publicidad

Las cuentas secretas de Pinochet

Las cuentas secretas de Pinochet

El 'caso Riggs' ha causado el abandono incluso de los que justificaban los crímenes de la dictadura.

Aquella orden provenía de Madrid, de un juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que pretendía juzgarle por delitos de genocidio y terrorismo. Pinochet, amparado en la inmunidad que le concedía su condición de senador vitalicio -según la Constitución redactada por su propio régimen en 1980 para asegurarse la inviabilidad de pesadillas como la que estaba viviendo-, ya había sorteado los zarpazos de la justicia internacional, como los intentos de una juez argentina de sentarle en el banquillo por la muerte del general Carlos Prats, en Buenos Aires en 1974. Pero la orden emitida desde España pintaba mal. Sobre todo, pintaba eterna.Hasta hoy, el dictador se ha enfrentado -en ocasiones, con fiereza y soberbia; en otras, con pretendida humildad; las más, con silencio e indiferencia- a más de 300 querellas por violaciones de los derechos humanos. La primera de importancia fue la relativa al caso calle Conferencia, que juzgaba el asesinato de cinco dirigentes clandestinos del Partido Comunista Chileno en mayo de 1976. Pero fue en las que siguieron cuando perdió lo que más valoraba: su inmunidad. Y aunque las triquiñuelas legales en ocasiones han dado fruto, en muchas otras no han logrado detener la cascada. El enésimo embate puede producirse próximamente, si la Corte de Apelaciones de Santiago se pronuncia sobre la petición de desafuero del general por el asesinato del sacerdote español Antonio Llidó, dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que desapareció en 1974.Evitar el embargo de bienesHoy alega Garzón que en aquel 1998 la familia Pinochet inició una serie de movimientos financieros para eludir el embargo de sus bienes. Y ahora, después de ocho años casi exactos, con una precisión de justicia histórica, el círculo -más bien la espiral, porque no parece tener fin- cierra el ciclo. El magistrado español quiere investigar los dineros del general y de su esposa, Lucía Hiriart, para asegurar el pago a las víctimas de la dictadura y así consta en una petición dirigida a la Corte Suprema de Chile. Ésta se pronunció el pasado sábado: accede a que Garzón interrogue a la pareja mediante un exhorto por escrito que será enviado a la justicia chilena.

publicidad

Han sido precisamente las acusaciones de delitos económicos -primeras

no relacionadas con los derechos humanos- las que realmente han logrado

golpear al general en el centro de su diana.

Al hilo de ellas, hay quien ha sentenciado que si algo debe la historia

agradecer a Pinochet es su capacidad para desnudar el alma humana.

Entiéndase: la de sus seguidores. La prueba fehaciente está en el caso

Riggs.

Así sucedió: en julio de 2004, el juez Sergio Muñoz abrió una

investigación para dilucidar el origen de las cantidades de dinero que

el dictador supuestamente había depositado en varios bancos

extranjeros, principalmente en el Riggs de EU.

Según los informes del magistrado, Pinochet cometió delitos

tributarios, hurto, malversación de fondos y falsificación de

pasaportes y documentos oficiales para eludir las medidas cautelares

que la justicia española le había impuesto durante los 503 días que

publicidad

pasó en Londres.

Muchos millones de dólares

La cifra ocultada al fisco chileno se calculaba en casi 26 millones de

dólares, pero si se confirma la posesión de 9 mil kilos de oro en

lingotes, depositados en el HSBC de Hong Kong, a la suma inicial se

añadirían otros 160 millones de dólares.

Todo, en una época en la que alegaba "demencia senil" para eludir su

sometimiento a la justicia y al mismo tiempo realizaba complejas

operaciones de lavado de dinero. Paradojas.

Así las cosas, en octubre de 2005 la Corte Suprema le retiró la

inmunidad por presunta evasión tributaria y falsificación de documentos

públicos.

Dos meses después, en diciembre, la Corte de Apelaciones de Santiago le

desaforó de nuevo por una categórica votación de 21 votos contra tres

por el caso Riggs.

publicidad

Y más aún: a principios de 2006, la investigación provocó que se

procesara como cómplices a su esposa y a su hijo Marco Antonio. Este

último sufrió prisión preventiva, mientras que Hiriart fue internada en

el Hospital Militar.

Negado por los suyos

Fue entonces cuando Pinochet, a quien nunca faltaron dotes mesiánicas, debió creerse rodeado de pedros que negaban al maestro.

Hasta el momento, la derecha pinochetista había justificado los

crímenes de la dictadura. Fue un periodo difícil, argumentaban. Había

que consolidar el régimen y la izquierda quería desestabilizarlo, se

excusaban. En todo golpe de Estado debe haber víctimas y mejor que sean

del bando contrario, concluían.

Pero llegó el caso Riggs y se quedaron sin argumentos: nada, nada

explica la mentira destinada al enriquecimiento propio, sentenciaron.

Eso no se perdona.

Y si el dictador creyó que le quedaba algún amigo, la esperanza se

publicidad

desvaneció en la campaña para las elecciones presidenciales de 2005. El

candidato de la derecha, Joaquín Lavín, se desmarcó explícitamente de

Pinochet. Judas redivivo y el general, en su Gólgota.

publicidad
Contenido Patrocinado
En alianza con:
publicidad
En su primer mitin político desde que asumió la presidencia, Trump arremetió contra la prensa, su oposición política, entre otros. Sus seguidores aseguran que el mandatario cumplirá todas sus promesas de campaña.
Durante una conferencia de prensa, el mandatario estadounidense le preguntó al periodista de CNN Jim Acosta si tenía relación con su nuevo nominado a secretario de Trabajo, Alexander Acosta. Le dijo a una reportera afroestadounidense si podía organizar una reunión con congresistas negros y aseguró no ser racista o antisemita.
Something as everyday as walking to the supermarket becomes a risk students like Jose Reza can no longer take. The possibility alone that police departments can share information with immigration agencies has immigrant communities across the nation on high alert, especially at universities.
Una actividad cotidiana, como ir al supermercado, ahora es un riesgo que Jose Reza no puede darse el lujo de tomar. La sola posibilidad de que la policía pueda compartir información con las agencias de inmigración tiene en alerta a las comunidades de inmigrantes, sobre todo en las universidades.
publicidad