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La administración del ex presidente de EU, George W. Bush está en el centro de la polémica.

Sigue polémica por interrogatorios

Sigue polémica por interrogatorios

El gobierno del ex presidente Bush comenzó a preparar el uso de técnicas coercitivas antes de que fueran autorizadas.

La administración del ex presidente  de EU, George W. Bush está en el ce...
La administración del ex presidente de EU, George W. Bush está en el centro de la polémica.

El documento del Comité de Servicios Armados del Legislativo que

fue divulgado hoy revela nuevos detalles sobre el proceso que llevó

a la autorización de métodos coercitivos en interrogatorios a

supuestos miembros de Al Qaeda.El texto, de 263 páginas, se conoce en medio de una gran polémica

desatada por la desclasificación de unos informes en los que altos

cargos de la pasada Administración Bush autorizaban y justificaban

esas prácticas.El abuso de detenidos bajo custodia estadounidense "no puede ser

atribuido a acciones de unas pocas manzanas podridas a iniciativa

propia", indica el informe del Senado de Estados Unidos.El hecho es, señala el Congreso, "que altos cargos del Gobierno

de EU solicitaron información sobre cómo usar técnicas

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agresivas, redefinieron la ley para crear la apariencia de legalidad

y autorizaron su aplicación a detenidos".El documento recuerda que el 7 de febrero de 2002, el entonces

presidente George W. Bush firmó un memorando anulando el Artículo 3

de la Convención de Ginebra, que se refiere al tratamiento de

prisioneros de guerra, para detenidos de Al Qaeda y los talibán.El gobierno calificó a estos detenidos como "combatientes

enemigos" e indicó que no les correspondían las protecciones de la

Convención de Ginebra, dado que no eran miembros de organizaciones

militares formales.En diciembre de 2001, más de un mes antes de que el presidente

firmara el memorando, una oficina legal del Departamento de Defensa

ya había solicitado información sobre la "explotación" de detenidos

a la JPRA, una agencia experimentada en entrenar a personal

estadounidense para resistirse a técnicas de interrogación

consideradas ilegales bajo la Convención de Ginebra.En concreto, JPRA es la agencia del Pentágono que supervisa el

entrenamiento de "Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape"

(SERE) para personal militar en el exterior.

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Durante estos entrenamientos, personal militar estadounidense es

expuesto a presiones físicas y psicológicas que simulan condiciones

en las que se podrían encontrar si fueran capturados por enemigos y

que no se ajustan a la Convención de Ginebra.Esa agencia comenzó su trabajo en 2002 y se extendió durante los

próximos dos años. Durante este periodo, el gobierno se apoyó en el

conocimiento de la JPRA y en su ayuda directa para los

interrogatorios.El 1 de agosto, sólo semanas después de que la JPRA entregara a

Defensa una lista de las técnicas del SERE y un memorando de los

efectos psicológicos del entrenamiento de este programa, la Oficina

de Asesoramiento Legal del Departamento de Justicia emitió dos

opiniones jurídicas, después de consultas con el entonces asesor de

la Casa Blanca, Alberto Gonzales, y un asesor del vicepresidente.Ambos informes fueron firmados por el fiscal general adjunto de

la Oficina Legal, Jay Bybee, en la que redefinió y justificó la

tortura, y se refirió a la legalidad de tácticas específicas.El informe del Congreso también revela que mientras el gobierno

preparaba el entramado legal para autorizar las torturas, también se

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entrenó a personal en la prisión de Guantánamo sobre estas técnicas.Todas estas gestiones no pasaron sin la oposición de algunos

expertos militares legales, que cuestionaron y expresaron su

preocupación acerca de esas técnicas.El documento del Senado indica, además, que el propio secretario

de Defensa de ese entonces, Donald Rumsfeld, aprobó el empleo de

técnicas agresivas contra detenidos en Guantánamo tras buscar

consejo legal.Después, personal en la prisión naval de Cuba comenzaron a

elaborar procedimientos operativos para aplicar las técnicas del

SERE en los interrogatorios.La autorización de Rumsfeld también llegó al conocimiento de

agentes en Afganistán y una copia del memo fue enviado de Guantánamo

a ese país. El titular de Defensa anuló en enero de 2003 su decisión

sobre Guantánamo, pero el documento siguió influyendo en los

interrogatorios, indica el Congreso.Por último, desde Afganistán las prácticas llegaron a Irak y con

ello a la Abu Ghraib.

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