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Corte absolvió a dos indígenas acusadas de secuestrar a seis agentes federales

Corte absolvió a dos indígenas acusadas de secuestrar a seis agentes federales

La Suprema Corte absolvió el miércoles a dos indígenas mexicanas acusadas del secuestro de seis policías federales.

Pruebas insuficientes

MEXICO  - Las indígenas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, encarceladas en México desde 2006 por haber supuestamente secuestrado a seis policías, salieron el miércoles de una prisión en el central estado de Querétaro después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN) ordenara su liberación.

La dos mujeres estuvieron detenidas, por casi cuatro años, en un caso que grupos civiles advirtieron estaba plagado de irregularidades.Alberta, de 31 años, y Teresa, de 26, salieron visiblemente emocionadas de la prisión de San José el Alto, en la que estuvieron desde hace casi cuatro años después de que fueron condenadas a 21 años de cárcel cada una por el delito de secuestro de funcionarios públicos.

El miércoles, la Primera Sala de la SCJN, compuesta por cinco magistrados, decidió su excarcelación inmediata "porque no son responsables" de los delitos que les imputaron y giró un telegrama al juzgador para que quedaran libres.

"Sí se hizo justicia", dijo Teresa al salir de prisión, mientras Alberta aseguró que después hablarán a la prensa.

A las dos se les había acusado de secuestrar a seis policías federales, por lo que en 2006 fueron condenadas a 21 años de cárcel. A Alcántara, además, se le señaló de posesión de cocaína, aunque por ese delito no se le sentenció.

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Una tercera indígena, Jacinta Francisco Marcial, fue liberada el año pasado después de que un juez reabriera el caso y la Fiscalía retirara los cargos por presiones de organismos de derechos humanos.

Contradicciones

La magistrada de la Corte Olga Sánchez Cordero dijo durante la discusión del caso que hubo varias contradicciones, incluidas en las que se describía a una de las indígenas.

Alcántara, una mujer morena, bajita y regordeta, fue descrita en el proceso en su contra como una "güera" de pelo corto, refirió.

El magistrado Arturo Zaldívar dijo que advirtieron "desde un principio... que este asunto era un asunto de excepcional trascendencia, de entrada parecía un asunto que olía a injusticia, se percibía que era altamente probable que dos indígenas mexicanas estaban en prisión desde hace casi cuatro años de manera injusta".

Uno de los abogados de las indígenas, Leopoldo Maldonado, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dijo que la resolución de hoy era "un primer paso hacia la justicia integral" en México.

Resarcir daños

Señaló que debería haber un resarcimiento de daños, no sólo "económicos" sino "psicológicos", y que era necesario "de manera simbólica que el Estado reconozca que se equivocó".

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Además, Maldonado señaló que en México es necesario que "a través de leyes se establezcan garantías de no repetición" de este tipo de casos, en los que acaban en la cárcel falsos culpables.

"Aquí lo más preocupante es que la institución encargada de procurar justicia, la Fiscalía, fabrica las pruebas. Y esas las valida un juez", sentenció.

"Se ha hecho justicia"

Por otra parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) consideró en un comunicado que finalmente "se ha hecho justicia" en un caso que nuevamente ha destapado las carencias del sistema jurídico mexicano.

Las indígenas fueron detenidas el 3 de agosto de 2006 por el presunto secuestro de seis agentes federales durante un operativo policial en busca de droga y artículos piratas en una población del central estado de Querétaro.

Según las indígenas, los agentes llegaron a la comunidad de Santiago Mexquititlán vestidos de civil, sin identificación, desmontaron de manera violenta unos puestos de venta y se incautaron de la mercancía.

De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía), tres de las indígenas que trabajaban allí retuvieron durante varias horas y por la fuerza a los policías, por lo que se les acusó de secuestro.

En marzo pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana se apropió del caso después de estimar el argumento de Alcántara y González, cuya defensa denunció irregularidades en la sentencia.

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Defensa de indígenas

En México, con 107 millones de habitantes, hay unos trece millones de indígenas, en su mayoría en condiciones de pobreza y marginación.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), que asumió la defensa de las indígenas, consideró que la revocación de la sentencia muestra que se hizo una "fabricación del delito" desde el inicio del proceso.

"Confiamos en que esta resolución implique dar pasos para acabar con las deficiencias de los sistemas de procuración y administración de justicia", señaló el Prodh en un comunicado.

Consideró, sin embargo, que aún queda "un largo camino por recorrer" para que las indígenas tengan una verdadera justicia.

Las mujeres fueron acusadas de secuestrar en marzo de 2006 a seis agentes federales, quienes participaron en un operativo contra el tráfico de drogas y la piratería en un mercado público de Santiago Mexquititlán, un poblado del estado de Querétaro a más de 190 kilómetros al noroeste de la Ciudad de México.

Alcántara y González, cumplieron casi cuatro de los 21 años de prisión que un juez del estado de Querétaro (centro) les impuso en 2006 por considerar que participaron en el plagio de seis policías de la Agencia Federal de Investigaciones.

Los agentes declararon que ellas, Marcial y otros comerciantes de un mercado de Santiago Mexquititlán (Querétaro) los tomaron como rehenes durante una operación contra vendedores pirata.

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