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Problemas con renta controlada

Problemas con renta controlada

Una ley que permite alquilar apartamentos a precios bajos genera una polémica entre locadores y locatarios.

Una ley polémica

En la madrugada del 13 de marzo un incendio destruyó el edificio ubicado en el 3145 de la avenida Mount Pleasant, en el corazón del barrio latino de Washington, DC. Más de 200 personas se quedaron sin hogar y sin pertenencias. El edificio era uno de los 100 mil que están bajo la ley de renta controlada en la capital del país.

Aunque obviamente la tragedia surgió por sorpresa, el final del edificio estaba casi anunciado: hacía 14 años que la asociación de vecinos sostenía una disputa con el dueño porque las condiciones de las viviendas eran deplorables y no era la primera vez que las llamas se encendían en alguna parte de la construcción.

“Desde hacía tiempo el edificio tenía problemas de electricidad y había insectos y roedores”, contó Yasmin Romero, una de las afectadas.

“Antes de vivir en el piso 10, yo renté un apartamento en el sótano y también se había incendiado”, relató Antonio López, inquilino por diez años. El Gobierno de DC tenía registradas 7,100 violaciones al código de vivienda en ese edificio desde el comienzo de la disputa.

En qué consiste la ley

La ley de renta controlada entró en vigencia en 1980 y estipula que los edificios construidos antes de 1975, con más de cuatro apartamentos, deben ofrecer precios asequibles para favorecer a inquilinos de bajos recursos.

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Y, justamente este beneficio de la ley es el que genera la controversia: por un lado los inquilinos aseguran que porque pagan poco están obligados a vivir en viviendas en pésimo estado de mantenimiento. Por el otro, los dueños dicen que como la ley los obliga a cobrar alquileres bajos, el dinero no les alcanza para realizar un buen mantenimiento.

Washington, DC, Nueva York, New Jersey y San Francisco, California son los lugares con más conflictos en edificios de renta controlada porque aplican la ley con dureza e inclinando la balanza, dicen urbanistas, para el lado de los inquilinos.

“Los dueños de grandes edificios pueden lidiar con los problemas de falta de pago de un inquilino”, afirma Shaun Pharr, a cargo de asuntos con el gobierno de la organización Apartment and Office Building Association of Metropolitan Washington (AOBA), que nuclea a los propietarios. “En cambio, para el dueño de un edificio pequeño, la falta de pago de uno de los alquileres puede afectar enormemente”.

Abusadores y abusados

Según un informe publicado por The Washington Post, se calcula que en DC hay cerca de 200 edificios que están violando los códigos de vivienda. En estos casos en particular, dice el informe, los propietarios, con la intención de sacar una ganancia mayor al convertirlos en condominios, apelan a cualquier recurso para librarse de los inquilinos.

“Los dueños hacen la situación más miserable para poder venderlo vacío”, insiste con vehemencia el concejal  de Washington Jim Graham, uno de los adalides del movimiento pro inquilinos. “Si está ocupado es más difícil venderlo”.

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"Todo depende de cuán organizada esté la asociación de inquilinos”, aseguran los expertos. Si la mayoría son inmigrantes sin papeles, que no hablan inglés, puede haber cierta especulación por parte del propietario. Por lo general, los hispanos son los más afectados, especialmente por el temor de ser denunciados ante Inmigración.

El texto de la ley en Nueva York indica que “el control de alquiler limita el alquiler o arriendo que un propietario pueda cobrar por un apartamento y restringe el derecho del propietario de desalojar a los inquilinos. También obliga al propietario a suministrar equipos y servicios indispensables”.

En Nueva York, el control de alquiler funciona bajo el sistema de Alquiler Básico Máximo (MBR, por sus siglas en inglés). Se establece un alquiler básico máximo para cada apartamento y se ajusta cada dos años para reflejar los cambios en los costos operativos.

Aquellos propietarios que certifiquen que están brindando servicios esenciales y han eliminado condiciones de infracción pueden aumentar el alquiler hasta en un 7.5 por ciento cada año, hasta llegar al límite del MBR.

Los inquilinos pueden objetar el aumento basándose en que el edificio tiene condiciones de infracción legal o que los gastos del propietario no justifican el aumento o que el propietario no ha mantenido los servicios esenciales. Exactamente lo que estaba pasando con el edificio que se incendió en Washington, DC.La polémica está abierta. Mientras tanto, la salvadoreña Aurelia Sánchez buscaba el viernes 14 entre los escombros el único bien que quería conservar: la foto de su hijo muerto en una pelea pandillera un año atrás.

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