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Muchas protestas por la libertad de expresión se han realizado en las calles de Venezuela.

SIP denuncia "totalitarismo comunicacional" en Venezuela

SIP denuncia "totalitarismo comunicacional" en Venezuela

La Sociedad Interamericana de Prensa cuenta hasta ahora 300 violaciones a la libertad de expresión y ataques a periodistas y medios independientes.


Muchas protestas por la libertad de expresión se han realizado en las ca...
Muchas protestas por la libertad de expresión se han realizado en las calles de Venezuela.

La deriva dictatorial del Estado venezolano ha acabado por imponer en el país un "totalitarismo comunicacional" despojado ya de cualquier "simulación democrática", denunció este domingo en Charleston (Carolina del Sur) la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

El Gobierno venezolano "ha instaurado ya abiertamente la dictadura" y esta "se desplaza hacia la tiranía que ejercen a dúo el mandatario, Nicolás Maduro, y el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello", dijo el jurista venezolano Asdrúbal Aguiar en la 71 asamblea general de la SIP, que se celebra hasta el próximo martes en esta ciudad sureña estadounidense.

En el informe sobre este país elaborado por la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP se tildó de "narcoestado real y no imaginario" el de Venezuela, y se destacó que, en el último semestre, se han registrado "300 violaciones al derecho a la libertad de expresión, ataques a periodistas, criminalización de la actividad periodística y limitaciones de acceso a la información".

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Entre estos atropellos de los derechos y confiscación de las libertades, se destaca en el informe la prohibición de salida del país a 22 directivos del diario El Nacional, del semanario Tal Cual y el sitio web La Patilla, medios contra los que Cabello interpuso una demanda por supuesta difamación.

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En la demanda, Cabello exige a los medios una indemnización de unos 78 millones de dólares por "daños morales" al reproducir en enero pasado una información del diario ABC de España sobre supuestos vínculos del alto funcionario con el narcotráfico.

"Los elementos y componentes esenciales de la democracia han cedido" en Venezuela, apostilló Aguiar en la lectura del informe, para agregar: "Se ha instalado el régimen de la mentira, pariente del fascismo de mediados del siglo XX".

Esta tentativa de reeditar los peores tics dictatoriales se encubre con la "mentira política y el fraude legalmente organizado de la ilegalidad", dijo.

Aguiar concluyó la lectura del estado de la libertad de prensa e información en Venezuela con la petición a la SIP de que "adopte una resolución que declare la final ruptura de la libertad de expresión y prensa" en el país sudamericano.

Asimismo, se solicitó a la SIP que "se condene el comportamiento de Maduro y Cabello como principales victimarios de la prensa libre y la ocultación de información".

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Se encontraba presente en la sala el venezolano Marcel Granier, presidente del canal de televisión RCTV, quién, en la tanda de preguntas y consideraciones, comentó el tema del reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que ordenó a Venezuela restablecer la concesión de la frecuencia con que operaba el canal.

"Hay que entender que estamos frente a un régimen (el venezolano) acosado por la pésima situación económica y por la sospecha de participación de sus más altos funcionarios y jefes civiles y militares en actividades del narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas y personas y corrupción", desgranó Granier.

Por ello, precisó, el Gobierno "no puede permitir la libre expresión del pensamiento", y, como consecuencia, "vamos a ver cada vez más retaliaciones".

Tampoco "pueden permitir que la justicia se pronuncie sobre los casos que les competen a ellos", y cito en concreto el caso de RCTV: "Llevamos más de diez años demandando en los tribunales venezolanos justicia en nuestro caso y no se ha producido ninguna decisión en estos años", por eso, resaltó, acudieron a la CorteIDH, tribunal que falló a su favor.

Por su parte, Miguel Otero, director del diario El Nacional, expuso ante los numerosos periodistas presentes en la sala el método de acoso que sufren los medios independientes: primero, relató, "se va creando un cúmulo expedientes" contra los medios o periodistas para, posteriormente, presentarles "medidas cautelares que dan cobertura legal" a esta medidas.

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Al final, el periodista o medio acusado "espera un juicio que nunca llega", denunció. 

También denuncian a Argentina

La SIP denunció también en Charleton que la prensa argentina vive un ciclo que puede considerarse "su período más adverso desde el regreso de la democracia".

El informe sobre este país elaborado por la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP citó entre los más graves problemas que laminan la libertad de información el " uso de recursos públicos para montar gigantescos aparatos comunicacionales destinados a la deslegitimación del periodismo independiente y de la oposición".

Otro obstáculo que han encontrado los medios críticos e independientes es la "aplicación selectiva de normas para perseguir la disidencia" o la "sanción de leyes específicas para desarticular medios críticos y favorecer voces oficialistas", según el informe.

Otras vías para erosionar a los medios independientes consisten en presionar a los "anunciantes privados para quebrar económicamente a las empresas periodísticas" o "utilizar a los servicios de inteligencia para presionar, intimidar y espiar", según la SIP.

Este intento de asfixia de la libertad de prensa en los últimos doce años, agrega el documento, es el mismo registrado "en los países latinoamericanos que tuvieron gobiernos intolerantes de las voces críticas".

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El documento critica a la presidenta argentina, Cristina Kirchner, por lo que considera sus " manifestaciones injuriosas contra la prensa", y cita lo sucedido el pasado 5 de agosto cuando comparó a "magistrados, periodistas y medios que se ocupan de presuntos hechos de corrupción con los grupos que secuestraban, torturaban y mataban durante la dictadura militar".

Carga también el informe contra los "gastos en difusión y propaganda oficial del Estado en el segundo mandato de Cristina Fernández", que alcanzan los "900 millones de dólares", una cifra que será todavía superior a la empleada en "Fútbol para Todos", un programa estatal que "televisa las competencias futbolísticas de primera división y que tiene al Estado nacional como anunciante exclusivo", añade.

A una pregunta formulada sobre la marcha de la investigación de la muerte de Alberto Nisman, el fiscal que pretendía detallar ante el Congreso su denuncia contra Cristina Fernández por presunto encubrimiento de terroristas, el periodista que leyó el informe dijo que se ve una "clara campaña del Gobierno argentino para desacreditar a la víctima más que para investigar la causa" de su muerte.

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