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Acusan al Ejército de EEUU de 53 violaciones en Colombia, pero ¿dónde es...

Olga Castillo denuncia que un sargento y un contratista de EEUU violaron a su hija de 12 años en 2007.

Acusan al Ejército de EEUU de 53 violaciones en Colombia, pero ¿dónde está la evidencia?

Acusan al Ejército de EEUU de 53 violaciones en Colombia, pero ¿dónde está la evidencia?

Las denuncias de supuestas violaciones cometidas en Colombia por personal militar estadounidense carecen de sustento, concluye una investigación de Fusion.

Olga Castillo denuncia que un sargento y un contratista de EEUU violaron...
Olga Castillo denuncia que un sargento y un contratista de EEUU violaron a su hija de 12 años en 2007.

Por Manuel Rueda* @ruedareport

Las acusaciones que indican que contratistas militares estadounidenses abusaron sexualmente de 53 mujeres en un pequeño pueblo de Colombia carecen de sustento, concluye una investigación periodística llevada a cabo por Fusion, una cadena afiliada a Univision.

In English: Report blames U.S. military for 53 rapes in Colombia, but where's the evidence?

La afirmación, publicada en un informe académico reciente sobre la historia del conflicto armado en Colombia, desató una tormenta mediática en marzo pasado y provocó una rápida respuesta del Ejército de Estados Unidos, que dijo no tener “ningún registro” de esos señalamientos.

Un portavoz del Ejército dijo a Fusion que el Ejército estadounidense está dispuesto a "investigar todas las denuncias creíbles", pero no ofreció más comentarios al respecto.

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Pero ahora, incluso el hombre detrás de esta estadística dice que se necesita más evidencia para sostener la acusación. En una entrevista concedida a Fusion, el profesor de historia de Colombia y autor del informe, Renan Vega, sostiene que obtuvo el número 53 a través de fuentes secundarias, pero que no fue capaz de encontrar ningún archivo de caso o de identificar a ninguna de las presuntas víctimas.

“Podría haber más casos o podría haber menos”, dice Vega, profesor de la Universidad Pedagógica de Bogotá. “Lo importante es no quedarse atascado en ese número, sino entender el contexto detrás de estos casos”.

El contexto en el que se publicó el informe también es importante. En los últimos años, los funcionarios estadounidenses han sido involucrados en dos grandes escándalos sexuales en Colombia. El primero de ellos incluyó a una docena de agentes del servicio secreto que fueron despedidos de sus funciones después de haber sido sorprendidos en fiestas con prostitutas en vísperas de la visita del presidente Obama a Cartagena en 2012. Luego, en marzo pasado, una investigación de la DEA concluyó que agentes apostados en Colombia había asistido a fiestas sexuales financiadas por traficantes locales de droga.

Es así que, cuando Vega publicó su informe, los medios de comunicación y los grupos de derechos humanos se apresuraron a aferrarse a la denuncia de 53 casos de abuso sexual -aún a pesar de que este asunto ocupaba solo una breve mención de dos párrafos dentro de un informe de 56 páginas. El resto del informe, elaborado por una comisión de la verdad histórica, se centró en cómo Estados Unidos ha entrenado a las fuerzas militares colombianas en tácticas de contrainsurgencia, respaldando la creación de grupos paramilitares y financiando programas de erradicación de cultivos que han causado daños ambientales.

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Pero a los ojos de los medios de comunicación, nada de eso resultaba tan escandaloso como la afirmación de que “53 menores de edad fueron abusadas sexualmente por mercenarios, quienes además filmaron y vendieron las cintas como material pornográfico” en la localidad de Melgar,  vecina a la base aérea de Tolemaida, donde los soldados y contratistas estadounidenses estaban basados.

El informe añade que, en 2007, una niña de 12 años de edad fue violada por un sargento del Ejército estadounidense y por un contratista militar apostado en la base, convirtiéndose éste en el caso número 54. El ejército estadounidense dijo que investigó la denuncia en 2007, pero encontró que ésta “no tenía fundamento”.

Mientras el caso de 2007 cuenta con el respaldo de una demanda presentada ante las autoridades colombianas, no existe ningún registro de los presuntos 53 casos anteriores. Y la investigación realizada por Fusion revela que la cifra sigue siendo un misterio.

Vega explicó que obtuvo este número a través de informes publicados en medios locales a partir de 2004. Él señala que esta información también fue incluida en una tesis de 2008 sobre contratistas militares, escrita por Anna Kucia, estudiante de la Maestría en Ciencias Políticas de la Universidad de Berlín.

Pero las “fuentes” citadas en la tesis de Kucia son las mismas referencias a informes publicados por medios colombianos en 2004. Ella lo describe de manera diferente. Kucia apunta que en agosto de ese año los medios de comunicación colombianos señalaron a contratistas estadounidenses de “producir doce discos pornográficos y 53 videos” con 53 niñas y “mujeres jóvenes” en Melgar. Kucia dice que a algunas de las mujeres que participaron en los vídeos se les prometió dinero, pero nunca fueron pagadas.

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“Muchas de las mujeres se vieron obligadas a abandonar sus lugares de origen debido a las humillaciones que ellas y sus familias sufrieron”, escribió Kucia, quien ahora utiliza su apellido de casada, Barrera, y no respondió a las solicitudes de Fusion para comentar el asunto.

Vega, por su parte, señaló que no tenía tiempo para indagar más profundamente en las demandas de abuso sexual antes de la publicación de su informe.

“No tuve la oportunidad de hacer trabajo de campo”, dijo Vega a Fusion. “Yo no soy periodista o sociólogo... y me pidieron que limitara el número de páginas. Así que me basé en las fuentes a las que ya me he referido”.

La expectativa de Vega es que los medios no se centren exclusivamente en el número 53, sino que se enfoquen en la situación socio-económica y legal que facilita el abuso sexual, en primer lugar.

“El número no es lo fundamental”, opinó. “Concentrarse solo en ello sería como sería como si estuviéramos debatiendo si Hitler mató a seis millones, a cinco millones o a cuatro millones de judíos, sin tener en cuenta el sistema que permitió que eso sucediera”.

Los soldados y contratistas militares son normalmente enviados a Colombia sin sus familias. Pero debido a que las bases están generalmente situadas junto a pequeñas poblaciones como Melgar, la riqueza relativa de los extranjeros es vista como una “mercancía preciada” entre las mujeres locales que tienen poca educación y bajos niveles de ingresos, como lo describe una activista de derechos humanos en Melgar.

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El personal militar goza de inmunidad y no puede ser procesado por crímenes por parte de las autoridades colombianas. Algunos residentes de Melgar señalan que este arreglo ha generado un ambiente de privilegios e impunidad. Soldados y contratistas estadounidenses han sido acusados de todo tipo de faltas, desde tráfico de armas hasta de embarazar a mujeres colombianas y abandonarlas luego junto a sus hijos.

Yasmin Garnica, una vendedora ambulante que ofrece café a los taxistas durante la noche, afirma que mantuvo una relación con un instructor aeronáutico en 2002. Rápidamente quedó embarazada, pero el contratista alegó que el niño no era suyo.

Garnica presentó una demanda de paternidad contra el estadounidense, pero los tribunales colombianos nunca forzaron al contratista a someterse a una prueba de ADN, o a pagar por la manutención de los hijos. Hay otras cuatro mujeres del pueblo que tienen historias similares.

“Ahora que algunas historias de violaciones han surgido, me siento afortunada de que no me ha pasado nada peor”, dijo Garnica desde su humilde casa de dos habitaciones, acompañada por su hijo de 13 años de edad. “Él pudo haberme hecho daño y nadie aquí hubiese hecho nada al respecto”.

A estas alturas, la oficina del Procurador General en Melgar reporta solo una queja por abuso sexual presentada contra un soldado estadounidense y un contratista militar. Es el mismo caso de 2007 mencionado en el informe de Vega, que también ha sido reportado por varios diarios en Colombia y Estados Unidos.

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Simplemente no hay registros para apoyar la afirmación de que existen otros 53 casos de abusos, lo que lleva a algunos a sospechar que la evidencia ha sido borrada.

“Si hubiera más abusos, los medios de comunicación estarían encima de esa historia, se habría generado un gran escándalo aquí y las víctimas estarían buscando una compensación”, dijo el investigador local Luis Henríquez.

Johana Ardila, funcionaria de la Defensoría del Pueblo, afirma que vio los videos pornográficos mencionados en los informes de los medios de comunicación desde 2004. Pero sostiene que que las autoridades nunca fueron capaces de probar si las mujeres en los videos eran de Melgar, o si los hombres eran contratistas estadounidenses. Y nunca fueron presentadas denuncias penales en relación con estos videos.

“Es posible que estas personas hayan sido pagadas o amenazadas para que no hablaran con nosotros”, dijo Henríquez, encogiendo los hombros.

Fusion solicitó a la Fiscalía General de Colombia que ejecutara una búsqueda a nivel nacional de las denuncias de abuso sexual contra contratistas y soldados estadounidenses, pero ésta generó solo un resultado: el mismo caso de 2007 que se menciona en el informe de Vega y que fue registrada en sus oficinas en Melgar. Una vez más, no se halló evidencia o mención alguna de los otros 53 casos.

Una búsqueda a través de los archivos de dos programas de noticias de televisión nacionales también fracasó en la tarea de hallar alguna historia sobre los contratistas estadounidenses que abusaron de 53 mujeres en Melgar. Solo encontramos dos artículos publicados en 2004 donde los estadounidenses son señalados de producir 12 videos pornográficos con mujeres colombianas de Melgar, pero los reportajes no probaron si estos “estadounidenses” eran en realidad contratistas militares o si engañaron a las mujeres para que participaran en ellos.

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A pesar de la falta de evidencia para apoyar las afirmaciones de que los contratistas estadounidenses abusaron sexualmente de 53 mujeres y niñas en Melgar, algunos periodistas sospechan que los casos quedaron enterrados en las gavetas del gobierno.

En 2009, el sitio local de noticias local El Turbión llevo a cabo una investigación en la que afirmaba que existían 14 denuncias de abusos sexuales contra tropas y contratistas estadounidenses documentadas en 2006, y otras 26 denuncias presentadas en 2007. El director del diario, Omar Vera, aseguró que su equipo tuvo acceso a las denuncias presentadas en la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, pero que no se le permitió hacer copias de los documentos o tomar notas.

“Se trataba, sobre todo, de denuncias provenientes de la base de Tolemaida (en Melgar), pero también hubo casos de la base de Larandia (en el sur de Colombia)”, afirma Vera.

Aún no está claro qué ocurrió con los casos reportados, o por qué no aparecen actualmente en ninguno de los registros del gobierno.

Por el momento, el número documentado de quejas presentadas contra soldados estadounidenses y contratistas militares en Colombia asciende a uno, y la denuncia de los otros 53 casos no ha podido ser sustentada.

Vega espera que su informe, aunque siendo imperfecto por causa de esa estadística esquiva, dará lugar a una investigación más exhaustiva sobre el tema.

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“Los archivos desaparecen muy fácilmente en Colombia”, dijo el académico.

“Para determinar lo que realmente ocurrió necesitamos más fuentes. Necesitamos fuentes secretas como los informes que el Ejército de Estados Unidos envía a su sede principal y que no se comparten con el público. Ese podría ser la fuente para descubrir la magnitud de lo que realmente sucedió en los últimos años”.

*Traducción: Univision.com

Fe de errores:  Esta nota originalmente afirmaba que la académica alemana Anna Kucia, no especificó cuántas mujeres aparecían en vídeos pornográficos con supuestos contratistas americanos en el pueblo de Melgar.  Kucia, de hecho, sí mencionó en su informe de 2008 que 53 mujeres y niñas aparecían en estos vídeos. Sin embargo, Kucia no entrevistó a las presuntas víctimas y basó sus cifras en notas periodísticas y en otro estudio académico. Kucia nunca pudo comprobar que los hombres que salían en los vídeos son, en efecto, contratistas americanos, ni tampoco pudo comprobar si las mujeres que aparecen en ellos fueron forzadas a participar en estas producciones.


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