Ejército mexicano asume el control de un importante puerto en Michoacán

Ejército asume seguridad en Lázaro Cárdenas

Reemplazan a la policía con personal de alto rango

El gobierno de México continúa desplegando sus fuerzas armadas en el estado de Michoacán (oeste) tras ordenar el relevo de policías y administradores del importante puerto de Lázaro Cárdenas (Pacífico), en un intento por contener al persistente crimen organizado que azota la región.


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La Marina colocó "personal de alto rango para ocupar los cargos de Administrador y la Capitanía" del Puerto de Lázaro Cárdenas, el más importante del país en cuanto a volumen de carga general y donde se registran "actos de corrupción y de colusión", dijo en conferencia de prensa Eduardo Sánchez, vocero de la cartera de Seguridad.

Además, el funcionario añadió que 113 elementos de la policía del municipio Lázaro Cárdenas (unos 180.000 habitantes) fueron trasladados a un centro de adiestramiento y "sustituidos por elementos del ejército mexicano en tanto se lleva a cabo el proceso".

Michoacán, histórico territorio del narcotráfico, se encuentra sumergido en una espiral de violencia por las sangrientas luchas entre los cárteles antagónicos Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana y Jalisco Nueva Generación, que además de dedicarse al narcotráfico, extorsionan, secuestran y asesinan a pobladores y comerciantes.


Hartos de vivir en el miedo y ante la inacción de autoridades locales, numerosos civiles se levantaron en armas y se organizaron en grupos de "autodefensas" a principios de este año, lo que incrementó la tensión.

La violencia no para

Para poner orden, el gobierno nacional desplegó en mayo miles de militares y policías federales a Michoacán, pero los eventos violentos siguen registrándose.

El 27 de octubre, un grupo criminal aún no identificado oficialmente atacó con armas de alto calibre y bombas "molotov" varias estaciones eléctricas en la subregión michoacana de Tierra Caliente, dejando sin luz a 420.000 personas durante horas, e incendiaron seis gasolineras, cuatro de ellas en Morelia, capital estatal.


El sabotaje masivo ocurrió pocas horas después de que unos 300 integrantes de las autodefensas irrumpieran en el municipio de Apatzingán (120 mil habitantes), bastión de Los Caballeros Templarios, con el objetivo de arrebatarles el control del territorio.

El obispo de Apatzingán, Miguel Patiño, emitió entonces un comunicado en el que consideró que "Michoacán tiene todas las características de un Estado fallido", y denunció que gobernantes y policías "están sometidos o coludidos con los criminales".

La noche del domingo, el párroco tuvo que ser "trasladado a una base militar" para resguardarlo de un ataque inminente, informó a la AFP una fuente de Seguridad que pidió el anonimato.

Buscan restablecer la paz


El gobierno de México aseguró este lunes que el relevo de funcionarios en Lázaro Cárdenas busca "el restablecimiento de las condiciones de paz, legalidad y seguridad (...) y fortalecer al Estado de Derecho, así como la legalidad de las actividades comerciales".

Aunque "por cuestiones de seguridad" no precisó la cifra de agentes desplegados al puerto de Lázaro Cárdenas, Sánchez aseguró que éstos operarán de manera rotativa para "prevenir acciones de colusión con y entre servidores públicos".

Por otro lado, elementos de la policía federal resguardarán las vías de acceso al puerto, que con sus importantes nexos hacia el centro y norte del país, ha sido un punto importante de tráfico de precursores químicos para la producción de drogas sintéticas, muchas de ellas fabricadas en laboratorios clandestinos en las montañas de Michoacán.

El puerto de Lázaro Cárdenas, el tercero más importante del país respecto al valor de la mercancía que se importa y exporta, ha registrado en lo que va del año operaciones por 165 mil millones de pesos ($12,500 millones de dólares), lo que representa una recaudación de 16,500 millones de pesos ($1,250 millones de dólares), según información oficial.


A finales de 2006, Michoacán ya había sido el primer punto donde el expresidente Felipe Calderón (2006-2012) desplegó su amplio operativo antidrogas que después se extendió a buena parte del país. Desde entonces han sido asesinadas más de 77 mil personas en hechos vinculados con el crimen organizado en México.

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