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Ley defrauda a hispanos en VA

Ley defrauda a hispanos en VA

Prohibiría el acceso a algunos servicios en Virginia y cerrará los negocios que empleen a trabajadores indocumentados.

Hostigamiento

WASHINGTON - La aprobación en el condado de Loudoun (Virginia) de medidas para prohibir a los inmigrantes indocumentados el acceso a servicios públicos, al igual que ocurrió la semana pasada en el de Prince William, hace que la comunidad hispana no se sienta bienvenida.

Se trata de una resolución que, una vez estudiada en las próximas seis semanas y vuelta a votar en septiembre, prohibiría el acceso a algunos servicios del condado a los inmigrantes sin estatus migratorio en el país y que tratará de cerrar los negocios que empleen a trabajadores indocumentados.

Además, fomentará una colaboración más estrecha entre la oficina del Alguacil de Loudoun y las autoridades federales en materia de inmigración para agilizar la deportación de aquellos indocumentados detenidos por la comisión de algún delito.

"Lo peor de todo esto es el mensaje discriminatorio que va dirigido a la comunidad latina en estos condados que les indica que no son bienvenidos", dijo a Efe Kent Willis, director ejecutivo de la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU) de Virginia.

"La cuestión ahora es cómo se pondrán en marcha las medidas establecidas, porque pueden llevar a la discriminación hacia todos los inmigrantes latinos con papeles o sin ellos", apuntó.

"Esta resolución es un resultado directo de la incapacidad del Congreso de EE.UU. de resolver el problema del sistema migratorio", explicó a Efe Ángela Sanbrano, presidenta de la Alianza Nacional de Comunidades Caribeñas y Latinoamericanas (NALACC).

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"Tras el fracaso de la Reforma Migratoria, los condados han optado por pasar sus propias leyes contra los inmigrantes indocumentados sin reconocer la aportación económica de éstos a sus ciudades", consideró Sanbrano.

"Decepcionante"

Brent Wilkes, director ejecutivo nacional de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), dijo a Efe que considera "decepcionante" que se aprueben este tipo de medidas y advirtió de las posibles consecuencias económicas de las mismas.

"Esto afectará negativamente en su economía ya que los inmigrantes son una importante mano de obra y sólo servirá para que permanezcan aún más en la sombra", explicó Wilkes.

La resolución fue aprobada el lunes, según sus promotores, con el ánimo de detener el incremento de la delincuencia que es especialmente acuciante en la frontera de Loudoun con la ciudad de Herndon y el condado de Fairfax (ambos en Virginia).

Muchos en Loudoun consideran que el problema en esta zona tiene su origen en el centro de trabajo jornalero de Herndon, donde inmigrantes, legales o no, esperan a que se les ofrezca trabajo por horas como jardineros o peones de construcción.

Dicho centro está situado en el límite con el condado de Loudoun, y aunque desde Herndon las autoridades aseguran que intentan que estos trabajadores no pasen al condado vecino, muchos habitantes de la zona han denunciado que estos inmigrantes suelen traspasar la frontera a menudo.

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Control policial

La resolución de Loudoun es muy parecida a la aprobada la semana pasada en Prince William (Virginia) pero algo menos severa, ya que en este condado, además de la prohibición de los servicios, autoriza a la Policía a comprobar el estatus migratorio de cualquier persona que levante "sospechas razonables".

En el caso de la resolución de Loudoun fue una incorporación de última hora a la agenda de la Junta a petición del supervisor republicano por Sterling, Eugene Delgaudio, que contó enseguida con el apoyo de los otros cinco republicanos de la Junta, que consta de nueve miembros.

Tras haber sido aprobada ayer, la administración del condado dispondrá de seis semanas para estudiar la puesta en marcha de la resolución.

El pleno de la Junta de Supervisores volverá a reunirse en septiembre para una nueva votación y en la que se especificarían los detalles sobre texto, tales como los servicios que se negarán a los inmigrantes indocumentados.

Nadie sabe cuántos de los 270 mil habitantes del condado residen allí ilegalmente pero las asociaciones hispanas coincidieron en que una de las claves es la integración.

"Cuanto más se integre a los inmigrantes en estos condados mejor se solucionará este debate, porque es muy fácil discriminar a alguien que no conoces", concluyó Wilkes.

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