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La canonización de Juan Pablo II y el Derecho Internacional: dos veredic...

La canonización de Juan Pablo II y el Derecho Internacional: dos veredictos contrapuestos

La canonización de Juan Pablo II y el Derecho Internacional: dos veredictos contrapuestos

Columna de opnión de Alberto Athié, exsacerdote mexicano que investiga los abusos sexuales dentro de la Iglesia.

“Hasta ahora han violado la Convención, porque no han hecho todo lo que deberían”, Cristen Sandberg, Presidenta del Comité de los Derechos del Niño.

“El escándalo de los abusos sexuales de nuestra época ha sido la peor pesadilla de la iglesia católica durante 30 años”, P. Thomas Doyle.

Por Alberto Athié, exsacerdote católico

La canonización del Papa Juan Pablo este 27 de abril, debe valorarse no sólo a la luz de la disputa abierta respecto de si conoció o no de algunos de los casos de clérigos abusadores que son los más públicos y controvertidos, como el caso del P. Maciel, sino a la luz del Informe final del Comité de los Derechos del Niño, emitido el 5 de Febrero del presente año, después de todo un largo proceso histórico que comenzó a partir de que la Santa Sede firmó como miembro de la Convención de los Derechos del Niño, el Pacto con mayor número de firmas de la historia, en 1989 y ratificado en 1990.

Para quienes lo recuerdan, yo entre ellos, el Papa Juan Pablo fue uno de los más entusiastas promotores de los derechos de los niños en el mundo y él autorizó a la Santa Sede para que firmara dicha Convención y formara parte activa de la misma, lo que ha hecho, sin duda, durante todos estos años, promoviendo su visión y criticando todo lo que considera contrario a su doctrina.

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¿Crees que la Iglesia hizo mal en canonizar al Papa Juan Pablo II? Opina aquí.

La Santa Sede también firmó, posteriormente, dos protocolos más, uno sobre venta, prostitución y pornografía infantil y otro sobre niños en conflictos armados. En 1995, la Santa Sede entregó, como parte del protocolo de los países miembros, un primer informe quinquenal, cumpliendo así formalmente con dicho protocolo, pero no informando respecto de todas y cada una de sus obligaciones. Dejó de hacerlo durante 14 años hasta que entregó un segundo informe, pero sin mencionar nada respecto de los casos de abuso sexual por parte de clérigos en todo el mundo, que habían aparecido a lo largo de los años y que los Papas Juan Pablo y Benedicto XVI habían reconocido e incluso pedido perdón, también públicamente, incluso delante de algunas víctimas.

Fue la ocasión que el Comité aprovechó para solicitarle una ampliación de la información, como se puede percibir claramente en la pregunta 11: “dar información detallada de todos los casos de abusos sexuales de niños cometidos por clérigos, monjes y monjas o puestos en conocimiento de la Santa Sede durante el periodo que abarca el Informe”.

Dicha pregunta fue desagregada en varios incisos de la manera siguiente: Si se habían tomado medidas para evitar el acceso o contacto de los clérigos pederastas con niños e informar de los casos en los que los clérigos fueron “trasladados a otras parroquias o a otros Estados, donde siguieron teniendo acceso a niños y abusando de ellos”; si se habían llevado acciones para notificar a las autoridades nacionales competentes y los casos en los que se dieron “instrucciones para no hacerlo”; si se les había apoyado o no, o incluso si se les “silenció para reducir al mínimo el riesgo de que saliera a la luz lo sucedido”; casos procesados internamente de acuerdo al Derecho Canónico y si colaboraron o no con países en los que se cometieron abusos; si se ha atendido de manera adecuada y no condicionada, a la confidencialidad, a las víctimas, etc. También les solicitaron todo lo que han hecho en materia de promoción y protección de los derechos de las niñas y los niños, normas, políticas, programas, presupuestos, etc.

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Como se puede constatar, dichas preguntas suponen un profundo conocimiento de la problemática que había estado ocurriendo durante años en muchas partes del mundo y a muchas víctimas. En efecto, el Comité llevó a cabo una larga y amplia investigación de los miles de casos ocurridos en el mundo, analizando las denuncias de las víctimas, los informes sombras de las Organizaciones civiles especializadas, los informes de abogados e incluso los informes de algunos de los países que los habían llevado a cabo. Sólo faltaba el de la Santa Sede y su comparecencia para cerrar el protocolo establecido por la Convención. El informe de la Santa Sede llegó y la comparecencia también se llevó a cabo el 16 de enero del presente.

Fue la primera vez en la historia de la humanidad que una autoridad internacional revisaba la conducta institucional de la Santa Sede-Estado Vaticano-Iglesia Católica, en lo que se refiere a la promoción y la protección de los derechos de las niñas y los niños en los ámbitos de su competencia.

Tanto el informe escrito de la Santa Sede como su comparecencia, se focalizaron en dos grandes temas: la Santa Sede no tiene jurisdicción sobre ninguna de las iglesias y autoridades locales y su campo de acción se circunscribe al territorio del Estado Vaticano, donde ha hecho reformas constitucionales en materia penal (en 2013) y no tiene conocimiento de ningún caso de abuso de los 33 niños de viven dentro de su territorio. Lamenta los casos de clérigos abusadores, por lo que ha emitido recomendaciones al respecto, pero no es responsable de ninguno de los casos conocidos y su probable responsabilidad debe analizarse al interior de los países en los que se han presentado. La controversia entre los representantes de la Santa Sede y los 18 expertos del Comité fue larga, tensa y, al final, parecía que no llegaban a un punto común de encuentro.

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Después de analizar el informe escrito de la Santa Sede y de escuchar su versión del mismo en la Sala del Comité en Ginebra, el Comité emitió un Informe histórico y sin precedentes en muchos sentidos:

1.    Rechaza la distinción que hicieron los representantes de la Santa Sede entre ésta, el Vaticano y la Iglesia católica y le recordó que al “ratificar la Convención, asumió el compromiso de aplicarla no sólo dentro del territorio del Estado de la Ciudad del Vaticano, sino también en su calidad de poder supremo de la Iglesia Católica en todo el mundo, por los particulares y las instituciones sujetos a su autoridad”.

2.    Afirma tajantemente y con toda claridad que “lamenta que la mayoría de las recomendaciones que figuran en sus observaciones finales de 1995 sobre el informe inicial de la Santa Sede aún no se hayan aplicado plenamente”; y enumera toda una serie de elementos violatorios de la misma de acuerdo a los acuerdos establecidos en la Convención…

3.    El Comité “expresa su profunda preocupación por los abusos sexuales de niños cometidos por miembros de la Iglesia Católica que responden a la autoridad de la Santa Sede, en que clérigos han participado en abusos sexuales de decenas de miles de niños en todo el mundo. El Comité está seriamente preocupado porque la Santa Sede no ha reconocido el alcance de los delitos cometidos, ni adoptado las medidas necesarias para abordar los casos de abusos sexuales de niños y protegerlos, y porque ha adoptado, en cambio, políticas y prácticas que han permitido la continuación de dichos abusos por clérigos y la impunidad de los perpetradores…

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4.    “…en particular inquieta al Comité que, como lo señalaron varias comisiones de investigación nacionales al examinar las denuncias de abuso sexual de niños, la Santa Sede haya preferido sistemáticamente preservar la reputación de la Iglesia y proteger a los autores de dicho abuso, y no el interés superior del niño”.

5.    El Comité enumera todas y cada una de las acciones y omisiones que muestran claramente la violación sistemática  a la Convención y al protocolo de venta, prostitución y pornografía infantil, que vale la pena analizar con detalle en otra ocasión.

Conclusión: Ya no nos encontramos únicamente en el largo debate en los medios respecto de los casos particulares de abuso cometidos por clérigos en el mundo y si los conoció o no el Papa Juan Pablo y si actuó o no en consecuencia. Con el Informe del Comité a la Santa Sede, nos encontramos en otra perspectiva mucho más amplia y compleja: si la política de Estado de la Santa Sede-Estado Vaticano-Iglesia Católica, fue violatoria de la Convención a partir del primer informe que entregó la Santa Sede como miembro signatario de la misma a partir de 1995.

Desde 1995, la política de Estado de la Santa Sede-Estado Vaticano-Iglesia Católica está reprobada por el Comité de los Derechos del Niño desde 1995. Dicha política, tuvo al frente como responsables máximos por ser jefes de Estado y autoridades directas de esa triada,  a los papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora al Papa Francisco.

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Con la resolución del Informe del Comité, un tema de estudio por parte de abogados internacionalistas es: ¿Si dicho Informe proporciona elementos suficientes para que el caso se lleve ante algún Tribunal Internacional que pueda fincar responsabilidades a los responsables de ese miembro signatario de la Convención, incluyendo a los jefes de estado en turno? Si la política de Estado respecto de la protección de los derechos de las niñas y los niños en el mundo por parte de la Santa Sede-Estado Vaticano-Iglesia Católica es una política fallida, alguien tiene que responder por ello…

Además de toda la problemática que el proceso mismo de canonización implica como tal, por la forma apresurada en la que se llevó a cabo, el veredicto del Comité de los Derechos del Niño es implacable: la Santa Sede de 1995 a la fecha, está reprobada en materia de cuidado de las niñas y los niños en el mundo. Le toca al Papa Francisco responder ante sus feligreses y el mundo entero, porqué llevó a cabo la canonización del Papa Juan Pablo en tales condiciones.

Al hacerlo no sólo afirma que el Papa Juan Pablo se encuentra en la presencia de Dios por sus virtudes heroicas y sus milagros y, por lo mismo, que es un modelo a seguir dentro de la Iglesia y en el mundo, sino que también fue responsable de una política de Estado fallida y que puede ser presunto responsable ante un Tribunal Internacional del daño a “decenas de miles” de niñas y niños en el mundo que sufrieron abusos sexuales y otros graves daños a sus personas, precisamente porque, conociendo los casos, no sólo no reconoció el alcance de los delitos cometidos, sino que, cito, “no tomó las medidas necesarias para abordar los casos de abusos sexuales de niños y protegerlos” y porque adoptó, en cambio, cito, “políticas y prácticas que han permitido la continuación de dichos abusos por clérigos y la impunidad de los perpetradores”. Y la razón de fondo de dicha política fallida ha sido y es, cito, porque prefirió “sistemáticamente preservar la reputación de la Iglesia y proteger a los autores de dicho abuso, y no el interés superior del niño”.

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¿Qué clase de ejemplo a seguir va a promover el Papa Francisco y la Iglesia a las niñas y niños católicos, a los jóvenes de quienes será su patrono, al concierto de las Naciones y a la humanidad en general? Al hacerlo, el Papa Francisco no sólo ratifica su desprecio a las decenas de miles de víctimas de la pederastia clerical en el mundo, sino que rechaza el veredicto de un Comité de expertos de Naciones Unidas. Y con ello, además, desde el punto de vista estrictamente interno a la Institución, vulnera el principio más importante que ha sostenido y promovido la Iglesia católica a partir del Concilio Vaticano I: la infalibilidad del Papado. Con la canonización del Papa Juan Pablo, el Papa Francisco dará fin al dogma del Papado infalible, piedra angular de la Iglesia católica…

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