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Acusados libres por error en Brasil

Acusados libres por error en Brasil

Las 52 personas detenidas por corrupción, entre ellas 17 alcaldes, fueron liberadas por un error en las órdenes de arresto.

El Tribunal Regional Federal de la Primera Región (Brasilia) ordenó la liberación de todos los presos debido a que fueron arrestados con órdenes expedidas por un funcionario de la justicia federal que, según los magistrados, no tendría poderes para ello.De acuerdo con los miembros del tribunal, "el corregidor general federal no tiene competencia para ordenar la prisión de investigados debido a que su actuación en simplemente administrativa y no se extiende a medidas judiciales restrictivas a los derechos".Según fuentes judiciales, la Policía Federal tendrá que solicitar que un juez ordene los mismos arrestos para poder detener de nuevo a los acusados y proseguir las investigaciones.Las 52 personas fueron arrestadas por la Policía Federal en desarrollo de la llamada Operación Pasárgada, que movilizó a cerca de 500 agentes en los estados de Minas Gerais y Bahía, y en el Distrito Federal de Brasilia.Las autoridades detenidas fueron acusadas de integrar una red de corrupción que venía siendo investigada desde hacía ocho meses.Además de los 17 alcaldes, entre los presos figuraba un juez, cuatro procuradores municipales, cuatro funcionarios del Poder Judicial y el gerente de una agencia del banco estatal Caixa Económica Federal.Todos fueron acusados de integrar una organización criminal que actuaba hacía tres años y que sería responsable por un fraude con recursos públicos por un valor superior a 200 millones de reales (unos 117,6 millones de dólares).Quince de los alcaldes arrestados son de municipios en Minas Gerais, en el sudeste del país y el segundo estado más poblado de Brasil, y los otros dos del estado de Bahía (nordeste).El grupo fue acusado de haber realizado gestiones fraudulentas para liberar recursos del Fondo de Participación de los Municipios (FPM), que el Gobierno federal brasileño utiliza para distribuir partidas del presupuesto entre los gobiernos municipales.La organización negociaba decisiones judiciales que obligaban al Gobierno a enviar recursos del fondo a municipios con débitos ante el Instituto Nacional de Seguros Sociales (INSS), lo que es prohibido por la ley.De acuerdo con la Policía Federal, los alcaldes contrataban sin licitación al mismo bufete de abogados, que pagaba extorsiones a jueces y funcionarios judiciales para obtener las decisiones favorables y que distribuía sus honorarios entre los alcaldes.En la residencia del alcalde de la ciudad de Juiz de Fora, Carlos Alberto Bejani, la Policía Federal se incautó de 1,1 millones de reales (unos 647.090 dólares) no declarados por el funcionario y cuya procedencia aún no ha sido aclarada.

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