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La Presidenta de Chile, Michelle Bachelet.

Bachelet pide al Congreso debatir una moción que anula ley de amnistía de Pinochet

Bachelet pide al Congreso debatir una moción que anula ley de amnistía de Pinochet

La Presidenta de Chile pidió al Congreso debatir "con urgencia" una moción estancada desde el año 2006.

La Presidenta de Chile, Michelle Bachelet.
La Presidenta de Chile, Michelle Bachelet.

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, pidió el jueves al legislativo debatir "con urgencia" una moción parlamentaria estancada hace varios años en el Congreso que tiene como objetivo anular la ley de amnistía implementada en 1978 por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

"Se le ha puesto urgencia a algunas mociones parlamentarias. Entre ellas está aquella de parlamentarios que derogan la Ley de Amnistía", dijo el ministro de Justicia José Antonio Gómez durante una conferencia de prensa en Santiago.

La Ley de Amnistía fue implementada por la dictadura para conmutar crímenes o impedir el juicio por violaciones a los derechos humanos que ocurrieron desde el inicio de la dictadura pinochetista, principalmente de 1973 hasta 1978, explicó la agencia Afp.

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La norma, sin embargo, no es aplicada por los tribunales de justicia chilenos desde 1998, ocho años después de concluido el régimen de Pinochet, lo que ha permitido juzgar a exmilitares por crímenes de lesa humanidad.

Actualmente, unos 60 militares cumplen condenas por violaciones a los derechos humanos.

Con la aprobación de este proyecto de ley, el gobierno de Bachelet pretende "adecuar la legislación chilena a la legislación internacional (en materia de derechos humanos) y además, no hace un cambio muy de fondo de lo que han hecho los tribunales chilenos hasta la fecha, que es no aplicar la ley de amnistía", explicó Gómez.

El proyecto permanece estancado en el Congreso desde 2006, cuando cuatro parlamentarios de izquierda lo presentaron con el fin de anular la Ley de Amnistía y establecer procesos judiciales a militares que cometieron violaciones a los derechos humanos, pero que fueron beneficiados con ella.

"Esa ley es ilegítima porque viola los derechos humanos y los tratados internacionales, por eso debe ser anulada, para que estas personas que cometieron abusos tengan procesos justos", dijo Guido Girardi, uno de los diputados que elaboró la moción parlamentaria.

La anulación de la ley de amnistía es un viejo anhelo de los organismos de derechos humanos y de familiares de detenidos y desaparecidos durante la dictadura.

Gómez anunció además que el gobierno va a impulsar la creación de una subsecretaría de Derechos Humanos, y difundirá un mensaje sobre la tipificación del delito de tortura.

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El anuncio de la petición al Congreso se produjo en el aniversario 41 del golpe militar que encabezo Pinochet el 11 de septiembre de 1973, cuando derrocó al presidente socialista Salvador Allende.

Allende se suicidó ese día dentro del Palacio de la Moneda, que fue bombardeado por la Fuerza Aérea.

Poco antes del anuncio hecho por Bachelet, medios chilenos reportaron que la mandataria decidió firmar un proyecto de ley que anulará cinco artículos de ley de amnistía que rige para los crímenes cometidos durante la dictadura.

El diario El Mercurio dijo que Bachelet le informó personalmente de la medida a la líder de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro.

La dirigente le dijo al diario que "hoy se acercó la Presidenta de la República y me señaló que había hecho acciones en relación a avanzar en ciertos proyectos de ley que están contenidos en las demandas de nuestra agrupación".

"Dentro de ellos, hay dos que son muy importantes y que guardan relación con la impunidad judicial que se otorga a los genocidas. Uno es la anulación del decreto ley de amnistía, proyecto que estaba hace mucho tiempo en el Congreso, y el proyecto de ley que interpreta el artículo 93 y 103 del código penal", explicó Pizarro.

La activista comentó que la mandataria le aseguró que dichos proyectos ya están firmados y están en condiciones de comenzar su tramitación con suma urgencia en el parlamento, lo cual a su juicio "es muy importante, más que una señal potente, es el inicio de una serie de medidas que se deben tomar y que nuestra organización espera que se concreten".

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Entre esas iniciativas, Pizarro le dijo a El Mercurio que con la presidenta conversó sobre la necesidad de declarar la ausencia por desaparición forzada, "que es una indicación sustitutiva de una ley que ya existe y que tiene que ver con la situación que enfrentan los detenidos desaparecidos, que legalmente no están muertos, pero mientras no aparezcan su situación no se resuelve".

"También dijo que iba a haber esfuerzos en el tema de la educación de Derechos Humanos, medidas que para nosotros son muy importantes, como la degradación o iniciativas que le quiten los beneficios a los sujetos (exmilitares en retiro", añadió.

Pizarro añadió que existe disposición del Gobierno a legislar "sobre el negacionismo, que es una ley comparada que sanciona a quienes quieran hacer homenajes o negar hechos de exterminio".

La ley de amnistía impide iniciar juicios contra los militares que cometieron crímenes de lesa humanidad durante el régimen de Pinochet. Desde hace 35 años la anulación de la ley ha sido una aspiración de la víctimas de la dictadura, entre las que se encuentra la propia presidenta Bachelet, cuyo padre murió estando preso de la dictadura, mientras ella tuvo que exiliarse del país junto con su madre.

El artículo 93 del Código Penal, que también podría ser reformado, regula aquellos casos en que "la responsabilidad penal se extingue", entre ellos por muerte del responsable, cumplimiento de la condena, amnistía, indulto, perdón del ofendido o prescripción de la acción penal y de la pena.

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La decisión de Bachelet ha sido valorada por las agrupaciones de Derechos Humanos, que desde el regreso de la democracia en 1990 habían convertido la nulidad de la ley en una de sus banderas de lucha, escribió el diario español El País.

Pero también ha provocado fuertes críticas: "El Gobierno debería preocuparse del terrorismo y del desempleo. Los chilenos quieren pensar en los temas de futuro, no de pasado, y cuesta entender que Bachelet lo transforme en una prioridad. Va a reabrir las heridas", ha señalado Ernesto Silva, el presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

La agencia Reuters dijo que abogados y el propio ministro de Justicia, admitieron que la anulación o derogación de la ley, que requiere de mayoría simple en el Congreso para su aprobación, no tendría un mayor impacto y solo es una medida "simbólica" para que nunca más se cometan violaciones a los derechos humanos en Chile.

"No hace un cambio muy de fondo a lo que han hecho los tribunales chilenos hasta la fecha, que ha sido no aplicar la ley de amnistía", dijo el ministro Gómez.

Por su parte, los abogados de derechos humanos, afirmaron que esta eventual derogación y eliminación de otros beneficios llegan demasiado tarde.

Durante el régimen de Pinochet murieron más de 3,200 personas y otras 38 mil fueron torturadas, según datos oficiales.

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