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Se lleva a cabo en Brasil la primera acción penal por crimen en dictadura

Se lleva a cabo en Brasil la primera acción penal por crimen en dictadura

Un grupo de procuradores presentó a la justicia una denuncia que acusa al coronel de la reserva del Ejército Sebastiao Curió Rodrigues de Moura.

Presentan denuncia por el secuestro de cinco ex guerrilleros

BRASILIA- La primera demanda penal, presentada este miércoles en Brasil por crímenes durante la dictadura (1964-85) despierta la esperanza de familiares de víctimas del régimen, pero refuerza el malestar en ciertos sectores militares, ya recelosos por la creación de una Comisión de la Verdad.

Un grupo de procuradores presentó a la justicia de Marabá (en el estado amazónico de Pará, donde actuó la guerrilla del Araguaia) una denuncia que acusa al coronel de la reserva del Ejército Sebastiao Curió Rodrigues de Moura, del "secuestro" de cinco ex guerrilleros en los años 70 "hasta hoy desaparecidos", informó el fiscal Tiago Rabelo.

"Esta acción es extremamente importante para nosotros, fundamentalmente porque esas personas van a ser llamadas a explicar lo que hicieron, tendrán que salir de las sombras", explicó por su parte la ex presa política Cecilia Coimbra, presidenta del grupo Tortura Nunca Más, que reúne a familiares de víctimas de la dictadura.

En tanto, el presidente de la ONG Justicia y Derechos Humanos, Jair Krischke, señaló que "esta acción puede desenmascarar la represión horrible que hubo en toda esa región y es una oportunidad de reabrir el debate sobre la ley de amnistía".

Reconocen 400 muertos y desaparecidos durante la dictadura

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A diferencia del resto del Cono Sur, Brasil no ha condenado a militares que violaron los derechos humanos durante la dictadura, ya que la ley de amnistía de 1979 los protege de cárcel y juicios. Algunos familiares presentaron acciones civiles, que según Tortura Nunca Más fueron desconsideradas en altas instancias judiciales.

El Estado brasileño reconoce a 400 muertos y desaparecidos durante la dictadura.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró en 2010 sin "efectos jurídicos" la ley de amnistía y ordenó a Brasil que determine responsabilidades penales y sanciones por la detención arbitraria, tortura y desaparición forzada de cerca de 70 personas de la guerrilla del Araguaia.

Pero la Corte Suprema había corroborado ese año la validez de la ley de amnistía y ha insistido en que no puede revisarse.

El ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, estimó que la acción penal no generará inquietud entre los militares. "Vivimos en un Estado de Derecho y las fuerzas armadas están perfectamente ajustadas a la realidad constitucional", concluyó.

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