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Jornaleros en Arizona están atravesando un duro momento tras la puesta en vigencia de la ley SB1079.

Jornaleros no pueden hallar trabajos en Arizona por la nueva ley

Jornaleros no pueden hallar trabajos en Arizona por la nueva ley

La nueva ley en Arizona es un obstáculo para los jornaleros que buscan trabajo

Jornaleros en Arizona están atravesando un duro momento tras la puesta e...
Jornaleros en Arizona están atravesando un duro momento tras la puesta en vigencia de la ley SB1079.

'Nadie vino a contratarnos'

TUCSON, Arizona - Los jornaleros son uno de los grupos más afectados por la ley estatal SB1070 al serles casi imposible encontrar trabajo como antes de la entrada en vigor de la polémica legislación.

La nueva ley, que entró en vigor el pasado 29 de julio, convierte en un delito interrumpir el tráfico para pedir empleo y permite sancionar también a las personas que detienen su auto para contratar a un trabajador en la calle, algo que afecta directamente a los jornaleros.

"Durante la primera semana que entró en vigor la SB1070, nadie vino a contratarnos", dijo hoy a Efe Francisco Rodríguez, jornalero mexicano de 28 años de edad.

Agregó que muchas personas tienen miedo de ofrecerles trabajo porque pueden ser multados si la policía les sorprende contratando a jornaleros.

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Rodríguez, inmigrante indocumentado originario del estado de Sonora, dijo que sus ingresos han descendió cerca de un 90 por ciento desde que comenzó la aplicación de la nueva ley.

Para poder cumplir con la ley y evitar cualquier tipo de enfrentamiento con las autoridades, los jornaleros de Tucson acuden a una iglesia ubicada en el sur de la ciudad donde les permiten permanecer dentro de sus instalaciones en espera de que alguien acuda a solicitar sus servicios.

"La situación es muy difícil, ya de por si antes no había trabajo y ahora menos", enfatizó el inmigrante mexicano.

Carlos García, activista y representante con la organización Puente en Arizona, dijo a Efe que aunque un juez federal bloqueó las partes más controvertidas de la SB1070, que hubieran convertido en agentes de inmigración a los departamentos policiales locales, las secciones en vigor son las que más afectan a los jornaleros.

"Para muchos, los jornaleros son el rostro del inmigrante indocumentado y por eso son los primeros que atacan", dijo García quien trabaja con los jornaleros en Phoenix.

Añadió que desde que entró en vigor la SB1070 su organización se ha dedicado a patrullar las calles con cámara de vídeo en mano para documentar cualquier tipo de abuso que exista en contra de los jornaleros y los miembros de la comunidad hispana.

Aclaró que hasta el momento no ha existido ningún tipo de incidente de acoso por parte de las autoridades contra los jornaleros tanto en Phoenix como en Tucson.

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"Estamos educando a los jornaleros, recomendándoles que se mantengan en sitios seguros, ayudándoles a conseguir estacionamientos o lugares donde no tengan que estar en las calles y ser detenidos por la policía", señaló García.

Por su parte, Rodríguez explicó que antes de la aplicación de la SB1070 fácilmente se podía conseguir trabaja hasta dos veces al día, generando un promedio de $500 semanales. Ahora difícilmente está haciendo $50 a la semana.

A pesar de ello, el inmigrante indocumentado considera que es mejor "aguantar" en Arizona que regresar a México.

"La gente sigue cruzando la frontera, con o sin SB1070 va a seguir llegando gente en busca de trabajo, las cosas en México están muy difíciles", dijo Rodríguez quien este año ya ha sido repatriado en dos ocasiones y cruzado de nuevo el desierto de regreso.

El jornalero reconoció que al igual que otros se encuentra considerando la posibilidad de dejar Arizona para buscar mejores oportunidades en otros estados.

"Muchos compañeros se están cambiando a New Mexico, pero dicen que allá tampoco hay trabajo", señaló.

Rodríguez reconoció que entre los jornaleros existe mucho temor de ser arrestados por las autoridades, ya que corren rumores en las calles que a pesar del bloqueo del juez federal, algunos policías solicitan la prueba de residencia legal a las personas que son detenidas.

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