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Jueza suspende la ejecución de un mexicano y un estadounidense

Jueza suspende la ejecución de un mexicano y un estadounidense

Una jueza federal de Houston paralizó dos ejecuciones inminentes tras no conseguir datos de la inyección letal.

Una jueza federal de Houston paralizó dos ejecuciones inminentes, una de ellas de un preso de nacionalidad mexicana, porque argumenta que el estado de Texas no facilita suficiente información sobre el compuesto químico que se usa en esta práctica.

La decisión de la jueza Vanessa Gilmore bloqueó la ejecución prevista para mañana jueves del preso Tommy Lynn Sells y también la del próximo miércoles de Ramiro Hernández Llanas, de nacionalidad mexicana.

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Los abogados de Sells y de Hernández LLanas, interpusieron una demanda contra el Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDCJ) exigiendo el nombre del proveedor de un nuevo lote de pentobarbital, el sedante utilizado en la inyección letal al sostener que se tenía el derecho a saber de dónde provenía.

El TDCJ se ha resistido hasta ahora a dar a conocer la identidad del proveedor, bajo el argumento de que debe mantenerse en secreto para protegerlo de las amenazas de violencia de opositores a la pena de muerte.

Fotos: Los latinos ejecutados en EEUU

Los abogados de Sells y Hernández Llanes sostienen que se necesita conocer el nombre del fabricante del compuesto, para verificar la calidad de la droga y a fin de garantizar que el proceso se efectuará sin violar el principio constitucional de provocar una muerte sin dolor.

La situación se produce a raíz de la escasez de los compuestos utilizados en la inyección letal que ha motivado a las entidades que aplican la pena de muerte a buscar nuevos proveedores y nuevas drogas que puedan ser utilizadas para las ejecuciones.

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La escasez es propiciada por la negativa de las compañías farmacéuticas a suministrar los medicamentos necesarios para realizar las ejecuciones y de las farmacias para preparar los compuestos necesarios para asegurar una muerte rápida.

Varias de las compañías farmacéuticas con sede en Europa, donde se tiene una larga tradición de oposición a la pena de muerte, han dejado de vender estos medicamentos a los sistemas penitenciarios de las entidades estadunidenses que aplican el castigo capital.

Texas y otras entidades que aplican la pena de muerte se han visto forzadas a recurrir a farmacias de compuestos, que fabrican fármacos personalizados bajo pedido y adoptan nuevas mezclas no probadas, para abastecerse de lo necesario para conducir las ejecuciones.

El sistema penitenciario de Texas informó en fecha reciente haber obtenido un nuevo lote de compuestos que le permitirán continuar con las ejecuciones pendientes en los próximos meses.

Luego del anuncio, los abogados de Sells y Hernández interpusieron la demanda para conocer el nombre del proveedor.

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