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El plan de reforma fiscal implica "sacrificios" para los puertorriqueños de a pie.

Recortar pensiones y salario mínimo, medidas del plan de Puerto Rico para reducir su deuda

Recortar pensiones y salario mínimo, medidas del plan de Puerto Rico para reducir su deuda

El plan de reforma fiscal considera recortes a las pensiones de los maestros, una bajada al salario mínimo de jóvenes y otras medidas.


El plan de reforma fiscal implica "sacrificios" para los puertorriqueños...
El plan de reforma fiscal implica "sacrificios" para los puertorriqueños de a pie.

El plan de reforma fiscal largamente esperado fue desvelado por el gobierno de Puerto Rico este miércoles, con la intención de reducir gran parte de la deuda pública de la isla equivalente a 72,000 millones de dólares y que implica reestructurar una parte a expensas de poseedores de bonos, además de distintos "sacrificios" para los puertorriqueños de a pie.

El plan a cinco años abarca sólo 47,000 millones de dólares del total de la deuda del territorio estadounidense y deja fuera a la agobiada empresa eléctrica estatal, así como a la compañía de agua y alcantarillado.

En un breve informe, miembros del grupo que trabajó en el plan dijeron que el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico se quedará sin dinero a finales de este año si no se actúa y advirtieron que el gobierno podría carecer de liquidez el año entrante si no se implementa el plan.

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No queda claro cómo los acreedores y poseedores de bonos reaccionarán al plan, el cual todavía necesita la aprobación de la legislatura puertorriqueña y del gobernador.

El plan pide la creación de una junta de control conformada por cinco miembros que serían nombrados por el gobernador y que tomaría en cuenta las sugerencias de acreedores y posiblemente del gobierno federal. La junta supervisaría la puesta en marcha del plan, pero las autoridades dijeron que era demasiado pronto decir qué tipo de facultades tendrá la junta si el gobierno no cumple con los objetivos financieros.

Las autoridades dicen que el gobierno también debe considerar recortes a las pensiones de los maestros, una bajada en el salario mínimo para trabajadores jóvenes, cierre de escuelas, la reducción del presupuesto para la universidad pública, la privatización de ciertos servicios en áreas de sanidad, transporte y gestión, así como invertir en asociaciones público-privadas y reducir subsidios a municipios, entre otras medidas. La intención, afirman, es reactivar una economía que lleva casi una década en recesión.

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No queda claro cuántas de estas sugerencias serán implementadas. Las autoridades anticipan un intenso debate en el Senado y la Cámara de Representantes de la isla y señalaron que en 2016 habrá elecciones.

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El plan también estipula que Puerto Rico debe buscar trato igual por parte del gobierno estadounidense en lo que respecta a incentivos fiscales y rembolsos en gastos médicos.

De lograr una reestructuración, ésta sería la mayor en la historia del mercado de bonos municipales, por encima de los 8,000 millones de Detroit en 2013.

Hace dos meses el Gobierno encabezado por Alejandro García Padilla anunció que ya no tenía capacidad para pagar la deuda en los términos en los que estaba negociada, entre otros motivos, porque los mercados financieros le han cerrado las puertas para seguir pidiendo prestado.

Puerto Rico tendría que abonar unos 18,000 millones de dólares en el próximo lustro para pagar sus deudas, algo que "para una economía que no crece es imposible". Por ello, ha pedido a los bonistas que accedan a recibir sólo unos 5,000 millones.

"Obligarnos a escoger entre pagarle a un acreedor o a un maestro, un policía o a una enfermera" es "una decisión que preferiría no tener que tomar, pero que tomaré", advirtió el miércoles el gobernador en un mensaje transmitido por las radios y televisión locales.

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Si los acreedores no están dispuestos a negociar, Puerto Rico "no tendrá otra alternativa que proceder sin ellos", aunque "ni a nosotros ni a ellos nos conviene ese camino más duro", porque "serían años de litigios, impagos y una crisis humanitaria de proporciones mayores", subrayó.

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El gobernador reconoció que durante la última década ya se han pedido muchos "sacrificios" a los puertorriqueños, por lo que es tiempo, dijo, de que los acreedores también se sacrifiquen con el objetivo último de lograr el crecimiento económico sostenible, porque sin él, dijo, no se puede pagar la deuda.

Los analistas valoran las intenciones del Gobierno pero las ven difíciles de cumplir, ya que la mayor parte de las medidas enfrentarán una gran oposición política y social y requieren la aprobación parlamentaria o la colaboración de Washington.

Los sindicatos ya han anunciado movilizaciones que comenzarán el próximo viernes y es posible que se unan a ellas los movimientos estudiantiles y otras fuerzas sociales.

"La capacidad del Estado Libre Asociado de poner en práctica muchas de las políticas recomendadas planteará desafíos políticos", advirtió Ted Hampton, analista de Moody's, que ve "una alta probabilidad de que esto derive en litigio prolongado".

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Para favorecer el apoyo de Washington, recientemente el Gobierno de Puerto Rico ha contado con el apoyo expreso de personalidades como la precandidata presidencial Hillary Clinton o el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que han visitado la isla estos días.

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Puerto Rico quiere que Washington le permita acogerse a la Ley federal de Quiebras para que sus empresas públicas puedan declararse en bancarrota, le exima de las leyes de cabotaje, que obligan a importar todas las mercancías con barcos de bandera estadounidense, y le transfiera los mismos fondos que a otros estados para financiar su endeudado sistema sanitario.

La isla sufre un masivo éxodo poblacional (en gran parte jóvenes y profesionales) que le está dejando cargada de ancianos y de personas a las que les compensa más vivir de las subvenciones públicas que conseguir un trabajo.

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"No estamos pidiendo un rescate", dijo el Gobierno, "sino un trato justo" por parte de Washington y la colaboración de los titulares de la deuda, a los que ofrece someterse al control de una junta de control fiscal integrada por cinco miembros que cuenten con su visto bueno.

El Gobierno también ha llamado a la unidad interna, porque "es momento de solidaridad para juntos salir de la situación en la que nos encontramos", ya que "no se puede subestimar el grado de urgencia de la situación fiscal de Puerto Rico".

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