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A dos años del escándalo de corrupción de Bell

Los '8 de Bell' se declararon inocentes de saquear la ciudad

Los '8 de Bell' se declararon inocentes de saquear la ciudad

Todo comenzó con un reportaje que explotó como bomba nuclear en una pobre ciudad del condado de Los Ángeles, levantó una enorme nube de ira popular y culminó con los arrestos de 8 funcionarios.

A dos años del escándalo de corrupción de  Bell
A dos años del escándalo de corrupción de Bell

Cómo 8 funcionarios terminaron en prisión por saquear $5.5 millones

LOS ÁNGELES, California - Los "8 saqueadores de Bell" se declararon inocentes este jueves de haberse apropiado ilegalmente de un total de $5.5 millones de la ciudad.

Los 8 comparecieron este jueves a un tribunal en Los Ángeles en donde les leyeron formalmente las acusaciones en su contra por apropiación ilegal de fondos públicos, y el cabecilla del grupo, el ex administrador Robert Rizzo, fue acusado de otros dos delitos graves adicionales a los 53 cargos que tenía pendientes.

De los 8 arrestados en septiembre pasado, sólo dos: El concejal George Mirabal y el ex concejal George Cole, siguen tras las rejas. Los demás, incluyendo Rizzo, salieron de prisión bajo fianza.

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La jueza superior Hilleri G. Merritt le ordenó a Mirabal regresar mañana, viernes, a la corte para  otra audiencia.

Los demás deben regresar al tribunal el próximo 8 de diciembre para determinar si existe prueba suficiente para llevarlos a juicio.

En una audiencia previa, la jueza Mary Lou Villar rechazó aumentarle la fianza a Rizzo, de $2 millones a $2.4 millones, como lo pidió la Fiscalía. "No creo que sea necesario que el tribunal agregue fianza adicional", dijo Villar.

Rizzo seguirá en la libre comunidad sujeto a vigilancia y con un grillete electrónico. El ex administrador ha pedido en una demanda que sea la ciudad de Bell la que pague por su defensa en los tribunales.

Además de Rizzo, Mirabal y Cole, a la audiencia del lunes comparecieron la ex asistente de Rizzo, Angela Spaccia; el alcalde Oscar Hernández, y los ex concejales Teresa Jacobo, Luis Artiga y Victor Bello.

El grupo fue arrestado el pasado 21 de septiembre y acusado de saquear $5.5 millones de las arcas públicas de Bell para beneficio privado.

Rizzo fue acusado, además, de conflicto de intereses y falsificación de documentos públicos, y este jueves le presentaron dos acusaciones nuevas, para un total de 55 cargos: Conflicto de intereses y apropiación ilegal, ambas en su modalidad grave.

Todo comenzó con un reportaje que explotó como bomba nuclear en una pobre ciudad del condado de Los Ángeles, levantó una enorme nube de ira popular y culminó con los arrestos y acusaciones criminales de ocho funcionarios municipales, entre ellos administrador, alcalde y concejales que, según las autoridades, exprimieron a los contribuyentes para resolverse la vida sin trabajar apropiándose de $5.5 millones de dólares en salarios, pensiones y préstamos personales.

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La caída fue rapidísima: Las revelaciones sobre la malversación en Bell fueron publicadas el pasado 15 de julio y un mes después policías derribaban la casa del alcalde Oscar Hernández porque no les abría la puerta.

Con Rizzo y Hernández fueron arrestados la administradora adjunta Angela Spaccia, 52 años; los concejales Luis Artiga, 49; Teresa Jacobo, 52, y George Mirabal, 60, y los ex concejales George Cole, 60, y Víctor Bello, 51. 

Estos, acusados de apropiación ilegal, enfrentan entre 4 y 25 años de prisión de ser hallados culpables. Artiga renunció esta semana al concejo municipal.

Esa es la parte monetaria del escándalo: Aún las autoridades investigan denuncias de fraude electoral en Bell en elecciones municipales en 2009 con la supuesta ayuda de la policía de la ciudad.

Utilizaron la ciudad como "alcancía propia"

El escándalo de Bell explotó con un reportaje de Los Angeles Times que denunciaba que Rizzo se ganaba $787 mil al año administrando una pequeña ciudad obrera y mayormente latina de 37 mil habitantes, al sureste de Los Ángeles. Spaccia ganaba $376 mil. En comparación, el alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, se gana $273 mil administrando una ciudad de 3.8 millones.

Pero eso no era todo: El jefe de la Policía de Bell, Randy Adams, ganaba $457 mil al año, aproximadamente 50 por ciento más que el jefe policial de Los Ángeles, Charlie Beck, y para colmo, los concejales municipales, cuyo trabajo era a tiempo parcial, estaban cargando con $100 mil anuales.

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Las familias de Bell, en contraste, ingresan unos $40 mil anuales en promedio, una quinta parte vive en la pobreza y aun así los propietarios pagaban la segunda tasa de impuestos a la propiedad más alta de todo el condado, por encima de ciudades con residencias o edificios multimillonarios como Beverly Hills o Malibu.

Según el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Steve Cooley, los funcionarios manejaron la ciudad "como alcancía propia que utilizaban a su antojo", y mientras Rizzo supuestamente saqueaba las arcas municipales, los concejales "estaban ocupados enriqueciéndose cobrando dinero por reuniones que nunca ocurrieron". Lo que ocurrió en la ciudad fue "avaricia y robo calculado y obtenido mediante engaño y secretismo", agregó el fiscal.

Caja de Pandora

Tras las revelaciones iniciales se abrió una caja de Pandora que dio a conocer cómo múltiples funcionarios municipales ganaban salarios por encima de los $100 mil dólares, cómo a los propietarios les habían cobrado ilegalmente impuestos a la propiedad por $3 millones, y medio millón más en exceso por los servicios de alcantarillado; cómo entre salario y beneficios Rizzo se echaba al bolsillo $1.5 millones por su trabajo y los concejales se apropiaron de $1.2 millones convocando a reuniones y comisiones fantasmas, y cómo se repartieron préstamos a diestra y siniestra a empleados de la ciudad y particulares, con fondos públicos: La asistente de Rizzo obtuvo más de $300 mil y él unos $80 mil para fines personales.

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Univision 34, por otra parte, recibió denuncias de los latinos de Bell de que la Policía estaba usando el perfil racial para detenerlos por cualquier infracción de tránsito y confiscarles sus vehículos, que sólo podían recuperar tras el pago de $300, o el triple de lo que se paga en ciudades como Los Ángeles.

"Si tienen stickers que dicen Piolín (por la Mañana) o calcomanías (con motivos latinos)...no más los paran porque miran las calcomanías", dijo una entrevistada a Noticias 34. Otro aseguró que le habían confiscado 3 vehículos y que conocía múltiples personas que les había pasado.

Las autoridades federales aún investigan estas denuncias como un caso de derechos civiles e intentan determinar si las confiscaciones eran para engordar las arcas municipales de Bell e inflar los salarios de sus funcionarios.

La revuelta cívica

Las revelaciones, en medio de la profunda recesión y el desempleo de dos dígitos que afecta a California, fueron demasiado obscenas para los residentes de esta humilde ciudad y provocaron un levantamiento popular en Bell y una indignación tal que forzaron a los principales funcionarios involucrados a renunciar días después de estallar el escándalo.

Furiosas sesiones municipales fueron transmitidas por la TV nacional, en donde los ciudadanos reclamaron hasta a la justicia divina. Tanto así que celebraron con música los arrestos y buscan destituir a los concejales Artiga, Jacobo y Mirabal, aún en funciones. Estos podrían regresar a sus puestos una vez paguen la fianza y hasta que sean hallados culpables de los delitos que están acusados.

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Mientras tanto, el fiscal general Jerry Brown demandó a los involucrados intentando recuperar el dinero en exceso que cobraron y para cortarles sus pensiones, y la legislatura de California tuvo que aprobar una ley especial para devolverles a los contribuyentes los $3 millones en impuestos que les cobraron en exceso.


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