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La corrupción en el alto gobierno indigna a los guatemaltecos, a semanas de las elecciones

La corrupción en el alto gobierno indigna a los guatemaltecos, a semanas de las elecciones

A semanas de las presidenciales Guatemala se sume en una crisis política detonada por las denuncias de corrupción contra Pérez Molina y su exvicepresidenta.

Por Romina Ruiz-Goiriena  (@RominaAdi)  desde Ciudad de Guatemala

El pueblo gritaba en frente al Palacio Nacional, “ Otto, ladrón te queremos en Pavón”, haciendo referencia a una de las cárceles de máxima seguridad de Guatemala.

Con piñatas y rótulos, decenas de miles de guatemaltecos volvieron a tomar las calles en toda la nación centroamericana exigiendo la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, el fin de la corrupción"y ahora, la suspensión de las elecciones generales programadas para el 6 de septiembre.

“La gente quiere un cambio total del sistema político corrupto”, explicó Álvaro Montenegro integrante del movimiento #JusticiaYa que ha coordinado las protestas que comenzaron en abril después que un escándalo de defraudación aduanera arrastrara al país a la mayor crisis política de las últimas décadas.

“Ya no queremos que se replique esto”, afirmó el estudiante de derecho de 27 años de edad.

Tras cuatro meses de manifestaciones, renuncias de ministros y varios casos de corrupción, las protestas llegaron a su máximo apogeo luego que la exvicepresidenta Roxana Baldetti fuera arrestada y enviada a prisión preventiva el viernes pasado, acusada de asociación ilícita, cohecho pasivo y defraudación aduanera. 

Al ser trasladada, la multitud la insultaba al unísono, cada vez con más intensidad. Intentaban golpear los vidrios de la camioneta mientras se desplegaban las fuerzas antimotines.

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Las autoridades también solicitaron que se le levantase la inmunidad por un pedido de antejuicio al presidente Pérez Molina, señalando así el derrumbe de su administración.

“Llevan a considerar como probable que el señor Presidente de la República haya participado en la comisión de las mismas conductas punibles”, indicó la fiscal general Thelma Aldana.

"La línea" que los une a todos

El caso más grande de corrupción que ha sacudido al país es conocido como “La Línea”, por causa del cual fueron arrestados al menos 50 funcionarios y otras personas presuntamente responsables de desfalcar el fisco guatemalteco al recibir sobornos de empresarios para ayudarles a evadir impuestos.

La red fue destapada en abril por autoridades del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una entidad de Naciones Unidas creada en el 2007 para desarticular cuerpos clandestinos que operan en el Estado.

Tras el primer operativo, la Comisión señaló a Juan Carlos Monzón Rojas, el prófugo exsecretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti, como cabecilla de la trama. El escándalo llevó al Congreso de la República a considerar levantarle la inmunidad a la vicemandataria para que pudiera ser investigada; ante esta posibilidad, Baldetti renunció el 8 de mayo.

Sin embargo, esto no aplacó las investigaciones. La presión ciudadana continuó demandando la renuncia del Presidente.

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“La corrupción llegó a niveles inaceptables para la clase media urbana”, explicó el analista político de radio y televisión, Quique Godoy. “La labor del Ministerio Público y la CICIG llegó como una bocanada de aire fresco.”

Las autoridades mantienen que sobre esta estructura figuraban los jefes máximos del gobierno.

“Las referencias al uno y a la dos corresponden al Presidente y a la entonces Vicepresidenta de la República”, dijo el comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, el viernes pasado durante una conferencia de prensa.

La comisión investigadora presentó como evidencia más de 5,906 correos electrónicos, 88,920 escuchas telefónicas y 175,000 documentos extraídos del almacenamiento electrónico de computadoras en los allanamientos.  Hasta el momento, no se he determinado la cantidad exacta del sistema de sobornos.

La oficina de la Presidente no contestó las solicitudes de comentarios de Univision. Este domingo por la noche, Pérez Molina respondió escuetamente a las acusaciones a través de un mensaje de cinco minutos, transmitido por medios locales,  donde dijo que no renunciaría a su cargo y atribuyó la crisis a una “estrategia intervencionista” alentada por sectores de poder de Guatemala y del extranjero.

“Si a ciertos sectores de la comunidad internacional y a algunos grupos del poder del país no les parecen adecuados los candidatos a dirigir Guatemala, primero deberán de hacer a un lado sus intereses particulares y por fin ver con el interés del pueblo y de la nación guatemalteca”, dijo el mandatario guatemalteco.

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Panorama electoral

Las elecciones generales están a la vuelta de la esquina y un nuevo gobierno asumirá en enero 2016. Pero para muchos, esto no representa una alternativa de cambio. También políticos opositores son investigados por su presunta participación en delitos como lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, entre otros.

Hasta la candidatura del favorito a la presidencia, el empresario conservador Manuel Baldizón, ha sido golpeada por las denuncias. Baldizón  obtuvo el segundo en las elecciones de 2011 con el apoyo de su partido, Libertad Democrática Renovada (Lider).

En julio pasado, su candidato a vicepresidente, Edgar Barquín, fue acusado por la Fiscalía de estar vinculado a una red de lavado de dinero cuando fungía como presidente de la junta directiva del Banco de Guatemala. Algunos miembros de esta estructura fueron detenidos.

De acuerdo a las leyes de Guatemala, Barquín goza de inmunidad por estar inscrito como candidato a la vicepresidencia. Queda, entonces, en manos del Tribunal Supremo Electoral decidir si le retirarán las credenciales. En ese caso, Baldizón también quedaría inhabilitado de participar, por ser su compañero de fórmula.

A raíz de esto, los manifestantes también demandan que se reformen las leyes de los partidos políticos y el financiamiento de campañas en Guatemala.

Todo esto se ha visto reflejado en las encuestas. Un sondeo reciente de la firma Borge y Asociados para la revista Contrapoder mostró a Baldizón con un 30.9%, seguido por el humorista Jimmy Morales con un 20.6%.

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A pocos días de las elecciones, ninguno de los aspirantes se acerca al 50% de la intención de voto. Quienes obtengan los dos primeros lugares, irían a una segunda vuelta, programada para el 25 de octubre.

Otros sondeos recientes muestran que el 20% de la población está indecisa y al menos 15% de quienes viven en zonas urbanas son partidarios de que se cancelen las elecciones.

“Los guatemaltecos no queremos repetir patrones perversos que nos sumieron en la oscuridad. Postergar las elecciones para limpiar un tanto la casa no sería mala idea”, dijo  Anabella Giracca, quien manifestaba en el Parque Central.

“Se ha demostrado que más del 75% del financiamiento de los partidos en Guatemala tiene un origen ilícito, sea corrupción o crimen organizado”, explicó el analista Philip Chicola, refiriéndose a los resultados del informe publicado por la CICIG en julio de 2015.

“En estas condiciones, donde se ha evidenciado el nivel de podredumbre del sistema político y la cooptación del sistema de partidos, es normal que un número significativo de personas no quieran elecciones”.

Una vieja herida de guerra 

Jonathan Menkos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, cree que si el Congreso aprobara nuevas reformas éstas podrían “comenzar a generara mayor gobernabilidad política para el próximo gobierno”, aunque no apliquen a la presente elección.

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Pero para la politóloga Anita Isaacs de la Universidad de Haverford en Pensilvania, los actuales problemas son la secuela de la guerra civil que azotó al país durante 36 años y culminó con la firma de los Acuerdos de Paz en 1996.

“Tenemos un ‘Estado de mafias’, en el que se desconfía de todos porque nunca hemos hecho la transición de la guerra a la paz. Las mismas bandas que formaron parte del conflicto, crearon las mafias y se engranaron porque nunca se implementaron los acuerdos de paz”, explicó Isaacs. “Queda en los guatemaltecos construir la paz que se les prometió hace 20 años”.

Mientras eso ocurre, manifestantes como Regina Solís, de 23 años y coordinadora de una alianza entre estudiantes de universidades de Guatemala, continuarán exigiendo reformas.

“Salgo a las calles porque es un espacio que nos había sido arrebatado. Retomar los espacios públicos y llenarlos de alegre rebeldía es una legítima forma de demanda social”, dijo Solís. 

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