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piden eliminar pena de muerte

piden eliminar pena de muerte

La mayor organización de juristas de EU dijo que condenados no tienen garantizado el acceso a un proceso justo.

Estudio en 38 estados

WASHINGTON - La mayor organización de abogados de Estados Unidos pidió que se interrumpan "todas" las ejecuciones en el país tras detectar "serios problemas" que demuestran que los condenados a pena de muerte no tienen garantizado el acceso a un proceso justo.

The American Bar Association (ABA), una institución con más de 400 mil miembros, hizo ese llamamiento durante una rueda de prensa en la que se presentaron los hallazgos de un estudio realizado durante los últimos tres años en ocho de los 38 estados que aplican la pena capital.

El análisis insiste en que el sistema que conduce a la ejecución de presos carece de fondos y personal y es claramente racista.

Los estados analizados (Alabama, Georgia, Indiana, Ohio, Tennessee, Florida, Arizona y Pensilvania) fueron elegidos al azar, según la ABA, que decidió excluir a Texas, donde se realiza el mayor número de ejecuciones, debido a que su gran extensión territorial requería un enorme despliegue de recursos.

El estudio, por lo demás, se saldó con una clara conclusión, según explicó Stephen Hanlon, presidente del Proyecto para la Implementación de una Moratoria sobre la Pena de Muerte de la ABA, quien dijo que "no se está entregando la justicia que merece, respeta y está garantizada al pueblo estadounidense".

El directivo pidió a todas las jurisdicciones con pena de muerte que "impongan una suspensión temporal inmediata de las ejecuciones hasta que haya un motivo mayor para tener la seguridad de que existe justicia y exactitud en nuestros sistemas de pena de muerte".

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Para Hanlon, "la pena de muerte se ha convertido en un cáncer en el sistema judicial estadounidense".

"Disparidades raciales"

El estudio muestra, en ese sentido, que en todos los estados investigados existen "disparidades raciales significativas" y que están fundamentalmente asociadas con el color de la piel de la víctima.

Así, en Ohio, los que asesinan a un blanco tienen casi cuatro veces más posibilidades de ser condenados a la pena muerte que los que matan a un negro.

A ese problema se suman otros igualmente graves, incluida la defectuosa recogida de pruebas, la falta de fondos en los laboratorios forenses, las confesiones falsas que se traducen en condenas, la escasa fiabilidad de los testimonios de testigos y la escasez de abogados cualificados.

Indiana, por ejemplo, no pide a los letrados que representan a los condenados a pena de muerte que demuestren ninguna formación.

Faltan políticas y garantías

Los estados carecen también de las políticas para garantizar que los abogados que representan a personas retardadas o con enfermedades mentales evalúen adecuadamente a sus clientes.

Igualmente cuestionable es la parte que atañe a los fiscales, según el informe, que destaca que muchos estados no exigen formación específica para casos que involucran la pena capital y no adoptaron medidas disciplinarias contra los fiscales que cometieron fallos graves.

Los responsables del estudio indican que con frecuencia la pena de muerte parece aplicarse no en función de quién ha cometido el peor crimen, sino de quién tiene el peor abogado.

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En la actualidad, hay un total de 3 mil 350 reos en el pasillo de la muerte, según la American Civil Liberties Union.

Sentenciados erróneamente

Desde que el Tribunal Supremo restableció el castigo en 1976, han sido liberados más de 100 prisioneros sentenciados erróneamente.

El máximo tribunal estadounidense aceptó el mes pasado un caso planteado por dos prisioneros de Kentucky que sostienen que las inyecciones letales, el método más usado, viola la Octava Enmienda de la Constitución que prohíbe los castigos crueles.

La mayoría de los estados en los que existe la pena capital ha congelado las ejecuciones a la espera de la decisión del Supremo, que se espera para el primer trimestre del 2008.

La ABA, que no tiene una posición oficial sobre la pena de muerte, dice confiar en que el informe recién publicado arroje luz sobre los que considera fallos indefendibles en el sistema judicial estadounidense.

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