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Marcha por el DREAM Act

Marcha por el DREAM Act

Un juez en Calif. falló que los registros de empleadores de jornaleros no son de dominio público.

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Estudian apelar el fallo

LOS ÁNGELES -  Los jornaleros de la ciudad de Vista, en el condado de San Diego, se declararon satisfechos por la decisión de un juez de la Corte Superior que dictó que los registros de las personas que les contratan no forma parte de la información pública porque debe respetarse su privacidad.

 "Nos parece justo y eso ayuda a proteger nuestro derecho al trabajo", dijo a Efe en una entrevista por teléfono Rubén Rodríguez, un jornalero que acude con frecuencia al estacionamiento donde diariamente se congregan más de 50 trabajadores, a la espera de ser contratados para trabajos de reparación, mantenimiento, pintura o jardinería.

La decisión del juez Michael Orfield respalda una primera restricción que se había emitido como respuesta a una demanda de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), contra la ciudad.

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Según la demanda, presentada el 9 de julio, los nombres de los empleadores que se registraran para contratar jornaleros -cumpliendo una norma de la ciudad- no pueden hacerse públicos, pues ello viola su derecho a la privacidad.

"La información solicitada... tiene muy poco que ver con la forma en que la Ciudad de Vista está haciendo cumplir la ordenanza", dijo el juez el jueves al explicar su decisión.

"El nivel de interés público en este caso... es cuantitativamente menor que en el de todos los otros casos de interés público que se me ha pedido revisar", concluyó.

Según una controvertida ordenanza adoptada por la ciudad el año pasado, sus residentes que deseen contratar jornaleros deben tramitar un permiso que lleva anexa información sobre leyes de pago para los trabajadores inmigrantes y una muestra de un contrato de trabajo, en inglés y en español.

Los nombres, direcciones y teléfonos de quienes solicitan los permisos se consideraban de dominio público hasta cuando un residente de la ciudad vinculado al grupo antiinmigrante Minutemen, solicitó una lista actualizada, lo que produjo la demanda de ACLU.

La Asociación de Directores de Periódicos de California, junto con la empresa de medios Union-Tribune y los periódicos North County Times y Los Angeles Times, entre otros, han manifestado su desacuerdo desde julio, cuando se impuso la restricción temporal al suministro de la información.

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El abogado Hal Wickers, quien representa algunos de los medios, anunció que "respetuosamente estaba en desacuerdo con la decisión" y que consultaría con sus clientes si apelaban la determinación del juez Orfield.

Revelan nombres de empleadores

Wickers dijo durante la audiencia que el caso debe ser decidido dentro del marco de la ley de registros públicos de California, que prohíbe demandas contra el suministro de la información, asegurando que conocer la información de los empleadores, ayuda a evitar favoritismos u otras irregularidades.

"No se supone que debamos limitarnos a lo que diga el gobierno. La ley da a los ciudadanos el derecho de verificación", argumentó Wickers ante el juez.

Michael Spencer, de la Brigada de Ciudadanos de Vista, un grupo en contra de la inmigración ilegal asociado con el Proyecto Minuteman, solicitó la lista de personas registradas en junio, lo que originó el litigio.

Su abogada, Sharma Hammond, manifestó el viernes que no hay prueba de que los empleadores hayan resultado afectados negativamente por la entrega de la información, que ya se había dado a conocer en varias ocasiones.

Respondiendo a peticiones de información sobre registros públicos hechos por medios de comunicación, el mismo Spencer y ACLU, la ciudad entregó en cinco oportunidades, antes de junio, las listas con nombres, direcciones y teléfonos de 111 de las 121 personas que se han registrado para contratar los jornaleros.

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"Estoy completamente a favor de la transparencia del gobierno, pero no a expensas de la privacidad", afirmó durante la audiencia David Blair, abogado que representa a ACLU.

La obligación de registrarse para contratar jornaleros es una forma en que el concejo ha tratado de proteger a los trabajadores, evitando que quienes los contraten no les paguen, les paguen menos de lo establecido o no les vuelvan a llevar al sitio donde fueron contratados, explicó Patrick Jonson, Administrador de la ciudad. 

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