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Líderes religiosos condenaron

Líderes religiosos condenaron

La CONLAMIC y la Confraternidad de Ministros Cristianos Latinos del Valle de Delaware repudiaron fianza.

Cargos por homicidio e intimidación

NUEVA YORK - La Coalición Nacional Latina de Ministros y Lideres Cristianos (CONLAMIC) y la Confraternidad de Ministros Cristianos Latinos del Valle de Delaware repudiaron la fianza impuesta a los acusados por la muerte de un inmigrante mexicano.El juez superior William Baldwin del condado Schuylkill, en Pensilvania, impuso una fianza de $50 mil a Brandon Piekarsky y Colin Walsh -siguiendo la recomendación de la Fiscalía- a quienes se imputa haber asesinado a golpes el pasado julio a Luis Ramirez, de 24 años, quien residía en Shenandoah, Pensilvania.

Piekarsky, de 16 años y Walsh, de 17, jugadores de fútbol en su escuela secundaria, enfrentan cargos por homicidio, intimidación étnica, entre otros cargos, en relación a los golpes propinados la noche del 12 de julio a Ramírez, quien 30 horas después del incidente murió en un hospital sin haber salido del estado de coma.

Los jóvenes habían sido arrestados el 25 de julio sin derecho a fianza.

Un tercer acusado, Derrick Donchak, de 18 años, enfrenta cargos de agresión agravada e intimidación étnica y se encuentra libre tras pagar una fianza de 75 mil mil dólares.

"Sin duda alguna, estamos ante el umbral de otro ejemplo más de una aberrante conducta por parte de quienes están para hacer cumplir la ley y de un juez que responde mejor a los intereses especiales de la opinión pública, la influencia de sus vecinos, que a su responsabilidad judicial", señaló el reverendo Miguel Rivera, presidente de CONLAMIC.

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Cargos pendientes para cuarto atacante

Rivera argumentó además que la decisión del juez Baldwin al imponer una fianza baja comparada con el crimen que se cometió "demuestra ignorancia" sobre el aumento de pandillas y grupos de crimen juvenil organizado que aparecen continuamente en la mirilla de investigaciones por los distintos departamentos de Policía de la nación.

Argumentó además que es imposible evadir la posibilidad que crimen "tan horrendo y despiadado como el perpetrado contra Ramirez, en medio de una ambiente de incidencias de intolerancia racial, odio étnico y discriminación social esté impregnado de estos elementos y factores atenuantes".

Rivera informó de que los pastores y ministros evangélicos de Pensilvania, afiliados a CONLAMIC, pidieron que los abogados de esta entidad, con sede en Washington D.C, "se apresuren a gestionar toda alternativa legal para asegurar que la justicia se materialice cabalmente".

Explicó que el Departamento de Justicia de EU será informado sobre las querellas de varios vecinos de Shenandoah y otros municipios cercanos ya que, según Rivera, existe la posibilidad de que el crimen que se imputa a los acusados sea resultado o la consecuencia, de una tensión racial organizada y promovida por grupos de supremacía blanca que han estado muy activos en esta zona y Pensilvania.

El Fondo Mexicano-estadounidense para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF, por sus siglas en inglés) solicitó a la Fiscalía federal en esa localidad y a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) que supervisen la investigación y el proceso legal contra los involucrados.

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Los cargos contra un cuarto atacante están pendientes.

Shenandoah, donde vivía Ramírez, es un pueblo con 5,500 habitantes -de la cual un 10 por ciento es de origen latino, en su mayoría mexicanos, seguidos de hondureños y dominicanos.

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