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La presidente de Brasil, Dilma Rousseff anunció medidas anticorrupción. 

Rousseff anuncia medidas anticorrupción tras escándalo en Petrobras

Rousseff anuncia medidas anticorrupción tras escándalo en Petrobras

La presidenta de Brasil presentó este miércoles un paquete de medidas anticorrupción, en medio de un monumental escándalo de desvío de fondos públicos

La presidente de Brasil, Dilma Rousseff anunció medidas anticorrupción. 
La presidente de Brasil, Dilma Rousseff anunció medidas anticorrupción. 

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, anunció este miércoles un conjunto de medidas para endurecer el combate a la corrupción y la impunidad, acuciada por masivas protestas y un escándalo de desvío de fondos públicos que involcra a la estatal Petrobras, y en medio de una estrepitosa caída de su popularidad.

“Mi compromiso contra la corrupción es coherente con mi vida personal, mi práctica política y mi actuación como presidenta”, dijo Rousseff, a la vez que recalcó que el Estado está en el deber de "investigar y castigar la corrupción de una forma rápida y efectiva"  y de "garantizar la protección de los inocentes".

Por las corruptelas en Petrobras están bajo investigación unos 50 políticos, entre quienes figura el tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), Joao Vaccari, señalado de estar envuelto en supuestas maniobras dirigidas a obtener dinero de Petrobras para financiar campañas de su tolda política. El escándalo también salpica a 18 empresas privadas.

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El episodio ha cobrado un precio muy alto a la popularidad de Rousseff, quien asumió su segundo mandato en enero pasado tras ganar las elecciones con un 51,6% de los votos. Según una encuesta divulgada por Datafolha este miércoles, la aprobación de su gestión se desplomó a 13%, un mínimo histórico para una gestión que aún no ha llegado a sus primeros tres meses.

Las medidas anunciadas por el gobierno brasilero forman parte de un conjunto de proyectos de ley, que deberán ser aprobados por el Congreso, y en los que se tipifica como delito penal el ocultamiento de dinero obtenido por los partidos para sus campañas, una práctica que hoy sólo es considerada como infracción de tipo electoral y castigada con meras sanciones administrativas.

Otras medidas proponen reglamentar y agilizar los trámites para la confiscación de los bienes obtenidos a través de la corrupción y facilitar su subasta, a fin de recuperar el dinero robado al Estado mediante esas prácticas. También se propone extender a todos los empleados públicos del país una ley que hasta ahora rige sólo para los políticos e impide que postulen a cargos oficiales si responden a algún proceso ante los tribunales o han sido declarados culpables de delitos contra el patrimonio público o de tipo penal.

El Ejecutivo también propone revisar las leyes contra el enriquecimiento ilícito en el sentido de que se abran investigaciones judiciales en todos los casos en que los bienes declarados a las autoridades por los empleados públicos no sean acordes a sus niveles de ingreso. Además, plantea sancionar un reglamento basado en una ley contra la corrupción ya aprobada en las cámaras, la cual endurece las penas para los empresarios que se involucren en delitos contra el erario público.

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"Vamos a enfrentar esa cuestión de forma bien abierta, pues así se atenderá una demanda de la población, que quiere elecciones más transparentes y limpias", declaró Rousseff. Esto ocurre tres días después de que su Gobierno fuese blanco de multitudinarias protestas contra la corrupción y contra la delicada situación económica del país.

Una vez más, Rousseff declaró que "todos los brasileños", incluso aquellos que no la respaldan, "saben que la corrupción no fue inventada recientemente". Esa última frase pareció aludir a confesiones de exdirectivos de Petrobras implicados en las corruptelas, que han asegurado que las prácticas ilícitas en la empresa se remontan a 1997, cuando el país era gobernado por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

Las medidas contra la corrupción fueron presentadas al mismo tiempo que activistas del movimiento Sin Techo protestaban en varias ciudades del país contra un ajuste fiscal adoptado por el Gobierno para atajar una crítica situación económica. Según los manifestantes, esta reforma ha afectado planes de viviendas populares prometidos por la mandataria.

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