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Guatemala pidió perdón por vieja masacre

Guatemala pidió perdón por vieja masacre

El gobierno de Guatemala pidió perdón a familiares de las víctimas de una masacre de 268 indígenas, perpetrada por el Ejército en 1982.

"Estamos hoy aquí para pedir en nombre del Estado de Guatemala perdón a todas las víctimas del conflicto (armado)", dijo visiblemente emocionado el vicepresidente guatemalteco, Eduardo Stein, durante el acto público que se realizó en la aldea Plan de Sánchez, unos 190 km al norte de la capital. La aldea Plan de Sánchez fue escenario central, hace 23 años, de la masacre de los 268 índigenas, miembros de la etnia maya Achí, por parte de soldados gubernamentales. "Quiero reiterarles como representante del gobierno esa disculpa y nuestro firme compromiso de impulsar efectivamente las investigaciones sobre los hechos ocurridos que permitan esclarecer lo que realmente pasó y que permitan identificar, someter a juicio y sancionar a los autores materiales e intelectuales de estos hechos delictivos" afirmó Stein. Además, la sentencia ordenó al Estado hacer un reconocimiento de su responsabilidad por los hechos. "Los que se fueron asesinados, están hoy aquí con nosotros y entre nosotros, y a ellos nos dirigimos también para pedirles perdón y para ofrecerles nuestro mayor esfuerzo para que se haga justicia, las vidas humanas no tienen precio, y la reconciliación es mucho más que pedir perdón", insistió el vicepresidente. "Así como existió una violencia organizada hacia las víctimas, de esa misma manera debe existir una política del Estado para curar esas heridas", puntualizó el funcionario ante decenas de sobrevivientes. Por su parte, Villarán apuntó que las personas fueron asesinadas porque eran "indígenas, diferentes, y por eso eran sospechosos y prescindibles".

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Un sobreviviente indígena declaró: "Por fin nos dan la razón, ahora reconocen la masacre, nos dijeron que éramos mentirosos, pero nosotros vivimos esas violaciones y esas muertes, por eso queremos justicia, porque no basta pedir perdón sino poner fin a la impunidad".

Daniel Pérez perdió a sus padres durante la masacre de esta comunidad, anclada en la cima de los cerros Chuacús, donde solo se puede llegar con vehículos de doble tracción. Este empobrecido poblado de 225 habitantes, fue escenario de una de las 226 masacres que cometieron las fuerzas del Estado durante la guerra que vivió Guatemala, con saldo de 200 mil muertos o desaparecidos, según el informe final presentado en 1999 por la Comisión del Esclarecimiento Histórico, auspiciado por las Naciones Unidos. "Ustedes no saben lo que es perder el calor de los padres, lo que uno sufre por crecer así", agregó Pérez, que se dedica a la agricultura, mientras que muchos otros de sus amigos han emigrado a otros lugares en busca de trabajo. "Vivir sin padre es muy duro, por eso pedimos justicia contra todos los que hicieron todo este horror, relató otro sobreviviente, Daniel Tejeda, durante un acto público este lunes, en el que el altos funcionarios del Estado pidieron perdón por los hechos. El acto fue realizado en un improvisado campo de fútbol, por donde corría un riachuelo que ya convirtió en fango la gramilla, así como sus calles aledañas. "Yo tengo 57 años y perdí a mi papá y otros tres familiares, ahora me dicen que hay que buscar justicia", relata con un precario español, Jesús Grave, quien aparenta muchos años más debido a las precarias condiciones en que vive. El presidente de la Asociación de Justicia y Reconciliación y sobreviviente de la masacre, Juan Manuel Jerónimo, recordó a la que había salido ese domingo trágico de su aldea y por eso fue que sobrevivió. Sin embargo, durante la matanza perdió a su esposa, cuatro hijos (entre 7 años y seis meses), su madre, tres hermanas, siete sobrinos, ocho tíos, una abuela y una cuñada. El acto público, a cargo del vicepresidente Eduardo Stein, se realizó a escasos 50 metros de la capilla católica donde están sepultadas las víctimas. La capilla, de unos 12 metros de largo por cuatro de ancho y techo de madera, fue construida el 30 de abril de 1985, precisamente donde antes funcionó una vivienda que fue escogida por los militares para encerrar a los pobladores y lanzarles dos bombas para luego ejecutarlos con balas, según los sobrevivientes. En el interior, instalaron tres cruces de madera, cada una en homenaje a los hombres, mujeres y niños muertos durante la represión. Asimismo, pintaron con tinta negra los nombres y apellidos de todas las víctimas y dibujaron la forma en que fueron ejecutados por mimbros del Ejército y ex paramilitares.

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Las 268 personas masacradas pertenecían a varias comunidades del municipio de Rabinal, Baja Verapaz, 180 km al norte de la capital, y supuestamente fueron asesinadas porque se negaron a integrar las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), organismos paramilitares utilizados por el ejército para reprimir a los campesinos. Aproximadamente 20 mujeres jóvenes, entre 12 y 20 años, fueron llevadas a una vivienda donde fueron maltratadas, violadas y posteriormente asesinadas, según testigos. La masacre fue denunciada en 1992 por los sobrevivientes, y un año después la Procuraduría de Derechos Humanos elevó el caso a la Fiscalía. En 1994 se autorizaron exhumaciones y así fue como finalmente los familiares pudieron enterrar a sus muertos de acuerdo con las creencias y tradiciones mayas. Según el informe final presentado en 1999 por la Comisión de Esclarecimiento Histórico, auspiciado por las Naciones Unidas, las Fuerzas Armadas guatemaltecas fueron responsables de 93 por ciento de las violaciones de los derechos humanos durante la pasada guerra interna de Guatemala (1960-96), que dejó 200.000 muertos o desaparecidos. Durante el conflicto armado se cometieron 669 masacres, de las cuales 626 fueron cometidas por agentes del Estado, de acuerdo con el informe.

Durante la actividad también estuvieron presentes la relatora especial para Guatemala de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la peruana Susana Villarán, delegados de los gobiernos de Canadá y Suecia, así como funcionarios del gobierno guatemalteco. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Costa Rica, condenó al Estado guatemalteco el pasado 19 de noviembre por denegación de justicia y ordenó pagar una reparación de ocho millones de dólares a los familiares de las víctimas.

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