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El FBI arrestó a un alcalde puertorriqueño por corrupción

El FBI arrestó a un alcalde puertorriqueño por corrupción

El funcionario está acusado de soborno e intento de extorsión, por lo que podría pasar 10 años en prisión.

El alcalde de la localidad puertorriqueña de Río Grande, Eduard Rivera Correa, fue detenido este jueves por el FBI acusado de soborno, intento de extorsión y obstrucción a la justicia, delitos que podrían conllevar 10 años de prisión y multas de hasta $250,000.

La fiscalía federal reveló que el funcionario aceptó más de $39.000 en incentivos de un contratista. También se le acusa de haber pedido 4.000 dólares al contratista a cambio de suministrarle negocios municipales.

¿Qué sanción debería recibir este funcionario?

Los hechos que se le imputan tuvieron lugar entre 2009 y 2012. Como parte de esta operación está también acusado y detenido el abogado Alejandro Carrasco, que asesoraba a este y otros municipios.

Este arresto tiene lugar tan sólo un día después de que el director del FBI, James Comey, visitara por primera vez Puerto Rico y se refiriera expresamente al problema que supone la corrupción en esta isla.

Comey insistió en que la corrupción "tiende a ser cultural" y defendió que "hay que arrancarlo de raíz", algo en lo que también insistió Cases, que dijo que este problema está presente a todos los niveles de la isla.

Lanzó amenazas al empresario

Rivera fue alcalde de Río Grande durante casi una década. Anteriormente había trabajado durante 26 años en la oficina del contralor de Puerto Rico en cargos que incluyeron el de supervisor de auditoría

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Los cargos por obstrucción a la justicia se refieren a amenazas que se alega hizo el alcalde al empresario en cuestión en conversaciones que están grabadas. En las mismas, el alcalde trató de detenerlo de hablar con las autoridades y ante un gran jurado federal.

El abogado Carrasco, entretanto, era asesor legal de los municipios de Río Grande, Barceloneta y Juncos, y enfrenta cuatro cargos por soborno relacionado a programas que reciben fondos federales de los tres municipios. También tuvo o tiene contratos con los municipios de Trujillo Alto, Yabucoa, Luquillo y con el senador Jorge Suárez, del distrito de Humacao.

La acusación detalla que el abogado solicitó pagos al contratista en varios ocasiones, disimulados como honorarios legales, para influenciar los negocios que el empresario hacía con varios municipios.

De ser encontrados culpables, Rivera Correa y Carrasco se enfrentan a penas carcelarias de hasta 10 años.

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