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La crisis en Venezuela, desatada el 11 de febrero con marchas de jóvenes contra el gobierno de Nicolás maduro, ha dejado un saldo hasta ahora de al menos 8 muertos.

Human Rights Watch condena la violencia contra manifestantes y periodistas en Venezuela

Human Rights Watch condena la violencia contra manifestantes y periodistas en Venezuela

Human Rights Watch condenó los "excesos" contra los manifestantes y la "censura" a la prensa en Venezuela.

La crisis en Venezuela, desatada el 11 de febrero con marchas de jóvenes...
La crisis en Venezuela, desatada el 11 de febrero con marchas de jóvenes contra el gobierno de Nicolás maduro, ha dejado un saldo hasta ahora de al menos 8 muertos.

Le pide a la comunidad internacional que condenar los abusos y la censura.

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La organización Human Rights Watch (HRW) condenó el viernes los "excesos" contra los manifestantes durante las protestas de los últimos días en Venezuela y la "censura" y amenazas a los medios de comunicación.

"El Gobierno ha adoptado abiertamente las tácticas habituales de los regímenes autoritarios, y ha encarcelado a opositores, censurado medios de comunicación e intimidado a la sociedad civil", dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

La organización, con sede en Washington DC, dijo que fuerzas de seguridad han cometido "excesos" contra los manifestantes "en múltiples ocasiones" durante las protestas, además, de "censurar" a medios de noticias y amenazar con perseguir penalmente a medios privados.

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Las protestas se iniciaron el 11 de febrero. Manifestantes salieron a las calles para expresar su repudio a la violencia, la escasez de productos y la corrupción.

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Human Rights Watch, que hace unos días llamó al Gobierno del presidente Nicolás Maduro a respetar la libertad de expresión y de reunión, acusó a las autoridades de cometer "golpizas a detenidos y disparar a multitudes que no estaban armadas".

El grupo dijo haber recibido "denuncias serias" de defensores de derechos humanos que indican que las fuerzas de seguridad, en particular la Guardia Nacional Bolivariana, han golpeado o disparado a manifestantes desarmados en Caracas y otras partes del país.

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Faltas al debido proceso

Asimismo, aseguró que "muchos manifestantes" han sufrido abusos mientras estuvieron detenidos a disposición de las fuerzas de seguridad, desde abusos físicos o amenazas de golpizas a violación sexual.

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"La mayoría permanecieron incomunicados y no fueron llevados ante un juez dentro del plazo de 48 horas exigido por la ley", indicó HRW, que añadió que los manifestantes que participaron en violencia deben rendir cuentas por sus actos.

“El gobierno de Maduro ha señalado a líderes de oposición como responsables de la violencia”, se lee en el reporte. “Leopoldo López, una de las más prominentes figuras de la oposición, fue arrestado el 18 de febrero de 2014 y la justicia dispuso su prisión preventiva el 20 de febrero”.

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“También se libró una orden de captura contra Carlos Vecchio, otro líder del partido político de López, según reportes de prensa”.

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HRW expresó su preocupación al señalar que “el gobierno aún no ha presentado evidencias creíbles que vinculen estos hombres con la comisión de delitos”.

“Líderes genuinamente interesados en la defensa de los principios democráticos en Venezuela deberían enviar un mensaje claro de que estas prácticas autoritarias son inadmisibles”, comentó Vivanco.

Protestas pacíficas

En otra parte del reporte se lee que “todas las versiones disponibles de testigos presenciales indican que la gran mayoría de los manifestantes actuaron de manera pacífica, y que quienes cometieron actos de violencia o vandalismo no llevaban armas de fuego ni utilizaron la fuerza letal contra las fuerzas de seguridad ni terceros”.

Defensores locales de derechos humanos han denunciado “que muchos manifestantes han sufrido abusos mientras estuvieron detenidos a disposición de las fuerzas de seguridad”, dice HRW. “El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello examinó más de 90 casos de manifestantes detenidos, entrevistando tanto a los detenidos como a sus familiares, y determinó que muchos habían sufrido abuso físico o amenazas de golpizas o violación sexual por parte de miembros de las fuerzas de seguridad”.

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El informe cita varios casos de personas cuyos derechos humanos han sido atropellados en Venezuela en los últimos días, entre ellos el arresto de Inti Rodríguez, coordinador de medios de Provea, quien dijo a Human Rights Watch que en la noche del 12 de febrero, “cuando salía de su oficina, fue secuestrado por aproximadamente 20 hombres vestidos de negro que tenían el rostro cubierto”.

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Rodríguez fue trasladado en una motocicleta sin placas hasta una zona de Caracas que presuntamente es controlada por grupos armados afines al gobierno. “Dijo que los hombres lo retuvieron durante dos horas, lo golpearon, amenazaron con matarlo y lo interrogaron acerca del trabajo de derechos humanos que lleva a cabo en Provea”.

“Señaló que los hombres no se identificaron en ningún momento, pero Rodríguez notó que el líder del grupo empleaba lenguaje policial y escuchó conversaciones que sugerían que los hombres estaban en contacto con fuerzas de seguridad”.

De los ataques a los medios de comunicación, HRW indicó dijo que diversos periodistas que informaron sobre las protestas y los hechos de violencia relacionados “han señalado haber sido detenidos y agredidos físicamente por miembros de fuerzas de seguridad y manifestantes afines al gobierno desde el 12 de febrero”.

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Medios censurados

Entre los medios afectados por la censura del gobierno cita la salida del aire de del canal internacional de noticias NTN 24.

El informe también denuncia acciones de censura contra corresponsales de Agence France-Press por haber “distorsionado la verdad de los acontecimientos ocurridos el miércoles 12 de febrero”.

La organización también denunció el anuncio del presidente Maduro hecho el 20 de febrero respecto a que su gobierno “había iniciado un proceso administrativo para terminar con la transmisión del canal internacional CNN en Venezuela por la cobertura que realizó de las protestas y la violencia”.

El 21 de febrero, un sindicato de trabajadores de la prensa reportó que el gobierno había cancelado las credenciales de la corresponsal de CNN en Caracas, concluye el reporte.

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