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A seis meses de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, sigue la lucha contra el olvido

A seis meses de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, sigue la lucha contra el olvido

Medio año hace que 43 familias están incompletas gracias a la corrupción y la criminalidad en Guerrero.

Medio año hace que 43 familias están incompletas gracias a la corrupción y la criminalidad en Guerrero, una entidad mexicana que se ha caracterizado por la pobreza de su población y la violencia en la que está sumida desde hace varios años.

A seis meses de este trágico suceso, padres de los jóvenes desaparecidos encabezaron en la ciudad de México una marcha y un mitin para exigir su aparición con vida y justicia en el caso.

Los familiares de los estudiantes llamaron a una reunión en Ayotzinapa para el cuatro de abril, hicieron la petición a la ciudadanía de que no los dejen solos y llamaron a suspender las elecciones de junio en Guerrero.

“El tema ha pasado a un segundo plano. Al cumplirse medio año que es una fecha muy simbólica de lo sucedido en Ayotzinapa, la cobertura de los medios mexicanos es muy pobre”, se lamenta Manuel Alejandro Guerrero Martínez, investigador del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana.

La noche del 26 de septiembre, una protesta de estudiantes de una escuela rural para maestros se saldó con la muerte de seis personas y la desaparición de otras 43. Tras las investigaciones, hasta hoy la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía mexicana) sostiene que los estudiantes desaparecidos fueron detenidos por policías municipales corruptos y entregados a narcotraficantes de la banda Guerreros Unidos, quienes los asesinaron y quemaron sus cuerpos en un basurero en el municipio de Cocula.

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Uno de los peores episodios en la historia reciente del país y que ha llamado la atención de organizaciones internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, parece ir quedando poco a poco en el olvido.

Melitón Ortega, uno de los voceros de los padres de Ayotzinapa, dijo a BBC Mundo que el creciente desinterés de los medios de comunicación en el tema hace juego con la actuación de las autoridades: las conversaciones de funcionarios de la fiscalía mexicana con los familiares de los desaparecidos se interrumpieron, a decir de Ortega, desde finales de enero.

Jesús Murillo Karam, que se desempeñaba como fiscal cuando sucedieron estos hechos, recientemente dejó el cargo y pasó a ser el secretario de Desarrollo Agrario. Arely Gómez, la nueva titular de la PGR mexicana, no ha sostenido todavía ninguna reunión con las familias de los desaparecidos.

Y las voces que claman al olvido se multiplican: “No pueden vivir eternamente con ese problema en su cabeza, la vida sigue adelante”, dijo el expresidente mexicano Vicente Fox a Univision.

La 'verdad histórica'

A la reconstrucción de los hechos que reveló en conferencia de prensa el pasado 27 de enero Jesús Murillo Karam respondieron tanto las familias como otras organizaciones civiles pidiendo que se investiguen hipótesis distintas. Sin embargo, las autoridades “no se han movido un ápice (pese a que) en teoría la investigación sigue abierta”, añade el académico Guerrero Martínez.

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Para Melitón Ortega, lo que se busca es “prolongar el caso Ayotzinapa, hacerlo más largo y que al rato se olvide. Ese es el caso, la tendencia es a olvidarlo por las autoridades, pero como padres de familia nosotros seguimos activos para que eso no suceda”.

El hallazgo de lo que se supone son los restos humanos de los desaparecidos en un basurero de Cocula fue la pieza clave para que las autoridades sustentaran su verdad histórica. A cargo de la investigación de los restos quedó la Universidad de Innsbruck en Viena, para establecer las identidades. No se tiene una fecha para que esas investigaciones terminen, y aunque ya se ha identificado el ADN de uno de los 43 desaparecidos entre los restos humanos, la institución ha sido clara al señalar que el proceso no será sencillo.

Las protestas, en tanto, no cesan. La exigencia sigue siendo la presentación con vida de los estudiantes, y se manifiesta en redes sociales y en las calles de distintas ciudades del país, la capital entre ellas. Muchas de las movilizaciones han resultado violentas y no han faltado las denuncias de provocadores infiltrados.

Padres y alumnos formaron una comisión que realiza una caravana en Estados Unidos, donde han denunciado el caso ante congresistas en el Capitolio.

Fechas clave

A seis meses de los hechos que han dejado una marca imborrable en México, cabe destacar algunas fechas clave.

Fue desde el 4 de octubre de 2014 que la representación de la Organización de las Naciones Unidas en el país condenó “enérgicamente” los hechos considerados de “extrema gravedad” y como “los sucesos más terribles de los tiempos recientes”. Ese mismo día la PGR atrajo la investigación y envió a un grupo especializado a Guerrero para encabezar las pesquisas.

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El 7 de octubre, el gobierno de Estados Unidos consideró que la “preocupante” desaparición de los 43 estudiantes demandaba una investigación “completa y transparente.

El día 22 de ese mismo mes las investigaciones llevan a que los autores intelectuales de la represión en contra de los estudiantes fueron José Luis Abarca, el alcalde de Iguala, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa. El alcalde había solicitado licencia por 30 días desde el 30 de septiembre y tomó ese tiempo para darse a la fuga junto con su esposa.

Los hechos de Iguala llegaron hasta el Vaticano. El 29 de octubre el papa Francisco mandó “un saludo especial al pueblo mexicano que sufre la desaparición de sus estudiantes y por tantos problemas parecidos”. El 12 de noviembre, el pontífice volvió a hablar del caso y expresó su cercanía con México.

La captura de José Luis Abarca y su esposa sucedió el 4 de noviembre en una casa en la capital del país. A Abarca le fue dictado el auto de formal prisión el 15 de noviembre.

El 20 de enero, los forenses de Austria informaron que el ADN en los restos hallados en el basurero de Cocula es irreconocible. Justo una semana después, el 27 de enero, la PGR narra en conferencia de prensa la “verdad histórica” de los hechos y dice que los jóvenes están oficialmente muertos.

El 31 de enero, las investigaciones de la fiscalía arrojan que María de los Ángeles Pineda Villa, la esposa del alcalde de Iguala, tenía mucho poder en el cártel criminal de Guerreros Unidos. Dos días después, los padres de dos normalistas llegaron a la ONU para exponer el caso.

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Fue el 1 de marzo pasado cuando llegó a Ciudad de México un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para estudiar la desaparición de los alumnos. Para el 19 de marzo determinaron que se trató de una desaparición forzada.

La ruta por Estados Unidos de los familiares de los 43 comenzó el 16 de marzo. El caso fue llevado ante Amnistía Internacional el día 21 de ese mes.

Actos

En el día del aniversario, los comités organizaron protestas en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y en el emblemático Ángel de la Independencia, en Ciudad de México, con el objetivo de que no se realicen las elecciones el próximo 7 de junio en Guerrero.

“No permitiremos que haya elecciones en Guerrero. Primero están los 43. No hay condiciones para llevar las elecciones”, señaló Melitón Ortega.

Se pactaron movilizaciones también en Guerrero y algunas más en Estados Unidos, donde se encuentra un comité de padres de los estudiantes.

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