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En opinión del mandatario guatemalteco, la lucha armada no es el camino para frenar a los cárteles de la droga.

Demandan levantar estado de sitio en poblado guatemalteco

Demandan levantar estado de sitio en poblado guatemalteco

Organizaciones guatemaltecas demandaron al gobierno que levante el estado de sitio en la población indígena de Santa Cruz Barillas.

En opinión del mandatario guatemalteco, la lucha armada no es el camino...
En opinión del mandatario guatemalteco, la lucha armada no es el camino para frenar a los cárteles de la droga.

Carta abierta en exigencia a Otto Pérez

GUATEMALA - Unas 40 organizaciones sociales guatemaltecas demandaron este martes al gobierno que levante el estado de sitio en la noroccidental población indígena de Santa Cruz Barillas y liberar a 17 detenidos por supuestamente liderar disturbios la semana pasada.

En una carta abierta, unos 500 integrantes de las organizaciones campesinas y sociales que conforman la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib Kej, exigieron al mandatario, Otto Pérez, que anule el estado de sitio al considerar que "la medida no asegura que se resuelvan las causas que originaron el hecho conflictivo".

Pérez decretó el 1 de mayo el estado de excepción en Santa Cruz Barillas, ubicado a 415 km de la capital, tras violentos disturbios desatados por la muerte de un dirigente campesino, supuestamente a manos de agentes de seguridad de una empresa de capital español que construye una hidroeléctrica en ese municipio.

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Los pobladores causaron destrozos en comercios, destruyeron el edificio municipal y atacaron a soldados en un cuartel militar del poblado, de donde se robaron cuatro fusiles, tres ya recuperados.

"El asesinato del líder comunitario exacerbó los ánimos y produjo una natural respuesta de indignación", expresa la carta abierta al jefe de Estado.

Exigen liberación de detenidos

En la misiva, las organizaciones también piden la liberación de los 17 detenidos, 15 de ellos acusados de actos de terrorismo, allanamiento de propiedad privada y militar, y dos por trata de personas.

También exigen que se investigue la muerte del indígena y se suspendan las operaciones de la hidroeléctrica, a la que acusan de provocar daños ambientales y de amenazar la disponibilidad de agua para la población.

La Hidroeléctrica de Santa Cruz, subsidiaria de la española Hidralia Energía S.A. rechazó las acusaciones por medio de espacios pagados en la televisión local y dijo que los líderes de la comunidad pretenden "confundir" a los pobladores para que rechacen el proyecto hidroeléctrico.

El proyecto denominado Canbalam I fue registrado en el ministerio de Energía el 14 de junio del 2010 y su construcción se inició el 2 de noviembre de 2011 con la intención de generar a penas 4.9 megavatios (MW).

El presidente Pérez visitó el lunes la población para verificar personalmente la situación y anunció que analizará la petición de los vecinos de suspender el estado de sitio, siempre y cuando se logre garantizar la seguridad del lugar y no ocurran nuevos incidentes.

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