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Más policías vinculados con las desapariciones de los estudiantes de Iguala

Aguirre dice que algunos cuerpos no son de estudiantes pero la PGR lo desmiente

Aguirre dice que algunos cuerpos no son de estudiantes pero la PGR lo desmiente

El procurador dijo que no existen elementos para confirmar la versión de Aguirre sobre que algunos cuerpos no son de los estudiantes desaparecidos.

Más policías vinculados con las desapariciones de los estudiantes de Iguala
Más policías vinculados con las desapariciones de los estudiantes de Iguala

En las investigaciones participan distintos órdenes de gobierno

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La  Procuraduría General de la República (PGR) informó que hasta que terminen las investigaciones sobre el análisis de los cuerpos hallados en las fosas, es imposible determinar si pertenecen a alguno de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

Señaló también que no existen elementos para confirmar o descartar la versión que manejó el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, horas antes en una conferencia de prensa.

"No sé que información dio el gobernador (...) Acabo de consultar y las pruebas no se han terminado. Están haciendo las pruebas los peritos, tanto de la PGR como los argentinos (...) Hasta el momento sigue haciéndose la investigación, cuando se termine yo doy los datos", aseguró el fiscal a medios locales.

Al instalarse el Comité de Atención Integral a Víctimas, el gobernador de la entidad de Guerrero afirmó que de acuerdo con los avances de los peritajes en materia forense, “algunos de los cuerpos no corresponden a los  jóvenes de Ayotzinapa”.

El procurador de la República, Jesús Murillo Karam, dijo a los padres de los estudiantes desaparecidos que los trabajos de búsqueda continúan y la prioridad es encontrar vivos a los jóvenes.

El procurador fue muy reservado al hablar sobre el avance de las investigaciones y dijo que si algunos elementos salen a la luz podrían entorpecer las indagatorias, según publica el diario El Universal.

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Las protestas no se detienen

Mientras tanto, el equipo de UnivisionNoticias desplazado a Iguala reporta que las protestas de los estudiantes se mantienen, así como la toma de autobuses en la ruta que conecta las localidades de Cuernavaca y Chilpancingo.

Sin violencia, los inconformes despojaron a los conductores de dos camionetas de sus vehículos.

La presión va en aumento

La presión sobre el Gobierno de Enrique Peña Nieto para que esclarezca el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala crece cada día, tanto por parte de la sociedad mexicana como de organismos internacionales, cuando se cumplen dos semanas de la trágica noche del 26 de septiembre.

Enrique Peña Nieto: "Los hechos de Iguala son indignantes, dolorosos e inaceptables" Univision

Nuevamente Peña Nieto se refirió al tema y dijo que el Gobierno mexicano ha asumido su "responsabilidad" para esclarecer el caso y trabaja "con determinación" para hacer que los responsables "de estos actos inhumanos y de barbarie respondan ante la ley", cita por su parte la agencia Efe.

En una intervención con los gobernadores del país, el mandatario dijo que "es inaceptable que en un Estado democrático de derecho como México pueda haber localidades con vacíos de autoridad y, peor aún, con vínculos de complicidad entre gobernantes y delincuentes".

Se refirió así a lo sucedido la noche del 26 de septiembre, cuando policías de Iguala atacaron a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa (para maestros de primaria), con un saldo de seis muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos.

Padres de los 43 estudiantes desaparecidos vuelven a protestar Univision

Casi 40 personas detenidas

Según las últimas informaciones proporcionadas por el fiscal general de México, Jesús Murillo, suman ya casi 40 los detenidos por los ataques, todos autores materiales.

En las últimas horas se informó de la detención de cuatro personas que llevaron al hallazgo de cuatro nuevas fosas clandestinas señaladas como el lugar en el que habrían sido enterrados los estudiantes.

Murillo confirmó que entre los arrestados está el hermano de la esposa del alcalde de Iguala, María de los Ángeles Pineda, por sus presuntos vínculos con el cártel Guerreros Unidos, que al parecer reinaba en el municipio. Ambos, marido y mujer, permanecen en paradero desconocido, destaca Efe.

En México todavía no se conocen detalles sobre el contenido de estas fosas, ni tampoco sobre los 28 cuerpos encontrados el pasado sábado en cinco fosas cercanas a Iguala, una ciudad ubicada en el sureño estado de Guerrero.

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Investigación en las últimas fosas descubiertas

Sin embargo, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos aportó desde Ginebra un nuevo dato al señalar en un comunicado que los cuerpos, que aparecieron calcinados, "presentan lesiones de bala y de objetos contundentes".

Un grupo de expertos de este organismo visitó la semana pasada la zona de las fosas y el Servicio Médico Forense de Iguala.

"Lo ocurrido en Guerrero es absolutamente censurable e inaceptable. No es tolerable que hechos de estas características ocurran, y aún menos en un Estado de derecho", apuntó el organismo e instó a las autoridades mexicanas a centrar sus esfuerzos en dar con el paradero de los desaparecidos.

Se une la CIDH

Además, la Agencia France Press destaca que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado urgente a México a localizar a los 43 estudiantes desaparecidos, denunciando la "gravedad" de la situación.

"La CIDH urge al Estado mexicano a que adopte de forma inmediata todas las medidas necesarias para encontrar a aquellas personas cuyo destino aún se desconoce", según un comunicado.

De igual manera, el órgano autónomo de la OEA pidió al gobierno mexicano "investigar estos delitos de manera pronta, diligente e imparcial", adoptar medidas para prevenir su repetición y proteger "la vida y la integridad personal" de los sobrevivientes, algunos heridos.

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'Investigación judicial caótica y hostil'

Por otro lado, la sección mexicana de Amnistía Internacional (AI) lamentó en un comunicado que las familias de los estudiantes desaparecidos sigan "sufriendo las consecuencias de una investigación judicial caótica y hostil", destaca Efe.

Los familiares critican que a los estudiantes se les está buscando más muertos que vivos. Por ello, desde hace días un grupo de familiares y otros estudiantes de la Normal recorren, acompañados de policías comunitarios, comunidades de alrededor para buscarlos.

AI denunció, además, que el equipo de peritos internacionales reconocidos por los propios familiares no ha podido acceder al lugar de las fosas para realizar su trabajo.

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La agrupación defensora de los derechos humanos consideró "esencial" que la fiscalía general dé "acceso inmediato e irrestricto" al equipo argentino de antropología "a todas las investigaciones forenses" que se realizan en este caso.

La fiscalía general asumió la investigación del caso el fin de semana pasado por los indicios de la participación del crimen organizado, en un giro a la posición inicial del Gobierno de que Guerrero asumiera la responsabilidad ante la ola de violencia.

Se acumula el malestar social

Sin embargo, los trabajos de búsqueda de los jóvenes continúan a cargo de la fiscalía del estado de Guerrero.

Otra de las organizaciones que se pronunció sobre el caso fue la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), que denunció el recrudecimiento de la violencia en México con "actos que podrían constituir crímenes internacionales".

Y no solo la comunidad internacional está reaccionando. En México se han registrado numerosas marchas y actos multitudinarios para exigir justicia y la aparición con vida de los 43 estudiantes.

Los expertos temen que el malestar social incluso pueda causar actos de violencia, como los anunciados por el grupo guerrillero Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), advierte Efe.

A través de un vídeo, esta organización que surgió en 1998 anunció la creación de una brigada de ajusticiamiento para enfrentar al grupo criminal Guerreros Unidos, presuntamente vinculado en los hechos violentos.

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Aseguró que está en una fase de recolección de datos, propiedades e intereses del cartel, que opera en el estado del sur de México gobernado por Ángel Aguirre, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).

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