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En abril pasado la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, firmó la ley estatal SB1070, la primera en el país en criminalizar la presencia de inmigrantes indocumentados.

La SB1070 enfrenta a detractores de la inmigración ilegal

La SB1070 enfrenta a detractores de la inmigración ilegal

La SB1070 enfrenta a detractores de la inmigración ilegal

En abril pasado la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, firmó la ley esta...
En abril pasado la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, firmó la ley estatal SB1070, la primera en el país en criminalizar la presencia de inmigrantes indocumentados.

Phoenix, 23 dic (EFE).- La ley estatal SB1070 cambió este año la vida de los inmigrantes en Arizona y desató una lucha entre los que apoyan medidas estrictas contra los indocumentados y los grupos defensores de los derechos civiles.

En abril pasado la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, firmó la ley estatal SB1070, la primera en el país en criminalizar la presencia de inmigrantes indocumentados, lo que generó innumerables protestas a favor y en contra incluso fuera de Estados Unidos.

Los defensores de los derechos de los inmigrantes obtuvieron una significativa victoria cuando la jueza federal Susan Bolton bloqueó las partes más controvertidas de la SB1070, entre ellas una cláusula que permitía a las agencias del orden local cuestionar el estatus migratorio de las personas sospechosas de ser indocumentadas.

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Para activistas como Magdalena Schwartz, la implementación de la SB1070, que entró en vigor el 29 de julio, ha tenido un impacto tremendo no solo en la economía del estado, sino también en la vida cotidiana de las familias inmigrantes.

"Las familias viven en constante temor de ser arrestadas y deportadas", dijo Schwartz a Efe.

Desde que entró en vigor la SB1070 seis de las ochos demandas civiles interpuestas en su contra han sido desestimadas, entre ellas las presentadas de manera independiente por dos policías de origen hispano que trabajan en las ciudades de Phoenix y Tucson.

También se desestimó la querella interpuesta por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) que cuestionaba la legalidad del material de entrenamiento entregado a las agencias del orden en el estado para implementar la ley por considerar que promovía el perfil racial.

Actualmente el estado de Arizona espera la decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito Nueve en California sobre una apelación interpuesta por Brewer en la que pide se implementen de inmediato las cláusulas bloqueadas como consecuencia de una demanda interpuesta por el Departamento de Justicia de EE.UU que cuestionó el derecho que tienen los estados de aplicar leyes migratorias.

Otra demanda que todavía se mantiene en corte es la interpuesta por una coalición de organizaciones nacionales entre ellas el Fondo México Americano para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF) y la Unión de Libertades Civiles (ACLU).

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Según un estudio dado a conocer el pasado mes de noviembre por el Centro para el Progreso Americano (CAP), el boicot económico iniciado en contra de Arizona a raíz de la aprobación de la SB1070 ha tenido un costo aproximado de 141 millones de dólares para la economía estatal solo en convenciones canceladas y servicios relacionados con las mismas.

Danny Court, analista económico de CAP, dijo a Efe que este estudio analizó solo una "pequeña" fracción del impacto económico que ha tenido el boicot ya que no se tomó en cuenta otros sectores como la industria del entretenimiento que registró varios eventos cancelados.

La aprobación de la SB1070 en Arizona generó un efecto dominó en Estados Unidos, ya que actualmente más de 20 estados analizan la posibilidad de presentar iniciativas similares.

La SB1070 también se convirtió en la plataforma política de varios políticos en Arizona como la misma Brewer quien ganó popularidad y reconocimiento a nivel nacional e internacional, lo que le ayudó a ganar las elecciones holgadamente el pasado mes de noviembre.

Independientemente del veredicto de la Corte de Apelaciones sobre la SB1070, tanto aquellos que defienden la SB1070 y los que se oponen han asegurado estar dispuestos a llevar el caso hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

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