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Militares patrullan las calles de Honduras, luchan contra crimen organiz...

El presidente hondureño, Porfirio Lobo ordenó al ejército apoyar a la policía para combatir el crimen organizado.

Militares patrullan las calles de Honduras, luchan contra crimen organizado

Militares patrullan las calles de Honduras, luchan contra crimen organizado

Salen militares a patrullar las calles en Honduras

El presidente hondureño, Porfirio Lobo ordenó al ejército apoyar a la po...
El presidente hondureño, Porfirio Lobo ordenó al ejército apoyar a la policía para combatir el crimen organizado.

Contrarrestar a las pandillas

TEGUCIGALPA - El presidente de Honduras, Porfirio Lobo, ordenó a los militares salir el martes a las calles de las principales ciudades del país para contrarrestar la ola delictiva que azota a la nación y proteger a la población de los asaltos.

Los patrullajes entre policías y militares se realizarán en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, El Progreso y La Ceiba, y se llevarán a cabo por tiempo indefinido, informó este martes el ministro de Defensa, Marlon Pascua.

"El presidente Porfirio Lobo ha ordenado a las Fuerzas Armadas y al ministerio de Seguridad hacer operativos conjuntos y vamos a tomar las medidas necesarias para cumplir esas órdenes", anunció en rueda de prensa el jefe del estado mayor conjunto de las Fuerzas Armadas, el general René Osorio.

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"Nuestra intención es cooperar con la Secretaría de Seguridad, ser eficientes en la utilización de los recursos, tanto de la Secretaría de Defensa como de la Secretaría de Seguridad, para dar los golpes más certeros a la delincuencia", apuntó por su parte el ministro de la Defensa, Marlon Pascua.

Lobo determinó sacar a los militares a las calles la noche del lunes en una reunión que sostuvo con varios miembros de su gabinete, como los ministros de Defensa, Marlon Pascua, y de Seguridad, "scar Alvarez, y con el presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernandez.

Contra el crimen organizado

El mandatario también ordenó trabajar con otras instituciones del Estado para elaborar una política contra el crimen organizado, que incluirá reforzar la investigación y mejorar las leyes contra la criminalidad.

Además se definió que se ampliará el presupuesto de Seguridad para garantizar la movilización de la policía en las calles de las principales ciudades del país, durante el tiempo que sea necesario.

Aumentar penas

Los jerarcas de los supremos poderes también analizaron la posibilidad de aumentar las penas a los delincuentes, extender de 24 a 72 horas el período de detención sin formulación de cargos y eliminar las restricciones horarias para los allanamientos (actualmente limitados de 6 de la mañana a 6 de la tarde).

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Estas medidas que el Poder Ejecutivo se propone impulsar tendrían que ser aprobadas por el Congreso, pues requieren de reformas legales.

Con unos 14,000 policías en servicio y unos sistemas judicial y carcelario que no dan abasto, la ola de criminalidad se ha intensificado en este país centroamericano, donde el año pasado se registraron aproximadamente 6.000 homicidios.

De acuerdo con el Observario de la Violencia, auspiciado por la Universidad Nacional, el ministerio de Seguridad, la Fiscalía y las Naciones Unidas, esa cifra representa una tasa anual de 70 por cada 100,000 habitantes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la tasa de homicidios en el mundo es de 8.8 por cada 100,000 habitantes.

Delitos comunes

La violencia está asociada con el delito común: asaltos, secuestros y robos de carros, entre otros, pero también con la acción de las pandillas juveniles, el narcotráfico y otras formas de crimen organizado.

Frente a la creciente inseguridad, las mayores críticas se dirigen al sistema de justicia, pues el 98% de los crímenes queda impune.

Tras la reunión con el presidente Lobo, el fiscal general, Luis Rubí, afirmó que para aumentar la eficacia de la justicia se requieren cuerpos técnicos especializados con alta tecnología para llevar a cabo las investigaciones.

"El mayor problema que tenemos en la investigación es que nos hemos recostado en la prueba testifical y eso ha tenido consecuencias graves, porque no hay capacidad para proteger a los testigos", explicó el funcionario.

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