publicidad

Activista asesinado en Sinaloa

Activista asesinado en Sinaloa

Aministía Internacional y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal condenaron el crimen de Ricardo Murillo.

Primo del jefe de la policía estatal

CIUDAD DE MÉXICO - Aministía Internacional y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal condenaron el asesinato del activista Ricardo Murillo, quien fue hallado muerto en un vehículo abandonado la víspera en el estado de Sinaloa, al norte del país.

"El vehículo, con el cuerpo de Murillo en el asiento del copiloto, fue encontrado estacionado enfrente de un centro comercial en la ciudad de Culiacán", capital de Sinaloa, informó la red de organizaciones no gubernamentales Todos los Derechos para Todas y Todos (TDT).

Según reportes periodísticos, la víctima presentaba un impacto de bala en la cabeza.

Ricardo Murillo, fundador del Frente Cívico Sinaloense, era primo del secretario de Seguridad Pública del estado, Ernesto Cebreros, y junto con su hermana Mercedes Murillo se convirtió en precursor de la defensa de los derechos humanos en la región.

Desde 1993 trabajó en la promoción de las garantías en centros penitenciarios, realizaba gestiones a favor de la liberación de internos y denunció casos de tortura y abusos de policías y miembros del ejército.

A través de sendos comunicados, Amnistía Internacional (AI) y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal pidieron a las autoridades mexicanas que investiguen el asesinato para dar con los responsables y que se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los otros miembros del Frente Cívico Sinaloense.

publicidad

"La protección de otros defensores de derechos humanos y la posibilidad de que ellos puedan adelantar su trabajo sin temor o dificultades adicionales, depende de que las autoridades demuestren la voluntad y capacidad de esclarecer los hechos y de llevar los responsables ante la justicia", manifestó AI.

Los miembros del TDT denunciaron desde finales del año pasado el incremento de las amenazas y presiones en su contra, así como la pasividad de las autoridades para esclarecer estos delitos.

Esta denuncia fue avalada incluso por el relator especial para los Derechos Humanos en México, Amérigo Incalcaterra.

Algunos sectores, como el de defensa de los derechos de los inmigrantes, han acusado incluso a las instituciones de gobierno de emprender una campaña de criminalización en su contra.

publicidad
Contenido Patrocinado
En alianza con:
publicidad
publicidad