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El vicepresidente de Argentina, Amado Boudou.

Envían a juicio oral a vicepresidente argentino Boudou

Envían a juicio oral a vicepresidente argentino Boudou

La Justicia argentina decidió sentar en el banquillo al vicepresidente Amado Boudou por falsificación de documentos.

El vicepresidente de Argentina, Amado Boudou.
El vicepresidente de Argentina, Amado Boudou.

La decisión de la Justicia de sentar en el banquillo al vicepresidente argentino, Amado Boudou, amenaza con amargar la Navidad al Gobierno y muy especialmente a la presidenta, Cristina Fernández, su principal valedora, en la recta final de su mandato.

Boudou ha pasado de ser un funcionario exitoso con una carrera meteórica a la sombra del kirchnerismo a convertirse en el primer vicepresidente argentino en activo en llegar a juicio.

El juez Claudio Bonadío, que también investiga presuntas irregularidades en una de las empresas de la presidenta argentina, procesará a Boudou por falsificación de documentos en la compra de un vehículo de alta gama, el más leve de los presuntos delitos que se le imputan en otras causas por corrupción abiertas en su contra.

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Aunque se trata de un delito menor, sancionado con entre uno y seis años de cárcel en el Código Penal argentino, es altamente improbable que termine en la cárcel y aún ni siquiera hay fecha para el juicio, la decisión de Bonadío es un mazazo para el oficialismo a las puertas de un 2015 electoral.

Cristina Fernández, que cuando comenzaron a conocerse las causas contra Boudou llegó a decir que se trataba en realidad de una ofensiva contra ella, relegó después a un discreto segundo plano a su vicepresidente y ha optado ahora por un llamativo silencio.

Mientras la oposición pide que el vicepresidente sea apartado de inmediato de sus funciones, el Gobierno trata de limitar el alcance del escándalo.

La situación de Boudou no afectaría a presidenciales

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, marcó hoy la reacción oficial y afirmó que Boudou tiene "estabilidad" en el cargo porque el juicio político en su contra fue rechazado por el Congreso, donde el oficialismo tiene mayoría.

Además, recalcó que desde el punto de vista judicial impera el "principio de inocencia" hasta que no se demuestre lo contrario y que existen "múltiples instancias de apelación" a las que el vicepresidente puede recurrir.

Según Capitanich, la situación judicial de Boudou no afectará las posibilidades de los candidatos oficialistas en las presidenciales del próximo octubre, que también renovarán cargos locales y regionales, ya que la carrera "va a discurrir sobre las propuestas" de los aspirantes.

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Sus palabras se ajustan a la estrategia del Gobierno de Fernández, que acusa a la Justicia de "hostigar" al Ejecutivo con causas "inventadas" y resoluciones sin sentido.

Desde la oposición, sin embargo, no hay dudas sobre el siguiente paso.

"Quiero que Boudou vaya preso", declaró la diputada opositora Elisa Carrió.

"¿Qué más debe pasar en una República seria para que un vicepresidente se tome licencia y entregue todo su tiempo a resolver los problemas judiciales?", denunció el senador Luis Juez, del Frente Cívico.

La ofensiva de la Justicia argentina contra el poder no se limita a Boudou. Además de investigar presuntas irregularidades en las empresas de la presidenta, los jueces han citado a declarar al ministro de Justicia, Julio Alak, y están tras la pista de las actividades de varios empresarios ligados estrechamente al kirchnerismo, beneficiarios de contrataciones públicas.

Un cóctel que amenaza con amargarle el turrón a Cristina Fernández, que buscaba unas navidades tranquilas y había levantado la presión fiscal y aceptado algunas demandas sindicales para llegar con paz social a sus últimas navidades en la Presidencia. EFE

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