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Cientos de inmigrantes hicieron sus casos de inmigración en los siete centros clausurados por las autoridades.

Cierran centros de asistencia de inmigrantes en New York por estafas

Cierran centros de asistencia de inmigrantes en New York por estafas

Autoridades en New York cerraron siete centros que brindaban asistencia con casos de inmigración

Cientos de inmigrantes hicieron sus casos de inmigración en los siete ce...
Cientos de inmigrantes hicieron sus casos de inmigración en los siete centros clausurados por las autoridades.

Hay miles de afectados

NEW YORK - Siete centros que proveían servicios de inmigración fraudulentos fueron cerrados por el fiscal general de New York, Andrew Cuomo, que además presentó una demanda contra otras dos organizaciones en el Tribunal Supremo del estado.

El cierre fue resultado de un acuerdo entre los centros y la Fiscalía, que llevó a cabo una investigación tras recibir quejas de que ofrecían servicios para los cuales no estaban autorizados como someter documentos ante el gobierno a nombre de inmigrantes y proveer asesoría legal a éstos.

Además, algunas de las compañías involucraban a abogados que ayudaban a otros individuos a ejercer la práctica no autorizada del derecho prestándoles su nombre para darle legitimidad al negocio, señaló Cuomo en un comunicado de prensa.

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"Estas compañías tomaban el dinero de los inmigrantes al prometerles que les proveerían servicios que no podían cumplir, prácticas que causaron que gente inocente enfrentara problemas con su estatus migratorio y hasta la deportación", señaló Cuomo.

El fiscal identificó las organizaciones que fueron cerradas como el Centro Santa Ana Inc. de Ana Lucía Baquero, Margo's Inmigration Services, de Margarita Davidov, también conocida como Margo Davidov; "Asilos" de Camilo Perdomo y Misión Hispana Inc., de Mayra Liz, todos en el condado de Queens.

Mientras que en Manhattan fueron cerrados los centros Miguel Fittipaldi, J.D. Ltd de Miguel Fittipaldi y el operado por Arthur C. Hurwitz, así como la Oficina Legal para Hispanos, P.C. de Geoffrey S. Stewart.

Como parte del acuerdo con la Fiscalía, estas compañías y sus respectivos dueños no pueden volver a ofrecer servicios de inmigración en el estado de New York y pagar colectivamente $370,000 en multas.

Además, deben notificar por escrito a todos sus antiguos y actuales clientes que ellos no volverán a proveer ningún servicio relacionado con inmigración, así como someter informes trimestrales a la Fiscalía de cualquier queja por parte del público.

Los querellantes podrían ser elegibles para recibir restitución monetaria por haber utilizado estos negocios fraudulentos, señaló Cuomo.

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En otra acción, la Fiscalía acudió al tribunal contra Edwin Rivera y las cuatro compañías con las que ha prestado servicios legales no autorizados a inmigrantes, identificadas como "Inmigración Hoy", "Inmigración Hoy News Today", "Forensic Inmigration Law" e "Inmigracion Accounting Service".

De acuerdo con Cuomo, estas organizaciones brindaron asesoría legal a inmigrantes sin ser abogados o tener la acreditación apropiada por toda la ciudad de Nueva York y Long Island y sometieron peticiones de ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EU a nombre de éstos y sus familiares.

Además, estas compañías fallaron en proveer a los consumidores contratos escritos en dos idiomas: la lengua nativa del inmigrante y en inglés.

El ecuatoriano Adolfo E. Pérez fue una de las víctimas de los servicios que Rivera ofrecía a través de sus agencias y a quien prometieron que podrían tramitar su residencia legal en EU, donde vive desde hace dos décadas, según dijo a Efe.

Pérez, natural de Quito, explicó que acudió donde Rivera en 1997.

"El revisó todos los documentos que le llevé, me ofreció averiguar el estatus de mi caso y me dijo que todo estaba bien, y que yo era afortunado, que Inmigración me iba a llamar rápido", recordó.

Sin embargo, pasaron cerca de cuatro años y tras recibir una carta de la oficina de Servicio de Ciudadanía informándole de que podría perder todos las gestiones que había hecho, acudió nuevamente donde Rivera.

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"Le mostré la carta y me dijo que tenía que pagarle otros $1,400 para hacer una carta para Inmigración, y así completar un total de 4.000 dólares" por los servicios, agregó Pérez, de 73 años.

"Le dije que no, que no quería más sus servicios y después de unos 15 días, volví para pedir que me devolviera mi dinero porque no había hecho nada por mí. Me contestó de forma grosera y me dijo que si lo seguía molestando, me llevaría personalmente a Inmigración y haría que me deportaran", señaló el inmigrante.

Por recomendación de su hija, Pérez acudió a la Fiscalía para presentar una queja contra Rivera.

El ecuatoriano pudo lograr finalmente su estatus legal a través de su hijo "y sólo me tomó seis meses", comentó con satisfacción a Efe y agregó que se siente "defraudado" con lo ocurrido con Rivera.

"Me hizo perder mi tiempo y tomó mis $2,600", argumentó.

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