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Gildardo López, alias El Gil o El Cabo Gil, considerado miembro del cártel Guerreros Unidos y pieza clave en la desaparición de 43 estudiantes.

El Gil, detenido por caso Ayotzinapa, fue enviado a penal El Altiplano

El Gil, detenido por caso Ayotzinapa, fue enviado a penal El Altiplano

Gildardo López, considerado pieza clave en la desaparición de 43 estudiantes, fue ingresado en una cárcel mexicana de alta seguridad.

Gildardo López, alias El Gil o El Cabo Gil, considerado miembro del cárt...
Gildardo López, alias El Gil o El Cabo Gil, considerado miembro del cártel Guerreros Unidos y pieza clave en la desaparición de 43 estudiantes.

Gildardo López, alias El Gil o El Cabo Gil, fue ingresado en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 El Altiplano. Es considerado miembro del cártel Guerreros Unidos y pieza clave en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa hace casi un año.

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A El Gil le fueron dictadas dos órdenes de aprehensión por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de secuestro y delincuencia organizada. Dichas órdenes fueron cumplimentadas por miembros de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía).

Renato Sales Heredia, comisionado Nacional de Seguridad mexicano señaló que, pese a ser uno de los hombres más buscados por el caso, El Gil seguía gozando de protección de policías municipales.

En una entrevista radiofónica, Sales aseguró que el ahora detenido estuvo “protegido por estructuras policiacas corruptas, policiacas coludidas todavía. Eso nos indica que tenemos que trabajar profundamente en la reestructuración de nuestros policías. Nos indica que tenemos que movernos en un esquema diverso”.

Las fuerzas de seguridad mexicanas detuvieron el miércoles a López en la ciudad de Taxco, en el sureño estado de Guerrero.

El detenido actuaba como presunto jefe de un grupo dedicado a la extorsión y a la distribución de droga, especialmente en los municipios de Iguala y Cocula.

El Gil está vinculado con la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 en Iguala. Varios imputados en este caso lo señalan directamente como el autor material.

López “ acepta una parte de los hechos, la que no lo incrimina directamente, pero se ubica en circunstancias de tiempo, modo y lugar. Reconoce a las personas, reconoce la camioneta (…) Acepta su participación en los hechos, lo que se conoce como una confesión calificada divisible”, destacó el funcionario.

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La esperanza de que arroje luz

En tanto, el abogado de los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos declaró esta semana que Gildardo López es una "pieza clave" que puede arrojar alguna luz sobre la suerte de los estudiantes.

El abogado Vidulfo Rosales señaló que esta persona forma parte del cártel de Guerreros Unidos y se mostró convencido de que podrá esclarecer lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en la ciudad mexicana de Iguala, en el sureño estado de Guerrero.

El líder de ese cártel, Sidronio Casarrubias, detenido en octubre pasado, declaró a las autoridades que El Gil le informó aquella noche, a través de un mensaje de texto telefónico, de un enfrentamiento en Iguala, que atribuyó al grupo rival Los Rojos.

Por ello, Casarrubias ordenó hacer desaparecer a los jóvenes para defender su territorio, una instrucción que El Gil dio a Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo y capturado en enero pasado, quien presuntamente los quemó en el basurero.

De acuerdo con las declaraciones de El Cepillo a la PGR, al día siguiente, por órdenes de El Gil, regresó al lugar para recoger las cenizas y arrojarlas en bolsas de basura al río San Juan.

Siguen los cuestionamientos sobre versión oficial del caso Ayotzinapa /Univision

Identificación del segundo estudiante

Sobre la reciente identificación del estudiante Jhosivani Guerrero por el laboratorio de Innsbruck (Austria) a partir de los restos hallados en una de las bolsas lanzadas al río, Rosales reiteró que el estudio no tiene la contundencia que sí se logró en el caso de Alexander Mora, identificado en diciembre.

Además, descartó la necesidad de que se cree un grupo de especialistas para que revisen con los forenses argentinos y los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "los más de 63,000 fragmentos óseos que fueron recolectados" en Cocula, como lo anunció la fiscal Arely Gómez el domingo pasado.

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El abogado dijo que confían en el trabajo del laboratorio de Innsbruck, así como en el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), según el cual la coincidencia genética entre los restos entregados por la fiscalía y Jhosivani Guerrero "es baja en términos estadísticos".

El informe presentado por el laboratorio de Innsbruck arroja 72 puntos de coincidencia genética en el caso de Jhosivani entre los restos encontrados y el ADN de sus familiares, mientras que en el de Alexander la cifra es de 1,201.

El EAAF destacó, además, que existen "serios interrogantes sobre el origen de las muestras analizadas" en Innsbruck. En ninguno de los dos casos provienen de restos recuperados en el basurero de Cocula, sino de la bolsa supuestamente hallada a la vera del río San Juan, la cual ya estaba abierta cuando el equipo llegó al lugar.

A través de un comunicado, el EAAF asevera que hasta la fecha, entre los restos hallados en el basurero de Cocula no se ha identificado a alguno de los estudiantes; añade que los restos encontrados en ese lugar corresponden a víctimas que no han sido identificadas.

Los peritos detallaron que la PGR realizó un manejo desaseado de los restos, lo cual les genera “serias interrogantes” sobre su origen.

El caserío cercano al basurero de Cocula: una comunidad que vive con miedo /Univision

Peticiones de los familiares

Rosales anunció que los padres pedirán el próximo jueves al presidente Enrique Peña Nieto la creación de varias fiscalías especializadas para que investiguen todo lo relacionado con la desaparición.

Una estaría centrada en la investigación, otra en la búsqueda de los jóvenes, una más trabajaría sobre los probables responsables y otra que indague "respecto a responsabilidades que pudieron incurrir funcionarios" de la PGR, precisó.

Y es que a principios de septiembre los expertos de la CIDH que estudian el caso desde marzo denunciaron graves irregularidades en la investigación de la PGR y  concluyeron que es imposible que los cuerpos de los jóvenes hayan sido incinerados en el basurero.

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Además, señalaron que el traslado de drogas en uno de los autobuses tomados por los estudiantes el 26 de septiembre para trasladarse pudo ser el móvil del crimen.

El encuentro entre los familiares de los 43 estudiantes y el presidente, al que asistirán los expertos de la CIDH, se llevará a cabo dos días antes de que se cumpla un año de la desaparición de los estudiantes.

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Desmienten la versión oficial del gobierno mexicano sobre los estudiantes desaparecidos /Univision

Las sospechas de Amnistía Internacional

Por su parte, Amnistía Internacional (AI) declaró esta semana que la supuesta identificación del segundo de los 43 estudiantes "huele a desesperación", cuando está a punto de cumplirse un año de esta tragedia.

A través de un comunicado, la organización dijo que este empeño del Gobierno es " un cruel intento de mostrar que están tomando acción antes del primer aniversario de las desapariciones forzadas de los estudiantes", apuntó la directora para las Américas de AI, Erika Guevara-Rosas.

"Parece que están preparados a no detenerse ante nada con tal de lavarse las manos de cualquier responsabilidad sobre una de las más graves tragedias de derechos humanos de la historia reciente de México", señaló Amnistía.

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"En vez de jugar con las vidas y esperanzas de los padres de los estudiantes desaparecidos, las autoridades mexicanas deben realizar un esfuerzo serio y concertado para reencauzar las investigaciones y asegurarse que no quede ninguna piedra sin remover hasta que se establezca el paradero de los 43 estudiantes", añadió.

La versión oficial

Según la versión oficial, esa noche un grupo de policías a sueldo de Guerreros Unidos dispararon en Iguala contra decenas de estudiantes por órdenes del entonces alcalde José Luis Abarca, supuestamente para evitar que sabotearan un acto oficial.

Seis personas murieron, incluidos tres alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, y 43 jóvenes fueron detenidos por los policías y entregados a miembros de Guerreros Unidos, quienes presuntamente los asesinaron y quemaron en el basurero de Cocula.

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