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Expectación por fallos de la Corte Suprema sobre parejas del mismo sexo

Expectación por fallos de la Corte Suprema sobre parejas del mismo sexo

Corte Suprema de Justicia oirá argumentos sobre medidas que limitan derechos a parejas del mismo sexo.

Fallos concluirían larga batalla por reconocimiento de derechos de igualdad

Por: Elizabeth Cotte

Dos fechas para la historia: 26 y 27 de marzo de 2013. Durante esos dos días la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos escuchará los argumentos a favor y en contra de la Proposición 8 de California, y de la ley DOMA.

Ambas audiencias en el máximo tribunal de justicia estadounidense tienen que ver con el matrimonio entre personas del mismo sexo, los derechos de los individuos de orientación homosexual, el derecho del gobierno y los estados para regular la vida de los ciudadanos, y de principios como el de igualdad y protección ante la ley.

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Las históricas jornadas se producen en momentos en que quienes apoyan el matrimonio entre personas del mismo sexo es mayor que el de quienes lo rechazan. Una encuesta reciente del diario The Washington Post y la cadena ABC concluyó que 58% cree que el matrimonio gay debe ser legal. Contra la legalización se pronunció 36% de los encuestados. Los números indican que en la última década la opinión del país cambió. En  una encuesta similar en 2003 el apoyo era apenas 37%, y más de la mitad de la población lo rechazaba.

Entre los hispanos, seis de cada 10 apoya al matrimonio entre personas del mismo sexo, según mostraron las encuestas a boca de urna que se realizaron el 6 de noviembre durante las elecciones generales (presidente, congreso y gobernadores).

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Dos casos, dos fallos

Es precisamente la Sección 3 de DOMA la que impide que -ante las autoridades migratorias- un ciudadano homosexual pueda reclamar una visa para su cónyuge o fiancé, aunque el ciudadano resida en algunos de los estados donde ya se reconoce el matrimonio homosexual o uniones civiles entre personas del mismo sexo. Este beneficio migratorio y otros -como el derecho de adoptar como pareja, o que alguien que enviude herede de su cónyuge con ciertas consideraciones impositivas, o la posibilidad de hacer una declaración conjunta de impuestos- se dan de manera automática en los matrimonios homosexuales, pero son parte de los 1,094 beneficios a los que las parejas homosexuales no tienen derecho. Los argumentos que se esgrimirán ante el máximo tribunal de justicia son el de la igualdad de todos ante la ley, y el otro, el de igual protección ante la ley garantizadas respectivamente por la Decimocuarta Enmienda y la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Larga batalla

No es la primera vez que en la Corte Suprema de Justicia se dirimen casos relacionados con los homosexuales. Ya lo hizo en cuatro oportunidades anteriores, y con excepción de la demanda Boy Scouts vs. Dale, que permitió a la organización continuar con su política de no permitir la afiliación de homosexuales en sus filas, los otros tres dictámenes permitieron avances importantes en la lucha de los gays y lesbianas por un trato igual. Con  ellos se despenalizó la conducta homosexual, se cuestionó el interés legítimo de los estados de regular la vida sexual privada de adultos en relaciones consensuales y se eliminaron en algunos estados prácticas discriminatorias nacidas de “animosidad”.

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Pero los casos que se ventilan este 26 y 27 de marzo son, en cierta manera, distintos porque al considerar el tratamiento presuntamente desigual contra un grupo o clase de individuos, los magistrados tendrán que ir más allá del derecho individual. Los casos han sido revisados ya en la Corte Suprema y ahora los jueces le preguntarán a las partes involucradas.

En el caso relacionado con California, la primera pregunta tiene que ver con una regla llamada en inglés “standing”, es decir, que quienes demandan tienen que probar cómo los perjudica el asunto por el que demandan. En la audiencia del martes, los defensores de la Proposición 8 tienen que probar a los magistrados que resultaron perjudicados o afectados por los dictámenes que invalidaron la Proposición. Lo que el Supremo necesita saber es si tienen una razón válida para demandar. Si no logran demostrar su “standing”, los magistrados no escucharán más argumentos y cerrarán el caso, lo que significa que en California podrían seguir realizándose matrimonios entre personas del mismo sexo. Si la parte demandante logra demostrar que su interés es valido, el caso proseguirá. Los magistrados escucharán entonces también de los demandados y luego de esto el dictamen del supremo podrá tomar dos vías. La primera decidir a favor de los demandantes, lo que echaría por tierra los dictámenes de anticonstitucionalidad de la Proposición 8; el otro camino sería pronunciarse a favor de los demandados, una pareja de gays y otra de lesbianas, y decidir que California no puede negarles el derecho de contraer matrimonio.

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Si los abogados de los demandados presentan un caso fuerte, el máximo tribunal de justicia de Estados Unidos pudiera ir más allá y recomendar que ningún estado prohíba el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El segundo caso

Sin haber sido ventilado, el caso de Edith Windsor contra DOMA ya hizo historia, pues el gobierno federal decidió no defender la ley en la Corte. Así lo anunció el gobierno del presidente Barack Obama el año pasado, recomendando además al Supremo que la Sección 3 sea derogada.

Defendiendo la ley DOMA en la corte estará presente un equipo legal representando a ambos partidos en la Cámara de representantes. Es conocido como BLAG, por las siglas de Bipartisan Legal Advisory Group. Por otro lado, el ex presidente Bill Clinton, que firmó la ley de Defensa del Matrimonio en 1996, lanzó un editorial a comienzos de marzo explicando por qué ya no la apoya. Su esposa Hillary Clinton ha hecho campaña por la igualdad y 173 legisladores se unieron en calidad de Amigos de la Corte (Amicus Curiae) a la causa de Edith y de los cientos de miles de personas que se beneficiarían si se invalida el DOMA. Entre ellos,  aquellos gay o lesbianas sin estatus legal que se encuentran en relación de pareja con ciudadanos de Estados Unidos y que pudieran conseguir su legalidad mediante el matrimonio. Algunos de ellos se encuentran en medio de juicios de deportación que han sido suspendidos mientras se espera el dictamen de la Corte Suprema de Justicia sobre la Proposición 8.

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Un estudio del Instituto Williams de UCLA calcula que en la nación hay al menos 900 mil LGBT sin estatus legal, y de ellos 48 mil estaban en una relación de parejas al momento del estudio.

El dictamen de la Corte Suprema de Justicia en los casos de Perry y Windsor se darán a conocer en Junio.

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