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Morales convocó a referendo revocatorio

Morales convocó a referendo revocatorio

Los bolivianos decidirán el próximo 10 de agosto en un referendo si ratifican o revocan el mandato de Evo Morales.

Morales promulgó hoy la ley de convocatoria del referendo

revocatorio que supone un hito en la historia del país, ya que es la

primera vez que Bolivia celebrará una consulta de estas

características, enfatizó el mandatario."No tengo miedo al pueblo: que diga su verdad y nos juzgue",

subrayó Morales tras promulgar esta ley, cuatro días después de que

el Senado de Bolivia decidiera de forma sorpresiva aprobarla,

rescatando una iniciativa que partió del propio gobernante el pasado

diciembre.Fue Morales quien envió al Congreso Nacional a fines de 2007 el

proyecto de ley para celebrar un revocatorio, cuando el país vivía

una conflictiva situación vinculada al proceso constituyente.La Cámara de Diputados aprobó la norma en enero y pasó al Senado,

controlado por la oposición, donde quedó paralizada varios meses.Crisis políticaEl referendo revocatorio da un nuevo giro a la complicada crisis

de Bolivia, marcada en los últimos meses por el enfrentamiento entre

la refundación constitucionalista que impulsa Morales y los procesos

autonómicos que han iniciado varias regiones opositoras con el

rechazo del Gobierno.El jefe de Estado indígena ha aceptado "con satisfacción"

someterse a una consulta que se celebrará prácticamente en el

ecuador de su mandato y con un "récord" de permanencia en el sillón

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presidencial, si se compara con sus cuatro antecesores inmediatos.Morales hizo hoy un llamado a la comunidad internacional para que

envíen observadores al revocatorio, al tiempo que pidió a la Corte

Nacional Electoral que articule un proceso "transparente".Nueve gobernadoresEl referendo también incluye a los gobernadores de los nueve

departamentos en que está dividido el país, seis de ellos gobernados

por opositores (Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Cochabamba y

Chuquisaca).Esta convocatoria departamental plantea dudas sobre el caso de

Chuquisaca, que está regida por un prefecto interino nombrado por

Morales después de que el titular huyera del país en noviembre por

los violentos episodios que causaron en su capital, Sucre, tres

muertos y 300 heridos durante los trabajos de la Constituyente.De hecho, se ha fijado la fecha del 29 de junio para celebrar

elecciones en este departamento, con el fin de elegir prefecto.

En cualquier caso, el 10 de agosto se preguntará a los bolivianos

si están de acuerdo, por un lado, con "la continuidad del proceso de

cambio" encabezado por Morales y su vicepresidente, y, por otro, con

la de los gobernadores.La ley promulgada hoy establece que para revocar los mandatos

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hace falta que el "no" supere tanto el porcentaje de apoyo obtenido

en los comicios de 2005, en los que fueron elegidos Morales, el

vicepresidente y los actuales prefectos, como el número absoluto de

votos.En el caso de Morales y García Linera tendrían que dejar los

cargos si el "no" es superior al 53.7 por ciento de apoyo que

consiguieron en 2005 y a los 1,544.374 votos que cosecharon.Mantener el diálogoSi los bolivianos deciden revocar al presidente y al

vicepresidente, Morales debe convocar a elecciones generales en un

plazo de tres a seis meses.Si son los prefectos quienes no salen ratificados, deben cesar en

su cargo y el jefe de Estado designaría a un gobernador en funciones

y tendrían que celebrarse comicios departamentales.A pesar del revocatorio, el Gobierno mantiene la oferta de

diálogo con los gobernadores regionales para buscar soluciones a la

crítica situación política del país.Morales ha convocado hoy a los prefectos, pero los de Santa Cruz,

Beni, Pando y Tarija, todos opositores, no acudirán finalmente a la

cita.Santa Cruz aprobó el 4 de mayo un estatuto autonómico que el

Gobierno considera ilegal y separatista y las otras tres tienen

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previsto hacer lo mismo en sendas consultas programadas para junio.El presidente volvió hoy a insistir en la necesidad de diálogo

para asegurar la unidad nacional y garantizar un proceso autonómico

basado en la legalidad y que contribuya a resolver las diferencias

económicas entre departamentos.

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