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Contraloría pidió destitución de Bolaños

Contraloría pidió destitución de Bolaños

La Contraloría General de la República de Nicaragua pidió al Parlamento por segunda vez la destitución del presidente Enrique Bolaños.

Los cinco contralores colegiados pidieron la destitución de Bolaños, porque no dejó ingresar a auditores de la Contraloría a las entidades de servicios públicos que el Gobierno se niega a entregar a las nuevas autoridades nombradas por el Parlamento.

La solicitud de destitución se produjo horas antes de que llegue al país una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) encabezada por Insulza, quien procurará encontrar soluciones a la crisis institucional.

La crisis está derivada del enfrentamiento entre el Legislativo y Ejecutivo por el control de entidades de servicios públicos.

La Contraloría pretende auditar las cuentas del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) y de Acueductos y Alcantarillados (INAA).

El Parlamento retiró al Gobierno el control de esas entidades al nombrar a las autoridades de la Superintendencia de Servicios Públicos (SISEP), en base a una reforma constitucional.

El Gobierno no reconoce esos nombramientos en base a un fallo de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) del 29 de marzo pasado cuando resolvió que las reformas son "jurídicamente inaplicables".

"Hemos decidido sancionar al presidente y pedir la destitución de su cargo por desobedecer a la Constitución, la Ley de Probidad y las normas de la Contraloría", dijo el presidente de la Contraloría el sandinista José Pasos.

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Pero el ministro de la Presidencia Ernesto Leal, dijo que la Contraloría no tiene ninguna potestad para solicitar la destitución del presidente Bolaños.

"La Constitución es muy clara y dice que la destitución del presidente es sólo por incapacidad de gobernar y por ende creo que lo que se quiere es violar la Constitución", dijo Leal.

"Esperamos que el Parlamento no le de cabida a esta nueva solicitud, porque no tiene ningún sentido y rompe el orden constitucional", agregó Leal.

El máximo líder sandinista Daniel Ortega, que en otras ocasiones ha dicho que no está a favor de que se destituya a Bolaños, dijo que el Parlamento tiene que darle trámite a la petición de los contralores.

El vicepresidente del Parlamento, el liberal Wilfredo Navarro, dijo que esperarán la solicitud de destitución para hacer "lo que manda la ley".

Esta decisión agrava la crisis entre poderes del Estado y pone a prueba la primera misión de Insulza, aunque para liberales y sandinistas su presencia en el país "está demás".

Ortega afirmó que Insulza no debería venir a Nicaragua porque este país no es Bolivia y que lo que debe hacer es lograr que el anticastrista Luis Posada Carriles, sea extraditado de EEUU a Venezuela.

El máximo líder sandinista agregó que si tiene la oportunidad de conversar con Insulza lo hará para decirle que todo lo actuado por el Parlamento es legal.

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El contralor liberal Guillermo Argüello Poessy dijo que la visita de Insulza "es positiva" porque sabrá lo que está pasando pero recomendó a Bolaños que busque el diálogo "y que no deje el destino del país en las clavas (garrrotes) de la policía y las bayonetas (cuchillos largos) del Ejército".

Durante su visita que concluirá el sábado, Insulza tiene previsto reunirse con Bolaños y con diversos sectores políticos del país, entre los que figura la directiva del Parlamento, en fechas aún no precisadas.

En octubre del año pasado estos mismos contralores decidieron pedir la destitución de Bolaños tras negarse a colaborar con una auditoría relacionada con la financiación de su campaña electoral en el 2001.

La caída de Bolaños la impidió entonces una misión de la OEA que llegó al país encabezada por su secretario adjunto Luigi Einaudi.

Simpatizantes del sandinismo y liberalismo forzaron los portones exteriores de un edificio gubernamental para que nuevas autoridades nombradas por el legislativo reemplacen a otras nombradas por el ejecutivo.

Las nuevas autoridades, que no han podido asumir desde el pasado dos de junio por oposición del presidente Enrique Bolaños , llegaron acompañados de varios jueces y un grupo de diputados sandinistas y liberales en un intento de dejarlos en sus puestos.

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Armados con barras de acero, el grupo rompió los candados de los portones ante la mirada impasible de la policía que resguardan el lugar.

La jueza II de Distrito Penal de Audiencias, María Concepción Ugarte, selló las puertas del edificio pero en su interior continuaba Marta Julia Lugo, la directora del organismo nombrada por el mandatario, que se resistía a entregar el cargo.

Bolaños se niega a entregar la administración de varias instituciones entre ellas la de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) que quedaron fuera de su control mediante reformas constitucionales aprobadas en enero pasado por sus opositores sandinistas y liberales en el legislativo.

Bolaños desconoce las reformas constitucionales amparado en una resolución de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) que las declaró inaplicables.

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