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Las criticas de 'Human Rights Watch' a los países de América Latina

Las criticas de 'Human Rights Watch' a los países de América Latina

Cuba sigue siendo el único país latinoamericano que reprime todo disenso, denunció el deterioro de los derechos humanos en Venezuela.

De frontera a frontera

MÉXICO - La organización Human Rights Watch (HRW) señaló que Cuba sigue siendo el único país latinoamericano que reprime todo disenso, denunció el deterioro de los derechos humanos en Venezuela y advirtió que la represión del crimen organizado incrementa la violencia en México.

En el capítulo americano de su informe mundial sobre derechos humanos en 2011 divulgado en El Cairo, HRW señaló también que los poderes obtenidos por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, pueden lesionar la libertad de expresión y la independencia judicial.

El caso de Cuba, de represión

"Cuba se mantiene como el único país latinoamericano que virtualmente reprime toda forma de disenso político", advierte el informe.

"En 2011 el gobierno (del presidente Raúl Castro) siguió imponiendo la conformidad política mediante arrestos breves, golpizas, actos de repudio público, exilio forzado y restricciones a los viajes", añade.

"Los cubanos que critican al gobierno son objeto de cargos criminales. No acceden a las garantías del debido proceso, como el derecho a la defensa o audiencias públicas e imparciales en un tribunal competente, independiente e imparcial", precisa HRW.

"En la práctica, las cortes (judiciales) están 'subordinadas' a los poderes Ejecutivo y Legislativo", advierte.

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Denunció que una organización cubana de derechos humanos divulgó en junio de 2011 una lista de 43 presos políticos en el país, pero esta entidad "estima que hay más presos políticos cuyos casos no puede documentar".

Señaló que las detenciones son usadas para impedir la participación en "mítines o eventos vistos como críticos del gobierno".

"Las víctimas de tales arrestos arbitrarios dijeron que han permanecido 'incomunicados' por varias horas o días, a menudo en cuarteles policiales", precisó el reporte.

"Algunos han recibido un 'acta de advertencia', que los fiscales pueden usar después en juicios penales para mostrar un patrón de comportamiento delictivo", añadió.

Recordó que los últimos 12 disidentes del "grupo de los 75" que fueron detenidos en 2003 y condenados a largas penas de cárcel, fueron excarcelados en marzo de 2011, pero "la mayoría fueron forzados a escoger entre continuar en prisión o el exilio forzado".

Human Rights Watch criticó además que el gobierno cubano "mantiene el monopolio de los medios en la isla, lo que asegura que virtualmente no haya libertad de expresión".

"El gobierno controla todo lo que difunden los medios en Cuba y el acceso a la información del exterior está altamente restringida. El acceso limitado a internet significa que solo una pequeña fracción de cubanos pueden leer artículos publicados independientemente y blogs", alertó HRW.

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El informe también destacó que el gobierno cubano impide a sus ciudadanos salir y entrar al país sin obtener un "permiso oficial, que a menudo es negado".

"Por ejemplo, a la conocida bloguera Yoani Sánchez, que ha criticado al gobierno, se le ha negado el derecho a salir de la isla para recibir premios y participar en conferencias en al menos 16 ocasiones en los últimos cuatro años", indicó.

En Venezuela situación de derechos humanos es 'precaria'

El documento afirma además que en Venezuela la situación de los derechos humanos es "precaria".

"El debilitamiento del sistema democrático de equilibrio de poderes bajo el gobierno del presidente Hugo Chávez ha contribuido a una precaria situación de los derechos humanos", señala.

"El gobierno sistemáticamente ha socavado el derecho a la libertad de expresión, la actividad sindical y la capacidad de acción de los grupos defensores de los derechos humanos", indicó HRW.

La organización dice que los legisladores chavistas "aprobaron diversas leyes que aumentaron la capacidad del gobierno de restringir derechos".

El informe se detiene sobre varias leyes que aprobó el saliente Parlamento en diciembre de 2010, entonces dominado casi totalmente por el oficialismo, cuando habilitó a Chávez para legislar por decreto durante 18 meses o reformó una norma que ampliaba las regulaciones a los medios de comunicación.

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"Las vagas disposiciones de la ley (habilitante) pudieron impactar directamente en el ejercicio de los derechos porque, por ejemplo, permitían al presidente determinar qué penas podían ser impuestas a alguien que cometía un crimen", señala el documento.

HRW aseguró también que en Venezuela hay una serie de normas que "contribuyen a un clima de autocensura", como la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos del año 2004, que fue reformada en 2010, para regular los contenidos en internet y ampliar las limitaciones a radios y televisoras.

Según esta ley, que fue muy criticada por los opositores a Chávez, los medios que difundan mensajes que pudieran "hacer apología del delito", "fomentar zozobra en la ciudadanía" o los destinados a "desconocer a las autoridades legítimamente constituidas" serán sancionados.

El informe de HRW cuestionó también la decisión oficial que en 2009 llevó a la salida del aire de una treintena de radioemisoras, o la revocación dos años antes de la concesión a la televisora RCTV, muy crítica con el gobierno.

Igualmente denunció los procesos administrativos contra la estación Globovisión, un canal de noticias de línea editorial crítica, así como la multa por más de 2 millones de dólares con que fue sancionada en octubre por la cobertura que hizo de una violenta crisis carcelaria.

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En cuanto al Poder Judicial, HRW aseguró que "desde 2004 el Tribunal Supremo de Justicia ha abdicado en su rol de vigilar al Poder Ejecutivo, fallando en la protección de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución".

"Chávez y sus aliados tomaron el control del Tribunal Supremo de Justicia instalando a partidarios del gobierno y creando nuevas medidas para realizar purgas entre los jueces de la corte", acusó HRW.

Esta falta de independencia, añadió, ha favorecido "el enjuiciamiento de reconocidos opositores a Chávez", como el ex gobernador Oswaldo Álvarez Paz; el presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga; o el líder sindical Rubén González.

La organización humanitaria denunció además el proceso contra la jueza María Lourdes Afiuni, detenida desde hace dos años por otorgar libertad condicional a un banquero acusado de corrupción.

"Jueces independientes pueden enfrentar represalias si fallan en contra de los intereses del gobierno", afirmó HRW, que recordó que "al día siguiente de su detención, Chávez acusó públicamente a Afiuni de ser una 'bandida' que debería recibir la pena máxima de 30 años de cárcel".

Sobre la inseguridad y violencia que azotan a este país sudamericano, el documento de HRW sostiene que "los crímenes violentos proliferan en Venezuela, donde los asesinatos extrajudiciales por agentes de seguridad siguen siendo un problema".

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"Las prisiones venezolanas están entre las más violentas de América Latina. Débiles sistemas de seguridad, hacinamiento, vigilancia insuficiente, pobremente preparada y corrupción, permiten que las bandas armadas efectivamente controlen las prisiones", sentenció HRW.

Chávez está en el poder desde 1999 y en las elecciones de octubre aspirará a un tercer mandato.

En México se alimenta la violencia

En su informe sobre México, apunta que las acciones de las fuerzas de seguridad movilizadas para combatir bandas criminales que, a su vez, libran guerras entre sí, alimentan la violencia.

"Los esfuerzos de la administración del presidente Felipe Calderón condujeron a un significativo aumento en las muertes, torturas y otros abusos de las fuerzas de seguridad lo cual empeoró el clima de anarquía e ilegalidad en muchas partes del país", dice HRW.

"Periodistas, defensores de los derechos humanos y migrantes son blanco de ataques de grupos criminales por cuanto México no ha conseguido asegurarle protección a esos grupos vulnerables", añade.

Sobre Ecuador, HRW expresó su inquietud por el futuro de la libertad de expresión y el poder judicial.

"En un referéndum realizado en mayo de 2011 el presidente Rafael Correa obtuvo un mandato popular para reformas constitucionales que podrían aumentar significativamente el poder del gobierno para controlar los medios de comunicación e influir en la designación y destitución de jueces", dijo HRW.

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En Colombia activistas sociales son perseguidos

Al examinar a Colombia, HRW afirmó que en su primer año de gobierno el presidente Juan Manuel Santos mostró "más preocupación por los derechos humanos que su antecesor" Álvaro Uribe (2002-2010).

No obstante advierte que sindicalistas, periodistas y activistas sociales siguen siendo perseguidos, secuestrados o asesinados por actores del conflicto armado interno que desde hace décadas sacude a Colombia.

En Brasil hay corrupción y abuso policial

Sobre Brasil, HRW apuntó que varias organizaciones policiales incurren "con impunidad en prácticas abusivas" y la violencia por conflictos de tierra campea en varias zonas del país.

En Argentina, deporables condiciones en prisión

En su análisis sobre Argentina elogia los procesos judiciales por crímenes de la dictadura (1976-1983).

Empero HRW dice tener "preocupaciones significativas" sobre "deplorables condiciones en las prisiones, torturas y restricciones arbitrarias a los derechos reproductivos de las mujeres".

En Chile hay postestad de enjuiciar policías

De Chile afirmó que el presidente Sebastián Piñera reformó las leyes contra el terrorismo y el sistema de justicia militar "eliminando importantes elementos que eran incompatibles con los estándares internacionales del debido proceso."

Apunta que los jueces militares ya no tienen jurisdicción sobre civiles pero mantienen la potestad de enjuiciar a los policías acusados de abusos a los derechos humanos.

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Riesgos en la libertad de expresión en Ecuador

Ecuador mantiene vigentes leyes que coartan la libertad de expresión, una problemática que podría ahondarse con nuevas normas impulsadas por el presidente Rafael Correa en un contexto de enfrentamiento con un sector de la prensa, señala el informe anual de Human Rights Watch (HRW).

"Las leyes penales de difamación que restringen la libertad de expresión siguen en vigor y Correa las ha utilizado en varias ocasiones contra sus críticos", indica el reporte de la ONG de derechos humanos difundido este domingo.

HRW indicó que a ello se suma un proyecto de ley de comunicación, presentado por el oficialismo de izquierda al Congreso, algunos de cuyos artículos "podrían abrir la puerta a la censura de los medios".

Dicha iniciativa, aprobada vía referendo en mayo de 2011, propone un consejo que sancione la difusión de contenidos violentos, discriminatorios o explícitamente sexuales, lo que HRW considera "términos vagos" que podrían "conducir fácilmente" a castigar a los "medios críticos" del gobierno.

El informe sostiene que bajo la actual legislación los periodistas pueden enfrentar penas de hasta dos años de cárcel por desacato (irrespeto a la autoridad), y cita un documento de la ONG local

Fundamedios, según el cual cinco reporteros fueron condenados por difamación desde 2008, mientras que 18 enfrentan cargos similares.

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HRW menciona en particular el caso del diario El Universo, cuyos tres directivos y el periodista Emilio Palacio fueron condenados a tres años de cárcel y al pago de 40 millones de dólares a Correa, que los demandó como ciudadano común por injurias calumniosas.

Una audiencia de casación tendrá lugar el martes en este juicio, interpuesto a raíz de una columna en la que Palacio llama a Correa dictador y le advierte que podría ser procesado por crímenes de lesa humanidad.

"El presidente Correa con frecuencia reprende periodistas y medios de comunicación que lo critican y ha llevado personalmente a los periodistas a la corte por supuestamente difamarlo", sostiene la organización.

HRW también asegura que las reformas aprobadas en el referendo de 2011 "podrían incrementar el poder del gobierno para constreñir a los medios e influenciar el despido de jueces", en el marco de una reestructuración del sistema judicial que hasta el año pasado tenía represadas 1.2 millones de causas.

Asimismo, la ONG cuestiona los cargos de terrorismo contra indígenas envueltos en sabotajes durante protestas contra la explotación petrolera y minera, y denuncia que la impunidad por los abusos policiales sigue "muy extendida".

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