víctimas directas e indirectas de la masacre de Iguala.

Alejandro Solalinde platicó con testigos directos del caso Iguala Univision

Padres, insatisfechos con investigaciones

Tras concluir la  reunión, los representantes de los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos dijeron que no están satisfechos con los avances que tiene la PGR en las investigaciones y dijeron que no tienen confianza en las autoridades.

"Seguimos esperando resultados, a los resultados son a los que nos remitimos", dijo Vidulfo Rosales, abogado de Tlalchinolla en conferencia.

Afirmó que los padres tienen la percepción de que la información es "limitada e incompleta y por eso no hay confianza en ellos.

Murillo Karam les dio a conocer las detenciones realizadas, así como las diversas líneas de investigación, entre ellas la relación con el crimen organizado y los Guerreros Unidos, grupo delictivo que opera en Iguala. "Pero eso no nos deja conformes", señaló.

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Dijo que los padres exigen la búsqueda en vida y "la percepción que nos dan es que no tienen indicios".

De acuerdo con una versión del diario mexicano El Universal, la reunión sería en un hotel de la zona Diamante del puerto de Acapulco, pero después se decidió efectuarla en oficinas del hangar de la PGR en el aeropuerto.

Los hechos violentos comenzaron en la noche del viernes 26 de septiembre, cuando un grupo de policías cerró el paso con disparos a los autobuses en los que viajaban un grupo de estudiantes.

Aquella noche fallecieron seis personas, entre ellas tres estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, y 25 más resultaron heridas en varios tiroteos protagonizados por policías locales presuntamente al servicio del cártel Guerreros Unidos.

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Por los hechos violentos han sido detenidas 53 personas, entre ellas 36 policías municipales y 17 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, incluido su líder, Sidronio Casarrubias Salgado.

El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), al que pertenece el gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre, se encuentra en paradero desconocido desde finales de setiembre.

La fiscalía general ofreció hoy una recompensa de hasta 1,. millones de pesos (unos 110,000 de dólares) a quienes proporcionen información "veraz y útil" que contribuya a la localización de cada uno de los 43 estudiantes.

La oferta de la recompensa, publicada hoy en todos los diarios de circulación nacional, está acompañada por las fotos y nombres de los jóvenes.

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Además, desde el domingo son ya 15 los municipios que están bajo el control de las fuerzas federales a raíz de este caso, 14 en Guerrero (en el sur del país) y uno en el central Estado de México.

Esta mañana, en acto público en el puerto de Veracruz, el mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, confirmó que había instruido a las fuerzas federales para que tomaran el control de aquellos municipios donde "hay evidencia de infiltración del crimen organizado".

Tal y como sucediera primero en Iguala y después en Cocula, los policías federales, apoyados por el Ejército mexicano, "se ocupan de la seguridad en trece municipios más".

Se trata de Apaxtla de Castrejón, Arcelia, Buenavista de Cuéllar, Coyuca de Catalán, General Canuto A. Neri, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Pilcaya, Pungarabato, San Miguel Totolapan, Taxco, Teloloapan y Tlapehuala, en Guerrero, así como Ixtapan de la Sal, en el Estado de México.

Los integrantes de las corporaciones de seguridad de los trece municipios serán trasladados a las sexta región del central estado Tlaxcala para practicarles exámenes de control de confianza y sus armas serán examinadas para establecer su posible responsabilidad en el caso.

El presidente dijo que seguirá trabajando para que, junto con los Gobiernos locales, "pongamos orden y evitemos que el crimen organizado se infiltre en las instituciones", sobre todo aquellas encargadas de la seguridad.

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El Gobierno detalló que en la búsqueda de los alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa participan 16 equipos de inteligencia, 16 binomios caninos (agentes con perros policiales), 17 helicópteros, tres aeronaves de reconocimiento, una brigada de seis buzos y cuatro laboratorios móviles.

Pese a esta intensificación de las tareas de búsqueda, existe la posibilidad de que los estudiantes estén muertos, tal y como señaló el sacerdote Alejandro Solalinde con base en testimonios de varios testigos.

Tras unas polémicas declaraciones en las que aseguraba que cuatro testigos le habían contado que todos los estudiantes habrían sido asesinados, metidos en fosas y quemados, el destacado defensor de los derechos humanos de los migrantes acudió hoy a declarar a la fiscalía, aunque finalmente no fue recibido.

"Yo vine a presentar mi declaración porque así me lo pidieron las autoridades, pero resulta que no nos recibieron, es decir, tardaron mucho, hicieron varias llamadas, nadie bajó", dijo a los periodistas.

El sacerdote, quien llevaba un escrito con todos los testimonios, contó que los testigos incluso llegaron a enseñarle un mapa de dónde podrían estar las fosas, información que piensa enseñar al fiscal general, con quien se reunirá en los próximos días. 

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