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Dos estados vulneraron a perio

Dos estados vulneraron a perio

Un magistrado sostuvo que "existió concierto de autoridades" de Puebla y Quintana Roo para violar derechos de Lydia Cacho.

Puebla y Quintana Roo

CIUDAD DE MÉXICO - Un magistrado del Tribunal Supremo mexicano sostiene que "existió concierto de autoridades (de los estados mexicanos) de Puebla y Quintana Roo para violar derechos fundamentales de la periodista Lydia Cacho", adelantó el diario Reforma.

El rotativo anticipa detalles del informe preliminar que el magistrado Juan Silva Meza presentará la semana próxima al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que resolverá sobre el caso.

Además, el diario informa de que del 26 de abril al 11 de junio pasados una comisión creada por la SCJN para seguir el caso interceptó con permiso judicial conversaciones telefónicas de varios altos funcionarios de Puebla, incluido el del gobernador Mario Marín.

También fueron intervenidos los de la procuradora de Puebla, Blanca Laura Villeda, el del presidente del tribunal de justicia del estado, Guillermo Pacheco, el de la juez Rosa Celia Pérez, y el del empresario Kamel Nacif.

El contenido de estos registros fue plasmado en unas noventa páginas del informe preliminar del magistrado que será sometido próximamente a examen del Supremo.

Este órgano judicial podría recomendar, después de valorar el caso, que el Legislativo mexicano interponga un juicio político contra el gobernador Mario Marín, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por haber manipulado a la justicia contra la periodista Lydia Cacho.

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En 2005 Cacho reveló en un libro titulado Los demonios del Edén un caso de corrupción en el que estaba implicado el empresario mexicano de origen libanés Jean Succar Kuri, prófugo de la justicia.

En una grabación telefónica de origen desconocido, filtrada entonces a la prensa, Mario Marín conversaba con el empresario Kamel Nacif, cercano a Jean Succar Kuri, presunto cabecilla de la red de pederastia.

Esta semana la prensa mexicana anticipó que el Supremo podría sugerir que se ejercite acción penal contra funcionarios de Puebla y Quintana Roo.

La periodista fue arrestada en Quintana Roo en diciembre de 2005 y trasladada con los ojos vendados por carretera hasta Puebla, donde quedó a disposición de la justicia de ese estado.

El caso será analizado por segunda vez la próxima semana después de que en marzo de 2006 sólo 6 de los 11 magistrados aceptaran abrir una investigación contra Marín.

El 25 de enero pasado se creó una segunda comisión centrada particularmente en analizar la actuación del gobernador Marín, la cual realizó en los meses pasados una visita a Puebla para conocer detalles del caso.

El fallo final de la SCJN dependerá de si los magistrados consideran o no grave las violaciones a la Constitución de Marín y un atentado contra la libertad de expresión la acción del gobernador y los funcionarios estatales implicados en el caso.

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